Un hombre de 39 años ha sido detenido en Donostia / San Sebastián por la Ertzaintza, acusado de agresión sexual continuada contra una mujer en un contexto de violencia doméstica. La detención se produjo tras la denuncia de la víctima el pasado jueves. El presunto agresor fue presentado ante la autoridad judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión. La policía activó un protocolo integral para asistir a la víctima, asegurando su atención médica y apoyo durante el proceso legal.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, enfrenta un dilema entre dimitir o resistir tras ser procesado por filtrar mensajes relacionados con fraudes fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus defensores argumentan que no hay pruebas concluyentes y que su renuncia podría amenazar el Estado de derecho. En contraste, asociaciones de fiscales y el Partido Popular exigen su dimisión, alegando que su situación compromete la credibilidad de la Fiscalía. Este conflicto no solo es judicial, sino también político, con el Gobierno instando a García Ortiz a mantenerse en su puesto mientras se resuelve su caso. La tensión entre aspectos legales y políticos marca un momento crítico para la Fiscalía.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" tras sus denuncias sobre los 'protocolos de la vergüenza' en residencias durante la pandemia. En una entrevista en Telemadrid, Ayuso cuestionó la veracidad de las cifras de muertes y acusó a las familias de inventar la cifra de 7.291 fallecidos. Esta declaración se produce mientras tres ex altos cargos de su gobierno están imputados por estos protocolos. Ayuso defendió su gestión y criticó a quienes utilizan el tema políticamente, afirmando que su administración ha sido respaldada por la justicia en múltiples ocasiones.
El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la primera ola del COVID-19 eran discriminatorios y excluían a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién recibía atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en que casi el 80% de los ancianos en residencias murieran sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus superiores sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. Esta declaración resalta la lucha por justicia de las familias afectadas y cuestiona las decisiones políticas tomadas durante la crisis sanitaria.
Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, destaca los siete años de gobierno progresista en España, enfatizando los avances en derechos, crecimiento económico y récord de empleo. En un contexto de críticas hacia la oposición, calificada como "de cloaca", López asegura que España seguirá avanzando a pesar de las campañas de odio. Además, se pronuncia sobre la investigación de protocolos en residencias durante la pandemia, reafirmando su compromiso con la justicia para las víctimas. Para más información, visita el enlace.
El 19 de mayo, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro personas, incluidos un menor, por un robo en Matadepera. Se encontraron objetos robados en su vehículo. Las investigaciones revelaron su participación en varios robos violentos y con fuerza en la región. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial.
Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación por la falta de responsables que comparezcan ante la justicia tras el primer desfile de imputados relacionados con los 'protocolos de la vergüenza' en residencias madrileñas durante la pandemia. La portavoz federal, Eva García Sempere, mostró su solidaridad con las familias afectadas y destacó la importancia de que el Partido Popular asuma responsabilidades políticas. Las imputaciones llegan tras años de lucha por justicia y se refieren a altos cargos del gobierno madrileño implicados en decisiones que resultaron en miles de muertes evitables. IU insiste en que es fundamental actuar contra la impunidad y exigir consecuencias políticas por esta tragedia. Para más detalles, visita el enlace.
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El 12 de junio de 2025, un tribunal en Zagreb condenó a la exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La sentencia se deriva de una investigación del Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que reveló irregularidades en un proceso de contratación pública en 2017, donde la ministra favoreció a un empresario al inflar el valor estimado del contrato. Se estima que el daño al presupuesto de la UE supera el millón de euros. La exministra se declaró culpable y pagó 200,000 euros como compensación parcial. Los procedimientos contra otros acusados continúan.
La jueza María Tardón ha decidido liberar a Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior, tras determinar que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas en el marco de la 'Operación Borrasca'. Esta decisión se produce después de una solicitud de excarcelación por parte de la Fiscalía, respaldada por un informe policial que asegura que las pruebas clave están aseguradas. Martínez, quien estuvo en prisión preventiva desde el 29 de mayo, está acusado de blanqueo de capitales y organización criminal. Se espera que continúe vinculado al caso con posibles medidas cautelares.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresa su preocupación por las órdenes de captura emitidas contra los miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Guterres reafirma que el personal internacional de la CICIG cuenta con inmunidad judicial por sus acciones en el ejercicio de su misión. Esta situación resalta la importancia del trabajo de la CICIG en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
Una exreclusa que convivió con Ana Julia Quezada en la cárcel ha revelado que la asesina de Gabriel Cruz amenazó de muerte a la madre del niño, Patricia Ramírez. Según su testimonio, estas amenazas se produjeron en varias ocasiones y delante de testigos. La excompañera de prisión advirtió a Patricia tras salir de la cárcel, afirmando que Ana Julia podría cumplir sus amenazas, especialmente después de la cancelación de un documental sobre ella. Además, confirmó que Quezada disfrutaba de privilegios en prisión, incluyendo acceso a teléfonos móviles. Este caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 1 de Almería.
Un juez federal ha bloqueado el plan de Donald Trump para prohibir a Harvard admitir estudiantes extranjeros, ampliando un bloqueo previo que duraba dos semanas. Esta decisión se produce tras la denuncia de la universidad, que argumenta que la medida viola sus derechos bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Más de 7,000 estudiantes, incluyendo a la heredera de la corona belga, enfrentan incertidumbre debido a esta política migratoria. La Universidad de Harvard sostiene que los planes de Trump han tenido un impacto devastador en su comunidad académica.
La Policía Nacional ha detenido a un miembro de los Trinitarios que era buscado por la justicia británica tras haber cometido un homicidio. Este individuo tenía una Orden Internacional de Detención emitida por el Reino Unido, donde podría enfrentar una pena de cadena perpetua. La detención se produjo en relación con hechos ocurridos el 14 de un mes no especificado. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Nápoles ha confiscado activos por valor de 1,1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en fondos agrícolas. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en la provincia de Salerno, involucra a 14 individuos de un total de 39 sospechosos, incluyendo funcionarios públicos y un oficial de policía. Se descubrió que el grupo criminal solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural mediante información falsa, con la complicidad de funcionarios en la región de Campania. Además, se investiga la corrupción relacionada con promesas de comisiones a los funcionarios implicados. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
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