Corrupcion

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ha solicitado la anulación de su condena a 24 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo. Su defensa argumenta que la sentencia se basa en el testimonio del coimputado Víctor de Aldama, quien no cuenta con suficiente corroboración externa. Además, sostiene que la falta de acceso a los dispositivos incautados por la UCO vulnera su derecho a una defensa adecuada. Ábalos también critica que la competencia para juzgarlo debería haber recaído en la Audiencia Nacional y advierte sobre el desequilibrio en el tratamiento penal entre acusados. Esta solicitud es un paso previo antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y alcalde de Valdemoro, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por fraude continuado y prevaricación en relación con amaños en contratos otorgados a la empresa Waiter Music. Esta sentencia forma parte de la macrocausa Púnica, donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de contratos entre 2007 y 2014. Granados se benefició de su influencia política para favorecer a Waiter Music, propiedad del fallecido José Luis Huerta, recibiendo a cambio eventos privados no remunerados. Además, otros exalcaldes también fueron condenados por su implicación en estos delitos de corrupción.

El votante no siempre juzga los hechos, protege a los suyos y absuelve lo que condena en los otros.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por cuestionar la actuación de la Policía en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. En su auto, Peinado sugirió que los agentes encargados de su escolta podrían facilitar una posible fuga de la investigada, lo que ha generado indignación en el Cuerpo Nacional de Policía. La votación para el expediente fue aprobada con el voto decisivo de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, mientras que cuatro vocales conservadores argumentaron que la decisión debía ser revisada por la Audiencia Provincial de Madrid. Esta situación refleja una división en el Poder Judicial y ha suscitado críticas tanto desde el Gobierno como entre las asociaciones policiales.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha instado a Junts y al PNV a apoyar una moción de censura instrumental para forzar elecciones anticipadas en España. Durante una rueda de prensa en Bruselas, Feijóo argumentó que el actual Gobierno está asolado por la corrupción y carece de mayoría parlamentaria. Afirmó que es el momento de actuar y no seguir engañando a los ciudadanos. Criticó al PNV por su falta de compromiso y advirtió que los Presupuestos Generales para 2027 son una "cortina de humo" para ocultar casos de corrupción del PSOE. Feijóo también destacó la necesidad de clarificar posturas políticas y reafirmó su deseo de gobernar en solitario para asegurar un Ejecutivo fuerte.

Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado la paralización de su causa, que podría ser juzgada por un jurado popular, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos. Su defensa argumenta que continuar el procedimiento podría generar una situación procesal insostenible y vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. La Audiencia ya había frenado previamente la decisión de Peinado al considerar que no existían indicios racionales de criminalidad. Además, la acusación popular pide 24 años de prisión para Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, así como restricciones en su movilidad.

La Audiencia Nacional ha decidido archivar la causa contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, debido a su deteriorado estado de salud que le impide declarar en el juicio. Un examen forense concluyó que Pujol, de 95 años, no está en condiciones de participar en el proceso penal relacionado con la fortuna oculta de su familia en Andorra. La Fiscalía había solicitado una pena de nueve años de prisión por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Con su exclusión del juicio, la atención se centra ahora en sus hijos y otros implicados, mientras que la defensa sostiene que el dinero proviene de una herencia familiar legítima.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por su implicación en un delito de prevaricación relacionado con la creación de un puesto de trabajo "a medida" en la Diputación de Badajoz. La sentencia destaca que, aunque no se encontraron pruebas directas de tráfico de influencias, sí existen indicios que sugieren que Sánchez sabía que el puesto era para él y participó en el amaño del proceso. A pesar de la condena, no se le exige devolver los más de 340.000 euros que ganó durante su tiempo en la Diputación. El expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, también fue condenado a 18 años de inhabilitación por delitos similares. David Sánchez planea recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a estudiar el 13 de julio los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas en relación al caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Se deliberará sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de juzgar el caso por un jurado popular y su equivalente al procesamiento. La sección 23 de la Audiencia evaluará si hay suficientes indicios para continuar con el juicio, tras haber anulado anteriormente la transformación de la causa a este procedimiento. El fiscal ha solicitado el sobreseimiento libre para todos los investigados, argumentando que no hay infracción penal.

El Gobierno ha reafirmado su postura sobre la sentencia del caso de las mascarillas, destacando que el PSOE actuó con responsabilidad ante los indicios de corrupción relacionados con el exministro José Luis Ábalos. Óscar López, ministro de Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, afirmó que "quien la hace, la paga", refiriéndose tanto a Ábalos como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante una rueda de prensa, López subrayó la importancia de mantener una "tolerancia cero" frente a la corrupción y defendió la integridad y transparencia en la política. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también se unió a este mensaje, asegurando que el Ejecutivo asumirá responsabilidades desde el primer momento.

El Gobierno español ha condenado sin matices los comportamientos de Koldo Ábalos en el marco del 'caso Mascarillas', reafirmando su compromiso de trabajar para erradicar la corrupción en el país. Esta declaración se produce tras la reciente condena a Ábalos y otros implicados en la trama corrupta relacionada con la compra de mascarillas. La Moncloa asegura que no tolerará actitudes que atenten contra los principios democráticos.

La Audiencia Nacional ha abierto un nuevo juicio oral contra Francisco Granados y otros 40 acusados en el caso Púnica, por supuestas irregularidades en adjudicaciones de suelo público entre 2003 y 2011. El juez Antonio Piña ha dictado la apertura del juicio, donde se juzgarán delitos como prevaricación, cohecho y malversación. Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, enfrenta una petición de 42 años de cárcel. Este juicio se suma a otro proceso en el que Granados ya se encuentra implicado.

Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP, testificó en el juicio por la 'operación Kitchen', afirmando que su padre sufrió un trato hostil en prisión, lo que considera una orden. Durante su declaración, relató episodios de seguimiento y sensación de inseguridad, así como la relación con su chófer, quien les hizo preguntas sobre documentos relacionados con la trama Gürtel. Además, se mencionó un encargo a un preso para destruir información comprometedora. El juicio continúa con testimonios clave de figuras políticas implicadas en el caso.

Nueve ciudadanos comunes forman un jurado popular para deliberar sobre un caso de corrupción que parece evidente. Pero una oferta secreta de un millón de euros por cambiar el veredicto desatará tensiones, codicia y dilemas morales en Los justos, la ópera prima de Jorge A. Lara y Fer Pérez. Un thriller tenso y actual que cuestiona los límites de la integridad humana y el precio de la justicia. Estreno en cines el 30 de abril de 2026.