La Audiencia Provincial de Balears ha condenado al empresario V.T.M., propietario de Cárnicas Vicente, a un año y once meses de prisión por vender carne en mal estado, constituyendo un delito contra la salud pública. Además, se le impone una inhabilitación especial para ejercer en el comercio de alimentos durante cuatro años. La sentencia también incluye una multa de dieciocho meses para Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. y la obligación de pagar 120.000 euros por la destrucción de mercancía y 80.835 euros por almacenamiento. La falta de higiene y prácticas inseguras en la manipulación de alimentos fueron evidenciadas durante el juicio. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
El Tribunal Constitucional de España, establecido por la Constitución de 1978, actúa como el máximo intérprete de la ley fundamental y garante de los derechos fundamentales. Compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey, su función incluye resolver recursos de inconstitucionalidad, conflictos entre instituciones y proteger derechos a través del recurso de amparo. Con más de 8,000 sentencias y 17,000 autos emitidos, su jurisprudencia es extensa. La organización del Tribunal incluye un Pleno y Salas que abordan diferentes competencias.
Un juzgado de Jerez de la Frontera, Cádiz, ha condenado al cantaor de flamenco Ramón J.S., conocido como Diego 'El Cigala', a dos años y un mes de prisión por malos tratos hacia su exmujer. La sentencia incluye la prohibición de acercarse a ella y la imposición de medidas cautelares. La magistrada detalla varios episodios de violencia, incluyendo agresiones físicas en hoteles y en su hogar. A pesar de las condenas, también se le absolvió de un delito por hechos ocurridos en el aeropuerto de Punta Cana. La declaración de la víctima fue considerada clara y coherente, aunque la jueza subrayó las dificultades probatorias en casos de violencia doméstica.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que la incapacidad temporal de un trabajador dedicado a visionar contenido extremo es un accidente laboral, no una enfermedad común. La Sala Social consideró que la exposición constante a imágenes traumáticas durante su jornada laboral causó alteraciones psíquicas en el empleado. La sentencia destaca que el estrés laboral fue el factor desencadenante de su baja médica, vinculando directamente su incapacidad al trabajo realizado. Esta decisión resalta los riesgos psicológicos asociados con la moderación de contenido violento y su impacto en la salud mental de los trabajadores.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decidido acumular en una única causa siete querellas y denuncias contra el Presidente de la Generalitat por su gestión durante la Dana. Esta providencia, notificada recientemente, busca simplificar el proceso judicial al tratar los mismos hechos en un solo expediente. El TSJCV también ha solicitado al Ministerio Fiscal que emita un informe sobre la competencia del tribunal y la admisión de las denuncias. La decisión final será tomada por el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena a cinco años de prisión para un joven de 22 años por agredir y retener a su expareja, violando una orden de alejamiento. El acusado, que había mantenido una relación con la víctima durante tres años, fue hallado culpable de detención ilegal y lesiones leves tras un incidente en el que la forzó a entrar en su vehículo y le propinó un puñetazo. La mujer logró enviar un mensaje pidiendo ayuda antes de ser liberada por la policía. Además, se le ordenó indemnizar a la víctima con 2.000 euros.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la competencia se determina por las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, solo la Audiencia Nacional puede llevar a cabo el juicio. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
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Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por participar en una organización criminal que evadió el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina, causando un fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. Esta investigación, que comenzó en octubre de 2021, ha desmantelado una compleja red criminal con más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. La EPPO está encargada de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
La nueva ley del derecho de rectificación en España amplía su aplicación a medios digitales e influencers, como parte del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno. Esta medida busca mejorar la calidad del debate público y proteger los derechos fundamentales a la libertad de información y al honor. La ley incluye cambios significativos, como la extensión de plazos para solicitar rectificaciones y la eliminación del requisito de dirigirse al director del medio. Ahora, los influencers con más de 100.000 seguidores también deberán permitir el ejercicio de este derecho. Además, se refuerzan los derechos de las personas con discapacidad y se amplían los sujetos legitimados para solicitar rectificaciones.
El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de la investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La Fiscalía y la acusación popular han solicitado el mantenimiento de estas medidas debido a los indicios de criminalidad que persisten en relación con delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advierte que cualquier incumplimiento podría resultar en prisión provisional para el investigado.
El tercer trimestre de 2024 ha mostrado una disminución en el número de víctimas y denuncias por violencia de género en España, con 53.147 denuncias, un 0,62 % menos que el año anterior, y 48.725 víctimas, un 6,57 % menos. El informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género destaca también una reducción en las órdenes de protección solicitadas y adoptadas. A pesar de la disminución en las cifras, se han registrado un mayor porcentaje de sentencias condenatorias, alcanzando el 82,80 %. La presidenta del observatorio resalta que estos datos indican un mejor funcionamiento del sistema judicial para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones relacionadas con las presuntas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza 2016-2017. La sentencia indica que no se han encontrado indicios suficientes para justificar la implicación de los investigados, excepto en el caso de dos personas vinculadas a la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, quienes enfrentarán un sobreseimiento provisional. Este procedimiento se inició tras una denuncia de la Fiscalía por posibles delitos relacionados con la revelación de secretos. El auto tiene 164 páginas y no es firme, pudiendo ser objeto de recurso. Para más información, visita el enlace.
El Fiscal General de España, Álvaro García Ortiz, inauguró las Jornadas de Fiscales Especialistas de Menores en Valencia, destacando la eficiencia en la investigación de casos que involucran a menores y la capacidad organizativa de las Fiscalías. Durante el evento, se abordarán temas clave relacionados con la protección y reforma en la jurisdicción de menores, así como avances tecnológicos para mejorar los procesos judiciales. García Ortiz también reconoció el esfuerzo de los fiscales ante los desafíos recientes, como los provocados por la DANA. Estas jornadas buscan compartir problemas reales y encontrar soluciones efectivas en el ámbito de la justicia juvenil.
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, en relación con una investigación de fraude fiscal por valor de 32 millones de euros que involucra la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", que aprovecha las reglas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. Se alega que una empresa alemana omitió ventas en su contabilidad, permitiendo que vendedores austriacos y holandeses vendieran los dispositivos sin IVA y enviaran el dinero de vuelta a Alemania. Los detenidos, arrestados en Viena, supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO investiga más sobre los métodos utilizados para el retorno de los fondos fraudulentos.
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