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El debate sobre el reparto de menores migrantes en España se intensifica, especialmente entre el PSOE y el PP. El Partido Popular enfrenta una contradicción al solicitar que los tribunales detengan la norma de acogida mientras sus comunidades, como Ceuta y Baleares, buscan beneficiarse de ella debido a circunstancias complejas y al aumento de migrantes. Carmen Fúnez, del PP, defiende la "unidad del mensaje" a pesar de las diferencias internas. En Canarias, el presidente Clavijo critica la postura del PP y aboga por un enfoque más humano hacia los menores migrantes. La situación se complica con acusaciones de trato preferencial hacia ciertas comunidades y un aumento significativo en la llegada de migrantes a Baleares.

A veces conviene darse una tregua, respirar hondo, antes de reflexionar sobre temas como la ola de incendios que asola nuestro país, especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha criticado la gestión de emergencias del Partido Popular bajo el liderazgo de Feijóo, señalando que siempre llegan tarde y con recortes en recursos esenciales. En medio de los devastadores incendios que afectan a varias comunidades autónomas, Torró expresó su solidaridad con las víctimas y agradeció a los cuerpos de seguridad y bomberos. Acusó al PP de falta de compromiso político para invertir en prevención y denunció un acuerdo racista aprobado en Jumilla, argumentando que el partido fomenta divisiones entre comunidades y ciudadanos. La dirigente socialista reafirmó su oposición al racismo y la discriminación.

El Ayuntamiento de Jumilla, Murcia, ha aprobado una controvertida medida que prohíbe la celebración de actos islámicos en espacios públicos, como la Fiesta del Cordero. Esta moción, impulsada por Vox y respaldada por el PP, ha generado críticas al considerarse un ataque a la libertad religiosa y a la diversidad cultural. Vox argumenta que estas actividades son "ajenas a la identidad" del pueblo español. La decisión ha sido calificada de xenófoba y ha suscitado un intenso debate sobre los derechos religiosos en España.

Las maniobras llevadas a cabo por Cristóbal Montoro, quien fue ministro de Hacienda, junto a su equipo durante los gobiernos de Mariano Rajoy, continúan revelándose. El caso Montoro, como ya se le conoce, está sacando a la luz una serie de irregularidades que no se limitan solo a la supuesta aprobación fraudulenta de leyes en beneficio de grandes empresas, las cuales habrían pagado comisiones a través del Equipo Económico, un despacho creado por el mismo ministro en el segundo mandato de José María Aznar. Además, otra dimensión de esta trama sugiere la obtención ilegal de información privilegiada.

El rechazo del decreto antiapagones en el Congreso ha intensificado la tensión entre el Gobierno y Podemos, que se unió al PP y Vox para tumbar la norma. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, criticó que las fuerzas políticas actúan en contra de los intereses del país, mientras que Miguel Tellado del PP acusó a sus socios de ser responsables de la decisión. La negativa a este decreto, que contaba con el apoyo del sector eléctrico y ecologistas, podría tener consecuencias directas para los consumidores, como un aumento en la factura de la luz. A pesar del revés, el Gobierno planea seguir trabajando en el decreto y presentarlo nuevamente en el Congreso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, critica al Partido Popular por su falta de acción en la prevención de incendios y su comportamiento durante la crisis actual. En declaraciones recientes, Puente señala que los líderes autonómicos del PP eluden responsabilidades y buscan culpables en el Gobierno cuando surgen problemas. Además, lamenta el rechazo del PP a un pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por Pedro Sánchez. Puente destaca la necesidad de establecer políticas efectivas para la prevención de incendios y critica la precarización del trabajo en este ámbito. También menciona el aumento significativo de incidencias ferroviarias relacionadas con incendios este verano.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático durante su comparecencia en el Senado, en medio de la crisis de incendios que afecta a España. Aagesen destacó el aumento del presupuesto para prevención de incendios y la movilización de recursos sin precedentes desde 2018. Sin embargo, el Partido Popular la acusó de utilizar el cambio climático como un "comodín" para evadir responsabilidades, insistiendo en la falta de medios para combatir los incendios. A pesar de las críticas, Aagesen subrayó la importancia de actuar frente a la emergencia climática y respondió a las propuestas del PP, destacando la necesidad de análisis cuidadoso.

El Gobierno español ha anunciado que monitorizará de cerca los discursos de odio que puedan surgir a raíz del acuerdo entre PP y Vox en Jumilla, donde se ha decidido prohibir actos islámicos en espacios públicos. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta medida podría atentar contra la libertad y dignidad de las personas, y se realizará un seguimiento a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia. La iniciativa busca promover una sociedad libre de discriminación, recordando que la libertad religiosa está garantizada por la Constitución. Este movimiento sigue al aumento de mensajes de odio detectados tras disturbios racistas en Torre-Pacheco.

El Partido Popular (PP) ha activado su "maquinaria electoral" ante la posibilidad de un adelanto electoral por parte del presidente Pedro Sánchez. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha declarado que el partido está preparado para responder si Sánchez se ve obligado a convocar elecciones anticipadas. En este contexto, los líderes regionales de Andalucía y Castilla y León han expresado su intención de adelantar las elecciones autonómicas en caso de que esto ocurra. El PP busca recuperar votos perdidos y fortalecer su posición política, mientras Sánchez intenta agotar la legislatura a pesar de las presiones y crisis internas en su gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, cerró su comparecencia para hacer balance del curso político con un comentario humorístico sobre las vacaciones, afirmando que "están sobrevaloradas". Su broma generó risas en la sala de prensa, pero también críticas en redes sociales, donde se recordó la importancia del descanso laboral. El ministro Óscar López respondió a Feijóo sugiriendo que debería evitar viajar con personas cuestionables durante sus vacaciones. Además, Feijóo aprovechó la ocasión para criticar al presidente Pedro Sánchez, acusándolo de machismo y corrupción en su gobierno.

El PSOE ha solicitado la dimisión de Noelia Núñez, vicesecretaria del PP, tras reconocer que no ha completado sus estudios y haber presentado información falsa en su currículum. Los socialistas consideran que esto no es un simple error, sino una "falsedad consciente" que infringe los estatutos del Partido Popular. Núñez, quien había afirmado ser licenciada en varias disciplinas, argumenta que nunca tuvo intención de engañar. La controversia ha sido avivada por críticas de otros miembros del PSOE, quienes subrayan la necesidad de transparencia en la política y cuestionan la credibilidad de Núñez.