El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha decidido archivar provisionalmente las denuncias presentadas por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra responsables de la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Valenciana de Emergencias por su gestión durante la Dana que afectó a la provincia. El magistrado argumenta que no se justifica la existencia de un delito y critica el enfoque generalizado de las denuncias, que no atribuyen hechos concretos a los denunciados. Además, señala que iniciar procesos penales sin una causa específica va en contra de los principios del Estado de Derecho. La resolución puede ser recurrida.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado la condena de dos años y seis meses de prisión a un hombre por apropiarse de 91.650,80 euros de su tía enferma de Alzheimer. La sentencia detalla cómo el acusado manipuló las finanzas de su tía desde 2012, abriendo cuentas conjuntas y realizando transferencias y disposiciones en su beneficio, tanto durante la vida de la anciana como después de su fallecimiento en 2020. Además, se le impone una multa y el pago a los herederos de la mujer. Esta condena no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Los aspirantes a tres plazas de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo comenzarán su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Estas vacantes fueron generadas por la salida de los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano. Durante estos días también se llevarán a cabo las comparecencias para las presidencias de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales. Las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la web oficial del Poder Judicial.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta norma garantiza el acceso a la justicia y consolida derechos para las víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y estableciendo asistencia jurídica gratuita para mujeres y menores afectados por delitos sexuales. Además, se atribuyen competencias específicas al Ministerio Fiscal en temas de violencia de género y sexual. La ley también modifica el Estatuto de los Trabajadores para proteger a empleados con adaptaciones laborales.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó varias veces contra la víctima desde su vehículo, lo que resultó en su muerte. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima. Esta decisión no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
En el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos por delitos de corrupción. De estos procesados, 18 son individuos y 4 entidades. Esta información proviene del Consejo General del Poder Judicial, que actualiza trimestralmente un repositorio público sobre casos de corrupción, reflejando la acción judicial en este ámbito. Durante este periodo se dictaron 12 sentencias relacionadas con corrupción, de las cuales 7 fueron condenatorias y 5 absolutorias.
La Audiencia Provincial de Balears ha condenado al empresario V.T.M., propietario de Cárnicas Vicente, a un año y once meses de prisión por vender carne en mal estado, constituyendo un delito contra la salud pública. Además, se le impone una inhabilitación especial para ejercer en el comercio de alimentos durante cuatro años. La sentencia también incluye una multa de dieciocho meses para Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. y la obligación de pagar 120.000 euros por la destrucción de mercancía y 80.835 euros por almacenamiento. La falta de higiene y prácticas inseguras en la manipulación de alimentos fueron evidenciadas durante el juicio. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
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Un Juzgado de lo Social en Cáceres ha fallado a favor de una mujer cuyo derecho a la prestación por cuidado de su hijo con una discapacidad del 93% fue denegado por la Seguridad Social. La demandante, enfermera, había solicitado la reducción de jornada y la prestación económica debido a la grave condición de su hijo, que presenta parálisis cerebral y discapacidad cognitiva severa. La sentencia subraya que el grado de dependencia requiere cuidados especiales más allá de los ordinarios. Aunque el fallo no es firme y puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, establece un precedente importante para los derechos de las familias con hijos discapacitados.
Los autores del asesinato del hostelero riojano Guillermo Castillo, ocurrido en Cuzcurrita, han sido condenados a un total de 54 años de prisión. Cada uno de los acusados recibió 23 años por asesinato y 4 años por robo en casa habitada, además de 10 años de libertad vigilada. La sentencia también impone una indemnización conjunta de 300.000 euros a los hijos de la víctima. Los hechos se produjeron en la madrugada del 2 de mayo de 2023, cuando los acusados, tras entrar en el domicilio de Castillo, lo agredieron brutalmente y lo dejaron encerrado antes de huir sin encontrar el dinero que buscaban. La muerte del hostelero se debió a un traumatismo craneoencefálico.
Paweł Wąsik asume como nuevo Miembro Nacional de Polonia en Eurojust, reemplazando a Marius Skowronski. Con 48 años y una sólida trayectoria como fiscal público, Wąsik ha estado en Eurojust desde 2016 y lidera el Equipo de Delitos Económicos. Su nombramiento se produce en un momento crucial, coincidiendo con la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea. Wąsik se compromete a fortalecer la cooperación judicial internacional contra el crimen grave y anuncia un aumento significativo en el equipo polaco a partir de 2025. Además, posee una Maestría en Derecho y experiencia en la lucha contra delitos económicos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de 22 años y 11 meses de prisión a una mujer por el asesinato de su tía, de 84 años, tras provocar un incendio en su vivienda en San Fernando. La acusada fue hallada culpable por un jurado popular y también enfrenta cargos por apropiación indebida, hurto y lesiones, debiendo pagar una indemnización de más de 68.000 euros. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando la mujer inició el fuego mientras su tía dormía, lo que resultó en la muerte de la víctima al día siguiente debido a inhalación de humo. El TSJA desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa, reafirmando la validez de las pruebas indiciarias que sustentan la condena.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la Dana. La Sala argumenta que no existen indicios suficientes para investigar al aforado, tal como solicitó el Ministerio Fiscal. A pesar de reconocer la gravedad de los hechos ocurridos, los magistrados concluyen que no se puede atribuir responsabilidad penal sin pruebas concretas. La resolución permite a los denunciantes seguir con acciones legales en los Juzgados de Instrucción si lo desean.
El Congreso de España ha convalidado un tercer paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros para los afectados por la DANA, sumando más de 16.000 millones en total. Este nuevo Real Decreto-ley incluye medidas específicas para vivienda, empleo y vehículos, destacando el programa Plan Reinicia Auto+ que ofrece hasta 10.000 euros para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Además, se destinarán 1.200 millones a apoyar a pequeñas y medianas empresas afectadas y se introduce un permiso retribuido para trabajadores que no puedan acudir a su puesto debido a la catástrofe. También se asignan fondos para atender a personas con discapacidad y necesidades educativas. La norma busca acelerar la recuperación económica y social tras los daños causados por este fenómeno climático.
Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por participar en una organización criminal que evadió el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina, causando un fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. Esta investigación, que comenzó en octubre de 2021, ha desmantelado una compleja red criminal con más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. La EPPO está encargada de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
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