La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha declarado ante la jueza sobre su gestión durante la DANA, evitando asumir responsabilidades y culpando a otros. A pesar del clamor de las víctimas que le pedían justicia, Pradas se ha escudado en su falta de experiencia y ha intentado desviar la culpa hacia técnicos y otros responsables. Su estrategia incluye negar información sobre la magnitud de la tragedia y criticar a aquellos que no estaban presentes en el momento crítico. La jueza y diversos informes han desmentido sus afirmaciones, revelando que contaban con información suficiente para actuar.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja debido a las "profundas contradicciones" en el testimonio de la mujer y la falta de corroboración. La denuncia se refería a un incidente ocurrido en 2020, pero el tribunal determinó que la declaración de la víctima no era suficientemente consistente ni persistente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para más detalles, visita el enlace.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas investigativas urgentes en relación con un posible abuso de posición y autoridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. Esta investigación se centra en el uso ilegal de fondos provenientes del Fondo de Seguridad Interna y del presupuesto estatal croata. Tras interrogar a los sospechosos, se tomarán decisiones sobre los próximos pasos a seguir. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.
En 2024, la media diaria de denuncias por violencia de género en España fue de 544, una ligera disminución del 0,09% en comparación con el año anterior. Se registraron un total de 199.094 denuncias, mientras que el número de mujeres víctimas descendió un 4,96%, alcanzando las 183.908. Las órdenes de protección acordadas también mostraron una caída del 6,5%, aunque las sentencias condenatorias aumentaron un 3,32%. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74,2, siendo Baleares la comunidad con la mayor incidencia. A pesar de la disminución en las cifras generales, el porcentaje de denuncias presentadas directamente por las víctimas se mantuvo estable en un 72,11%.
El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Penal Central de España condenó al administrador de una empresa por fraude al obtener subvenciones de la UE destinadas a la promoción del vino español en mercados externos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó el caso a juicio, donde se demostró que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades promocionales que no se realizaron, sumando más de 55,000 euros en reclamaciones fraudulentas. El condenado recibió una multa y perdió el derecho a recibir ayudas públicas, además de tener que reembolsar el monto defraudado. Este caso destaca la labor de la EPPO en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
Dani Alves ha sido absuelto de la condena por violación tras 437 días en prisión, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La sentencia se basa en la falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante y las múltiples versiones que el exfutbolista presentó sobre los hechos ocurridos en una discoteca de Barcelona. Desde negar conocer a la víctima hasta admitir relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol, sus declaraciones han cambiado drásticamente. A pesar de las pruebas biológicas que respaldan la versión de la víctima, Alves ha logrado su absolución. Este caso ha generado gran atención mediática y debate sobre la credibilidad de los testimonios en casos de agresión sexual. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de once años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su pareja en Huelva, tras amenazarla con difundir un vídeo íntimo. La sentencia incluye una indemnización de 30.000 euros a la víctima por daño moral. El acusado, que se encuentra en prisión, intentó apelar la decisión, pero el TSJA desestimó su recurso, argumentando que las pruebas eran válidas y suficientes para sostener la condena. Además, se le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años. Esta resolución refuerza el compromiso del sistema judicial español en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.
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La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont en relación con el delito de malversación de caudales públicos. Esta resolución desestima los recursos presentados por diversas partes, incluyendo al Ministerio Fiscal y el partido VOX. El tribunal argumenta que la interpretación de "beneficio personal de carácter patrimonial" incluye tanto el aumento de activos como la no disminución del pasivo, dado que los investigados se beneficiaron al cargar gastos a la administración autonómica sin interés público. La decisión se fundamenta en una interpretación precisa y legalista de la normativa, rechazando cualquier alegato en contrario. Para más información, visita el enlace.
La serie "Física o Química" regresa a las aulas del colegio Zurbarán con una nueva generación de alumnos y profesores. Este emocionante regreso se produce en un contexto complicado, ya que la muerte de una estudiante, Silvia, ha dejado a los padres exigiendo cambios en la educación. Los jóvenes enfrentarán retos contemporáneos como el alcohol, el sexo y la salud mental. La nueva temporada promete ser intensa y llena de desafíos para los personajes. No te pierdas "FoQ: La Nueva Generación" disponible en Atresplayer.
La nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en España, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, establece la obligación de intentar una solución extrajudicial antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil. Esta normativa, que entra en vigor el 1 de julio de 2025, busca fomentar el diálogo y reducir la carga en los tribunales. Se contemplan diversos mecanismos como mediación y conciliación. Además, se prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y eficiente, transformando los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia y aumentando la especialización judicial. Para más detalles, visita el enlace.
La ONU ha exigido respuestas y justicia tras el trágico tiroteo de médicos, socorristas y trabajadores humanitarios en Gaza, ocurrido el 23 de marzo. Estos profesionales, claramente identificados, estaban atendiendo a heridos cuando fueron atacados por fuerzas israelíes. La comunidad internacional observa con preocupación este incidente que pone de relieve los riesgos que enfrentan los trabajadores humanitarios en zonas de conflicto. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
El Tribunal del Condado de Zagreb ha condenado a dos individuos, incluyendo un funcionario público, y a una empresa constructora por abuso de poder en relación con la construcción de una planta de clasificación de residuos en Croacia. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo, reveló manipulación en el proceso de licitación que favoreció a la empresa seleccionada, resultando en un sobreprecio de más de 319,000 euros. La empresa deberá pagar una multa de 400,000 euros y devolver el monto inflado. Los condenados incluyen un diseñador de documentación del proyecto y un funcionario municipal, quienes aceptaron los cargos mediante acuerdos de culpabilidad. Las investigaciones continúan para otros implicados.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha dado un nuevo giro al caso que rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Un Juzgado de Cambados ha condenado a dos propietarios de bares por piratear partidos de LALIGA, imponiéndoles multas y indemnizaciones. Las sentencias declaran que ambos emitieron partidos sin autorización, violando el artículo 286.4 del Código Penal. La Liga Nacional de Fútbol Profesional había denunciado estas prácticas ilegales, que afectan al mercado y a los derechos de los consumidores. En total, hay alrededor de diez procedimientos abiertos en Cambados por casos similares. Las sentencias son firmes y no admiten recurso. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.
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