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PP

18/09/2025@17:10:26

El PP ha rechazado en el Senado una moción del PSOE para reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que el Gobierno ha incrementado su plantilla en un 23% y mejorado las condiciones laborales. La votación resultó en 8 votos a favor, 17 en contra y una abstención. El Gobierno ha implementado la Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 para garantizar derechos laborales, con un aumento significativo en la detección de infracciones y recuperación de salarios. El portavoz del PSOE, Javier Remirez, criticó al PP por recortar recursos a este organismo y destacó la importancia de fortalecer la inspección para proteger los derechos de los trabajadores.

El Partido Popular (PP) y Vox han rechazado una moción del PSOE que buscaba reconocer la contribución económica, social y cultural de los inmigrantes en España. La votación resultó en 102 votos a favor y 145 en contra. La senadora Inma Sánchez Roca destacó que la inmigración es esencial para el crecimiento económico del país y que no representa una amenaza, sino que su falta de integración sí lo es. Otros miembros del PSOE también criticaron la postura de la derecha, señalando la hipocresía de utilizar a los inmigrantes para trabajos esenciales mientras se les deshumaniza. La discusión refleja tensiones políticas sobre la inmigración y su impacto en la sociedad española.

Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, ha afirmado que el Partido Popular (PP) seguirá siendo un "partido desnortado" si no reconoce el genocidio en Gaza, según un informe de la Comisión de la ONU. Espadas instó al PP a dejar de lado su ambivalencia y alinearse con la legalidad internacional. Criticó la falta de coherencia del PP y su dependencia de la extrema derecha, señalando que los ciudadanos prefieren a quienes ofrecen propuestas auténticas. Además, abordó el tema de la inmigración, instando al PP a optar por un enfoque respetuoso hacia los migrantes en lugar de criminalizarlos.

El juicio de la Trama Eólica ha comenzado, involucrando a 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartir 75 millones de euros en mordidas relacionadas con la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Los procesados enfrentan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía solicita 36 años y medio de prisión para Rafael Delgado, principal acusado, así como multas que superan los 236 millones de euros. El juicio, considerado el mayor caso de corrupción en la región, concluirá el 28 de enero de 2026 tras escuchar a 84 testigos y peritos.

El Gobierno español ha sufrido una significativa derrota parlamentaria al no lograr la aprobación de la reducción de la jornada laboral, un proyecto clave impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La oposición, compuesta por Junts, PP y Vox, se unió para rechazar la propuesta que buscaba reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales. Durante el debate, Díaz criticó duramente a Junts y su portavoz Miriam Nogueras, acusándolos de alinearse con intereses empresariales en lugar de defender a los trabajadores. A pesar de las protestas de sindicatos y el intento de presión antes de la votación, la negativa de las derechas impidió que el proyecto avanzara en el Congreso. Esta situación refleja tensiones políticas significativas dentro del actual panorama legislativo en España.

El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente reforma del Reglamento del Senado, impulsada por el PP y respaldada únicamente por la ultraderecha. Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, argumenta que esta reforma invade competencias constitucionalmente reservadas al Gobierno y al Congreso, alterando así las funciones del Senado. El PSOE critica la falta de diálogo con el PP y denuncia que este partido continúa rechazando iniciativas gubernamentales que benefician a los ciudadanos. La situación refleja una polarización política en la que el PP se alinea con Vox, desafiando la normalidad democrática.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha denunciado el avance de la privatización de la educación en las comunidades gobernadas por el PP, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Maíllo advierte que esta situación se traduce en la destrucción de la escuela pública y la laminación de las universidades públicas, especialmente en Andalucía y Madrid. Critica a los líderes del PP, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla, por fomentar la reducción de plazas educativas públicas en favor de instituciones privadas de baja calidad. Además, alerta sobre el riesgo de desaparición de universidades públicas en Andalucía y la proliferación de "universidades chiringuito" que benefician a una élite económica.

Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, critica al Partido Popular (PP) por su falta de acción ante crisis como los recientes incendios en España. En declaraciones recientes, López sostiene que el PP evade responsabilidades y exige soluciones al Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de abordar los problemas directamente. Asegura que la gestión del PP se basa en la incompetencia, agravando las crisis en lugar de resolverlas. Además, destaca que el Gobierno ha desplegado recursos significativos para combatir los incendios, mientras que el PP se dedica a culpar a otros y a promover un discurso ideológico que ignora la ciencia y recorta servicios públicos esenciales. López concluye que la estrategia del PP es autodestructiva y advierte sobre su alineación con posturas radicales.

El Gobierno español ha sufrido una nueva derrota en el Congreso, donde la ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada por los votos en contra del PP, Vox y Junts. A pesar del respaldo de los socios de investidura, la propuesta no logró avanzar. La oficina buscaba prevenir e investigar la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Durante el debate, se cuestionó la efectividad de la iniciativa, con críticas sobre su posible politización. Esta situación refleja las dificultades del Gobierno para implementar reformas significativas en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

A continuación, detallamos las noticias más destacadas del día que puedes leer, ver y escuchar en HoraPunta.com.

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Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, ha criticado al Partido Popular (PP) por su incoherencia al renunciar a la condonación de deuda que anteriormente solicitaban y que beneficiaría a todas las comunidades autónomas. Durante un debate en el Senado, Espadas afirmó que el PP busca tumbar los presupuestos del Gobierno en lugar de contribuir a una oposición constructiva. Además, destacó que las comunidades gobernadas por el PP son las más beneficiadas por la quita de deuda, lo que contradice su discurso sobre privilegios hacia Cataluña. Espadas instó al PP a acercar posturas en la financiación autonómica y cuestionó su estrategia política actual.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha adoptado una estrategia más agresiva al acercarse a Vox, inspirándose en el estilo de Isabel Díaz Ayuso. Este cambio se produce en un contexto donde Vox está creciendo significativamente en las encuestas, y Feijóo busca recuperar parte de su electorado. La 'ayusización' de su discurso incluye un tono más duro y provocativo, evidenciado por sus recientes comentarios despectivos hacia el presidente Pedro Sánchez. A pesar de que algunos miembros del PP abogan por un enfoque más moderado, la dirección nacional parece inclinarse hacia una línea más extrema para competir con Vox, lo que podría polarizar aún más el panorama político en España.

El reciente anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que contempla la condonación de 83.252 millones de euros en deuda a las comunidades autónomas, ha generado controversia. A pesar de las críticas del PP, que argumenta que Cataluña será la más beneficiada, los datos indican lo contrario. Andalucía sería la comunidad con mayor deuda condonada, seguida por la Comunitat Valenciana y Canarias, que se beneficiaría en términos porcentuales. Expertos aseguran que la condonación será equitativa entre territorios y no favorecerá a ninguna comunidad en particular. Además, aunque el Gobierno sostiene que el ahorro podrá destinarse a gasto social, esto es cuestionado por varias consejerías y organismos como Airef, que afirman que no generará un mayor margen para políticas públicas.

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