Justicia

Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, destaca los siete años de gobierno progresista en España, enfatizando los avances en derechos, crecimiento económico y récord de empleo. En un contexto de críticas hacia la oposición, calificada como "de cloaca", López asegura que España seguirá avanzando a pesar de las campañas de odio. Además, se pronuncia sobre la investigación de protocolos en residencias durante la pandemia, reafirmando su compromiso con la justicia para las víctimas. Para más información, visita el enlace.

El 19 de mayo, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro personas, incluidos un menor, por un robo en Matadepera. Se encontraron objetos robados en su vehículo. Las investigaciones revelaron su participación en varios robos violentos y con fuerza en la región. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial.

Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación por la falta de responsables que comparezcan ante la justicia tras el primer desfile de imputados relacionados con los 'protocolos de la vergüenza' en residencias madrileñas durante la pandemia. La portavoz federal, Eva García Sempere, mostró su solidaridad con las familias afectadas y destacó la importancia de que el Partido Popular asuma responsabilidades políticas. Las imputaciones llegan tras años de lucha por justicia y se refieren a altos cargos del gobierno madrileño implicados en decisiones que resultaron en miles de muertes evitables. IU insiste en que es fundamental actuar contra la impunidad y exigir consecuencias políticas por esta tragedia. Para más detalles, visita el enlace.

Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en los 'protocolos de la vergüenza' que llevaron a la muerte de 7.291 ancianos en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las víctimas, que llevaban años esperando respuestas sobre la negativa a trasladar a los enfermos a hospitales, denuncian esta situación como una "maniobra dilatoria". La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados habían sido notificados correctamente. Esta causa se reabrió tras una denuncia colectiva por presunta discriminación en el acceso al servicio sanitario. Los afectados continúan exigiendo justicia y claridad sobre las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria.

Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con las más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del 'protocolo técnico', son considerados responsables de los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos. La citación se produce tras la reapertura de una causa archivada, impulsada por una denuncia colectiva de familiares de víctimas. Las organizaciones demandantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en estas decisiones. Este caso marca un hito en la judicialización de la gestión sanitaria durante la crisis del COVID-19 en España.

Tres miembros de una organización criminal en Alemania fueron condenados por un fraude fiscal de 24 millones de euros relacionado con la exportación simulada de coches. El tribunal del distrito de Hagen dictó sentencias que van desde un año y nueve meses hasta cinco años y nueve meses, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Desde 2022, se descubrió que esta red fraudulenta utilizaba empresas ficticias para evadir el IVA en ventas de vehículos a otros países de la UE. La operación resultó en un daño fiscal significativo y la implicación de más de 180 empresas involucradas en el esquema. La colaboración entre las autoridades alemanas y la EPPO fue crucial para desmantelar esta red.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont en relación con el delito de malversación de caudales públicos. Esta resolución desestima los recursos presentados por diversas partes, incluyendo al Ministerio Fiscal y el partido VOX. El tribunal argumenta que la interpretación de "beneficio personal de carácter patrimonial" incluye tanto el aumento de activos como la no disminución del pasivo, dado que los investigados se beneficiaron al cargar gastos a la administración autonómica sin interés público. La decisión se fundamenta en una interpretación precisa y legalista de la normativa, rechazando cualquier alegato en contrario. Para más información, visita el enlace.

Un juez federal ha bloqueado el plan de Donald Trump para prohibir a Harvard admitir estudiantes extranjeros, ampliando un bloqueo previo que duraba dos semanas. Esta decisión se produce tras la denuncia de la universidad, que argumenta que la medida viola sus derechos bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Más de 7,000 estudiantes, incluyendo a la heredera de la corona belga, enfrentan incertidumbre debido a esta política migratoria. La Universidad de Harvard sostiene que los planes de Trump han tenido un impacto devastador en su comunidad académica.

La Policía Nacional ha detenido a un miembro de los Trinitarios que era buscado por la justicia británica tras haber cometido un homicidio. Este individuo tenía una Orden Internacional de Detención emitida por el Reino Unido, donde podría enfrentar una pena de cadena perpetua. La detención se produjo en relación con hechos ocurridos el 14 de un mes no especificado. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Nápoles ha confiscado activos por valor de 1,1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en fondos agrícolas. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en la provincia de Salerno, involucra a 14 individuos de un total de 39 sospechosos, incluyendo funcionarios públicos y un oficial de policía. Se descubrió que el grupo criminal solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural mediante información falsa, con la complicidad de funcionarios en la región de Campania. Además, se investiga la corrupción relacionada con promesas de comisiones a los funcionarios implicados. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Dos fugitivos, padre e hijo, han sido detenidos en Málaga por las autoridades españolas a solicitud de Italia, donde enfrentan órdenes europeas de detención por tráfico de drogas. Ambos podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión. Esta operación destaca la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Para más información, visita el enlace.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en su plataforma, tras recibir respaldo judicial para esta acción. La Justicia ha instado a la empresa a retirar inicialmente 5.800 anuncios que no cumplen con la normativa vigente sobre publicidad de alojamientos turísticos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de número de licencia, la omisión de la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso de licencias incorrectas. Esta medida busca combatir la ilegalidad en el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores.

La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha declarado ante la jueza sobre su gestión durante la DANA, evitando asumir responsabilidades y culpando a otros. A pesar del clamor de las víctimas que le pedían justicia, Pradas se ha escudado en su falta de experiencia y ha intentado desviar la culpa hacia técnicos y otros responsables. Su estrategia incluye negar información sobre la magnitud de la tragedia y criticar a aquellos que no estaban presentes en el momento crítico. La jueza y diversos informes han desmentido sus afirmaciones, revelando que contaban con información suficiente para actuar.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja debido a las "profundas contradicciones" en el testimonio de la mujer y la falta de corroboración. La denuncia se refería a un incidente ocurrido en 2020, pero el tribunal determinó que la declaración de la víctima no era suficientemente consistente ni persistente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para más detalles, visita el enlace.