Congreso

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, compareció en el Congreso para explicar las acciones del organismo tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos. Durante su intervención, defendió que Adif activó su plan de emergencias y tuvo conocimiento inmediato de la gravedad del incidente. Rechazó las afirmaciones sobre la falta de información y aseguró que se colaborará con la investigación judicial para determinar responsabilidades. La oposición, representada por PP y Vox, exigió dimisiones y criticó la gestión del mantenimiento ferroviario, vinculando el accidente a una supuesta corrupción y falta de atención a las advertencias previas. Otros grupos parlamentarios también manifestaron preocupaciones sobre el deterioro del servicio y la necesidad de un cambio en la política ferroviaria.

La pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la salud del presidente Pedro Sánchez ha generado descontento en el Partido Popular. Durante la sesión de control al Gobierno, Álvarez de Toledo solicitó que se desclasificara el historial médico de Sánchez, lo que provocó gestos de incomodidad entre sus compañeros de bancada. Pocos diputados aplaudieron su intervención, contrastando con el apoyo unánime recibido por Cuca Gamarra minutos antes. La situación evidenció tensiones internas en el PP y críticas hacia la estrategia de la exportavoz.

El Congreso de los Diputados ha apercibido al diputado de Vox, José María Figaredo, por utilizar su baja de paternidad para faltar a una votación y asistir a un mitin en León. El 12 de febrero, Figaredo solicitó el voto telemático alegando "tareas de paternidad", pero se encontraba en un acto donde promovía su postura negacionista sobre el cambio climático. A pesar de las críticas del PSOE, que lo acusan de fraude reglamentario, Figaredo ha evadido dar explicaciones claras sobre su ausencia en la Cámara. Este incidente pone de relieve la importancia del cumplimiento de las normas por parte de los representantes públicos.

El Congreso ha rechazado la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, con 170 votos a favor y 177 en contra. Junts no apoyó la iniciativa, criticando su redacción y anunciando que presentará una propuesta propia. El PP respaldó la medida, argumentando que estas prendas son una "cárcel de tela" para las mujeres. La mayoría de los grupos parlamentarios denunciaron la propuesta por considerarla racista y xenófoba, señalando que busca recortar libertades. El PNV calificó las sanciones propuestas como desproporcionadas y abogó por un debate más riguroso sobre el uso de estas prendas en la sociedad actual.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha expresado su sorpresa por la reacción a su propuesta de crear un frente que una a todas las izquierdas para contrarrestar el avance del PP y Vox. En declaraciones en el Congreso, Rufián afirmó que "algo hay que hacer" para evitar ser superados políticamente y defendió que nadie debería renunciar a sus siglas. A pesar del rechazo de algunos partidos como IU y EH Bildu, insistió en la necesidad de un cambio en la estrategia política. Además, destacó su compromiso con la representación de toda España sin renunciar a su identidad independentista.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha anunciado su jubilación tras renunciar a su acta como diputado, alegando que no tenía otra opción para subsistir debido a la suspensión de sus derechos como parlamentario. En un mensaje en redes sociales, expresó que ha sido víctima de una operación política que buscaba terminar con su carrera. Además, solicitó al Congreso una indemnización equivalente a 17 mensualidades por su tiempo en el cargo. Ábalos se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2025, investigado por presuntas irregularidades en contratos relacionados con mascarillas durante la pandemia. Su renuncia podría afectar el desarrollo del caso judicial en curso.

Vox enfrenta tensiones internas, con su líder Santiago Abascal desestimando las críticas de purgados que piden un congreso para discutir el rumbo del partido. Abascal califica estas demandas como "pijadas" y sostiene que los ataques provienen de externos que no soportan el éxito de Vox. Los exmiembros del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, argumentan que las decisiones son arbitrarias y piden una reestructuración interna. Sin embargo, fuentes indican que Vox no tiene planes de convocar un congreso hasta 2028. La situación refleja una creciente disidencia en la formación política.

Izquierda Unida (IU) ha registrado en el Congreso una proposición de ley para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado. Esta iniciativa busca reparar la situación de víctimas excluidas, como la de Manuel José García Caparros, asesinado en 1977 durante una manifestación. La propuesta incluye reformas a las leyes existentes para reconocer a las víctimas de violencia policial, incluso aquellas ocurridas antes de 1983. IU considera que es crucial abordar estas lagunas legales y proporcionar un marco adecuado para la indemnización y reconocimiento de estas personas y sus familias. La ley también contempla indemnizaciones específicas para aquellos fallecidos en defensa de la democracia entre 1968 y 1983.

En una tensa sesión de control en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo exigió a Pedro Sánchez que desclasifique documentos más allá del 23F, incluyendo detalles sobre sus viajes en Falcon y contratos relacionados con corrupción. Sánchez respondió acusando a Feijóo de leer "una sarta de mentiras" y cuestionó su oposición a la transparencia. El cruce de reproches destacó las diferencias entre ambos líderes, con Feijóo criticando la gestión de Sánchez en temas como la corrupción y los accidentes ferroviarios, mientras que Sánchez defendió su gobierno señalando logros económicos y laborales. La confrontación refleja un clima político tenso en España, donde ambos partidos se acusan mutuamente de falta de responsabilidad y transparencia.

El Partido Popular (PP) ha intensificado sus ataques contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo su dimisión por supuestamente encubrir un caso de agresión sexual relacionado con el director adjunto operativo de la Policía Nacional. Durante una sesión en el Congreso, los miembros del PP acusaron a Marlaska de tener conocimiento de los hechos y no actuar, aunque no presentaron pruebas que respaldaran sus afirmaciones. El ministro respondió con firmeza, amenazando con acciones legales si se continuaban las acusaciones infundadas. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, defendió a Marlaska y criticó la doble moral del PP en otros casos de acoso.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha sido reprobado en el Congreso por séptima vez, tras recibir el apoyo del PP y Vox, junto con la abstención de Junts, Podemos, BNG, Coalición Canaria y ERC. Esta censura se debe a su supuesta responsabilidad en recientes accidentes ferroviarios en los que fallecieron 47 personas. La propuesta de reprobación destaca su incumplimiento de leyes para mejorar la seguridad ferroviaria y la falta de actualización de protocolos de inspección y mantenimiento.

El Congreso de los Diputados ha rechazado la solicitud de indemnización por cese presentada por el exdiputado José Luis Ábalos, argumentando que es incompatible con la percepción de la jubilación. La Mesa del Congreso destacó que Ábalos se encontraba suspendido al renunciar a su acta y que la indemnización está diseñada para evitar las dificultades que enfrentan los parlamentarios al regresar a su ocupación anterior. Además, recordaron que ningún diputado suspendido ha recibido esta indemnización en el pasado. Si se hubiera aprobado, Ábalos habría podido recibir aproximadamente 58.000 euros brutos.

José Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado por Valencia tras la decisión del Tribunal Supremo de mantenerlo en prisión provisional. En una carta publicada en sus redes sociales, el exministro expresó que, aunque siempre defendió la importancia de la representación y la inmunidad parlamentaria, su situación actual le impide continuar en el cargo. Ábalos se centrará ahora en su defensa legal y agradeció a los valencianos por su confianza durante su mandato. Esta renuncia no afectará el juicio del caso Koldo, aunque podría tener implicaciones para otros procesos judiciales relacionados.