Congreso

Vox ha celebrado unas jornadas en el Congreso donde se han mezclado discursos negacionistas sobre la violencia de género con declaraciones racistas y transfóbicas. A pesar de que en España han sido asesinadas 25 mujeres en lo que va del año, representantes de Vox han cuestionado la existencia de esta violencia, argumentando falsamente que las cifras de hombres asesinados son similares. La celebración de estas ponencias fue permitida por el Partido Popular y el PSOE, lo que ha generado críticas sobre la normalización de estos discursos en el ámbito parlamentario. La ministra de Igualdad y otros miembros del gobierno han expresado su desaprobación ante estas afirmaciones, mientras que el PP ha señalado la necesidad de reconocer la violencia machista como una realidad.

El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto regular el voto telemático en las administraciones locales para permitir la participación en sesiones de órganos colegiados en casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o situaciones excepcionales. La iniciativa busca modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permitiendo que estas administraciones implementen el voto telemático como ya se hace en el Congreso y otros parlamentos. Los socialistas argumentan que esta medida garantizaría derechos fundamentales, modernizaría las instituciones y facilitaría la conciliación familiar. La propuesta será debatida en la Comisión de Política Territorial del Congreso.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Este nuevo marco legal, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, busca garantizar la clasificación adecuada de información sensible relacionada con la defensa y seguridad, al tiempo que promueve el derecho a la transparencia. La ley establece un sistema de desclasificación automática con plazos específicos para diferentes categorías de información y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con estas medidas, España se alinea con las normativas más avanzadas en Europa y mejora el acceso ciudadano a documentos oficiales.

Televisión Española (TVE) se posicionó como la opción preferida por los espectadores para seguir el Pleno del Congreso sobre la corrupción, alcanzando una media del 19,6% de cuota en La 1. La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue especialmente seguida, con picos de hasta el 24,9% durante su primera intervención. Además, otros programas de TVE como 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' también lograron destacadas cuotas de audiencia. En general, La 1 lideró el día con un 10,8% de cuota, destacando eventos como el encierro de San Fermín y la serie 'La Promesa'.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha expresado su satisfacción por la inclusión de medidas propuestas por su partido en el nuevo plan anticorrupción del presidente Pedro Sánchez. Durante su intervención en el Congreso, Maíllo destacó que este avance es un paso positivo hacia la lucha contra la corrupción en España. Sin embargo, subrayó la necesidad de abordar también las políticas sociales y de vivienda como una "pata necesaria" para completar este esfuerzo. Resaltó que cinco de las propuestas prioritarias de IU han sido recogidas en el plan gubernamental, lo que refleja una respuesta a las preocupaciones sociales actuales. Además, criticó la falta de propuestas del Partido Popular en el debate sobre corrupción.

El Gobierno español ha sufrido una significativa derrota parlamentaria al no lograr la aprobación de la reducción de la jornada laboral, un proyecto clave impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La oposición, compuesta por Junts, PP y Vox, se unió para rechazar la propuesta que buscaba reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales. Durante el debate, Díaz criticó duramente a Junts y su portavoz Miriam Nogueras, acusándolos de alinearse con intereses empresariales en lugar de defender a los trabajadores. A pesar de las protestas de sindicatos y el intento de presión antes de la votación, la negativa de las derechas impidió que el proyecto avanzara en el Congreso. Esta situación refleja tensiones políticas significativas dentro del actual panorama legislativo en España.

El Gobierno español ha aprobado un decreto que amplía los permisos de nacimiento y cuidado de hijos, aumentando el tiempo de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas para familias monoparentales. La medida, respaldada por 313 diputados en el Congreso, incluye la posibilidad de disfrutar de semanas adicionales flexibles hasta que el niño cumpla ocho años, con retroactividad para nacimientos desde agosto de 2024. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha subrayado que esta iniciativa beneficiará a casi un millón de personas, mejorando su calidad de vida y permitiéndoles pasar más tiempo con sus hijos.

Carlos Martín, co-coordinador de Movimiento Sumar, ha dimitido de su cargo por motivos de salud. En un comunicado a través de su cuenta en X, Martín expresó que es momento de prestar atención a su bienestar, aunque continuará comprometido con su labor como diputado y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso. Junto a Lara Hernández, fue elegido co-coordinador del partido en marzo, y su elección marcó el cierre de una etapa interina tras la renuncia de Yolanda Díaz.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado cinco nuevas leyes, alcanzando un total de 42 iniciativas legislativas en lo que va de legislatura. Entre las medidas destacadas se encuentra la convalidación de un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos recibir importantes entregas a cuenta para 2025. También se han rechazado propuestas para reforzar el sistema eléctrico, lo que podría tener consecuencias graves en el suministro. Además, se ha aprobado la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública y modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. La reforma del Reglamento del Congreso incluye adaptaciones al lenguaje inclusivo y nuevas regulaciones para el voto telemático y la prensa. Estas decisiones reflejan un enfoque en mejorar la financiación pública y los derechos sociales, a pesar de la oposición de algunos partidos.

El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, aprobado por el Consejo de Ministros. Esta reforma busca consolidar la accesibilidad como un derecho, garantizar prestaciones a personas con discapacidad que trabajen y reducir la burocracia en el acceso a servicios. Se amplían los servicios disponibles, incluyendo asistencia personal y teleasistencia universal, y se eliminan incompatibilidades en las prestaciones. Además, se destinarán 783 millones de euros a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La normativa también incluye nuevos derechos para usuarios, mejora en la calidad del empleo en el sector y promueve el uso de tecnología en los cuidados, abordando así las necesidades actuales del sistema.

El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso y al PSOE información detallada sobre las retribuciones y donaciones de José Luis Ábalos, exministro de Transportes investigado en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. El juez Leopoldo Puente actúa tras un requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que busca esclarecer las discrepancias en las cuentas del político. La UCO ha detectado que Ábalos declaró donaciones al PSOE por 44.729,29 euros entre 2014 y 2024, mientras que solo se reflejan pagos por 8.471,36 euros en sus cuentas. Además, se han encontrado diferencias significativas en los ingresos reportados a Hacienda y lo que aparece en su cuenta del Congreso.

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha declarado que serán "muy exigentes" en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, enfocándose en medidas contra la corrupción y el desarrollo de una agenda social. Santiago enfatizó la importancia de atender estas propuestas para asegurar la viabilidad del Gobierno de coalición. Además, destacó la necesidad de establecer una Oficina contra la Corrupción y endurecer las sanciones a los corruptores. También subrayó que es fundamental abordar problemas sociales como el acceso a la vivienda y ampliar ayudas para cuidados. La intervención busca garantizar que se implementen medidas efectivas durante la legislatura.