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Justicia

21/02/2025@19:02:53

El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, prohibiéndole salir del país y obligándolo a comparecer quincenalmente. Estas decisiones fueron tomadas por el magistrado Leopoldo Puente en el marco de una investigación sobre la supuesta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. A pesar de la oposición de la defensa, que argumentó la falta de indicios de criminalidad, el instructor considera que existen elementos suficientes para justificar estas restricciones. La situación se enmarca en un contexto judicial donde se le atribuyen posibles delitos como tráfico de influencias y cohecho.

El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha abierto juicio oral contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, por un delito de odio. La decisión incluye la solicitud de una fianza de 40.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas durante el proceso. Se espera que un juzgado de lo Penal se encargue del caso, mientras la Audiencia Provincial aún no ha resuelto el recurso relacionado con las diligencias previas. Este desarrollo legal subraya la gravedad de los indicios que apuntan a la responsabilidad penal del acusado en relación con los hechos investigados.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia de España, se reunió con Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en Madrid. Durante el encuentro, se discutió la cooperación jurídica entre ambos países, enfocándose en la lucha contra el crimen organizado, el intercambio ágil de antecedentes penales y la tramitación electrónica de solicitudes de cooperación. También participaron altos funcionarios chilenos y españoles, destacando la importancia de fortalecer los lazos en materia de justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de súplica contra la inadmisión de querellas y denuncias dirigidas al presidente de la Generalitat por su gestión durante la Dana. La Sala Civil y Penal del TSJCV reafirmó su decisión anterior, argumentando que los indicios presentados por los recurrentes son insuficientes para justificar una investigación. Aunque no se descarta el posible carácter delictivo de los hechos mencionados, el tribunal concluye que no hay pruebas suficientes para imputar al aforado, lo que impide asumir la competencia especial en este caso.

En una decisión que ha generado controversia, un juez de Madrid ha decidido archivar la causa judicial relacionada con las muertes de ancianos en residencias durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Este caso había puesto bajo la lupa el manejo de la crisis sanitaria por parte de la administración autonómica de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso.

Un juzgado de A Coruña ha condenado a dos ganaderos de Melide a 17 meses de prisión por maltratar y dejar morir de inanición a 30 caballos. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 revela que los animales fueron mantenidos en condiciones deplorables, sin acceso a agua ni alimento, lo que llevó a su sufrimiento y muerte. Las inspecciones del Seprona confirmaron la situación crítica de los caballos, con cadáveres visibles y otros ocultos. Además de la pena de prisión, los condenados han sido inhabilitados para el cuidado de animales durante cuatro años. La Xunta se encargará de los animales incautados.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enfatizado la necesidad de adaptar el sistema judicial para proteger los derechos de niñas y niños involucrados en procesos legales. Durante su visita al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, destacó la importancia de contar con instalaciones adecuadas y profesionales capacitados que garanticen un entorno seguro para los menores. Rego subrayó que es esencial escuchar a los niños en estos procesos y erradicar la violencia contra la infancia. Además, se reunió con el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, para discutir temas relevantes sobre la atención a la infancia en la región.

El Gobierno de España ha aprobado una importante reforma para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia y adaptarla a las nuevas demandas sociales. Esta reforma busca promover la igualdad de oportunidades en el acceso a estas carreras, mejorar la carrera profesional de sus integrantes y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras. Entre las medidas destacadas se incluyen la creación de becas para opositores, un sistema de selección más justo y recursos humanos adecuados según la carga de trabajo. Además, se introduce un proceso de estabilización para jueces sustitutos y fiscales interinos, alineándose con los estándares europeos. La ley también moderniza los procesos electorales dentro del Poder Judicial.

Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la Corte de Cagliari, Italia, en un caso de malos tratos a un menor por parte de su padre. La decisión se basa en que los hechos ocurrieron en Italia, donde el menor reside con su progenitor. A pesar de esta inhibición, el juzgado mantiene la suspensión provisional del regreso del menor a Italia. La madre y el hermano del niño habían presentado la denuncia, y ambas decisiones han sido respaldadas por el ministerio fiscal pero han sido recurridas. El caso destaca la aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre protección a menores en situaciones de riesgo.

Tres presuntos patrones de patera han sido encarcelados en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, como sospechosos de ocho asesinatos y otros delitos graves. La decisión judicial se tomó el 13 de febrero de 2025 tras la llegada de una embarcación a El Hierro, donde se investiga que las víctimas fueron elegidas por su nacionalidad. El caso será transferido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde de El Hierro.

Seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas de fraude agravado por subsidios y falsificación de documentos privados en Rumanía, tras una investigación del EPPO sobre un fraude de 1.73 millones de euros relacionado con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulación en el procedimiento de contratación pública y un conflicto de interés, ya que el gerente de la cooperativa beneficiada estaba casado con la representante de la empresa ganadora del contrato. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión para los implicados.

El documental, que se estrena en exclusiva en la plataforma el 23 de febrero, narra la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. 'Receta para un asesinato' cuenta con testimonios de más de 50 colaboradores en Colombia, Tailandia y España.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre a ocho años de prisión por el homicidio de su esposa en diciembre de 2021 en La Línea de la Concepción. El acusado, ciudadano estadounidense, aceptó la pena tras un acuerdo entre las partes y reconoció haber estrangulado a su pareja durante una discusión. Además, se le impuso una medida de libertad vigilada por diez años tras cumplir la condena. La sentencia es firme al no haberse presentado recursos por parte de los involucrados.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a 25 años de cárcel y a prisión permanente revisable por el asesinato de su pareja y de la hija de esta, una niña de 8 años. El tribunal dictó la sentencia tras considerar que el acusado actuó con alevosía y ensañamiento, asestando múltiples puñaladas a ambas víctimas. La agresión a la menor fue especialmente cruel, ya que fue atacada por la espalda mientras intentaba llamar al 112. Aunque el condenado alegó problemas de salud mental y consumo de sustancias, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para considerar estas circunstancias como atenuantes. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluyendo Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, afirma que se cumplió con el proceso de concertación para los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue emitido correctamente. Además, se rechazan las alegaciones sobre la falta de motivación técnica en la fijación de estos caudales. Esta decisión reafirma la validez del proceso administrativo y normativo en la gestión hídrica en España.