El Grupo Popular (GPP) ha denunciado que tanto la presidenta Francina Armengol como el PSOE han bloqueado en dos ocasiones el debate sobre una ley destinada a derogar la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno.
En un comunicado, el GPP subrayó que ha intentado eliminar esta tasa, que afecta directamente a los ciudadanos, pero se ha encontrado con la resistencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Armengol, quien preside el Congreso. La primera acción del grupo fue registrar una proposición de ley en el Congreso en enero de 2025, la cual fue vetada por el Gobierno, impidiendo su tramitación.
Intentos fallidos de derogación
Posteriormente, el GPP llevó la misma iniciativa al Senado, donde fue aprobada y enviada al Congreso en febrero. Sin embargo, la presidenta del Congreso ha mantenido esta propuesta paralizada, sin permitir su debate.
El Grupo Parlamentario Popular también destacó que la Directiva UE 2018/851 sobre residuos establece objetivos para que los Estados miembros revisen y modifiquen sus sistemas de financiación para los servicios de recogida y tratamiento de residuos. No obstante, enfatizó que dicha directiva no obliga a los Estados a establecer o aumentar las tasas de basura ni a cargar completamente a los ciudadanos con el costo del servicio.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué denuncia el Grupo Popular respecto a la nueva tasa de basuras?
El Grupo Popular denuncia que Armengol y el PSOE han impedido, en dos ocasiones, debatir una ley para eliminar la nueva tasa de basuras creada por el Gobierno.
¿Cuáles han sido los intentos del Grupo Popular para derogar la tasa de basuras?
El Grupo Popular presentó una proposición de ley en el Congreso que fue vetada por el Gobierno de Sánchez en enero de 2025. Posteriormente, registraron la misma iniciativa en el Senado, que fue aprobada y remitida al Congreso, pero sigue paralizada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
¿Qué establece la Directiva UE 2018/851 sobre residuos mencionada en la noticia?
La Directiva UE 2018/851 establece objetivos para que los Estados miembros revisen y modifiquen los sistemas de financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos, sin imponer directamente la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura.
Si (
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