Arcópoli celebra la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la norma del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que limitaba las actividades de las asociaciones LGTBI+. Esta decisión es un triunfo para el colectivo, que busca defender sus derechos en Madrid. La sentencia devuelve la voz a las organizaciones que trabajan por la igualdad y contra la LGTBIfobia. Para más detalles, visita el enlace.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha instado a todas las administraciones a implementar de inmediato las medidas del Gobierno para combatir el fraude en los alquileres turísticos. Durante una reunión con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, destacó que solo el 7% de las viviendas turísticas en la capital son legales, lo que afecta gravemente a la convivencia y al acceso a viviendas dignas. Rodríguez enfatizó la necesidad de actuar con contundencia contra la especulación y anunció iniciativas para empoderar a los vecinos en la regulación de estos alojamientos. Además, mencionó que es posible reducir los precios del alquiler en Madrid, similar a lo logrado en Barcelona. Para más información, visita el enlace.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, se reunió con representantes de la FRAVM y CEAV para abordar la problemática de los pisos turísticos ilegales en Madrid. Durante el encuentro, Bustinduy presentó datos que indican que más de 15.200 viviendas estarían incumpliendo la normativa vigente. El ministro instó al alcalde José Luis Martínez-Almeida a tomar medidas inmediatas para sancionar estas actividades ilegales, enfatizando la necesidad de priorizar el derecho a la vivienda. Además, se discutió la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que otorga a los vecinos mayor control sobre el uso turístico en sus comunidades. Esta reunión subraya la urgencia de actuar contra la proliferación de alojamientos ilícitos en Madrid. Para más información, visita el enlace.
La Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional se reunirá en Madrid del 4 al 6 de abril de 2025. Este evento, que será presidido por Andrew Parsons, contará con la participación del Comité Paralímpico Español como anfitrión. Las reuniones se llevarán a cabo en el Hotel Ilunion Atrium y comenzarán con una cena oficial a la que asistirán autoridades como la ministra de Educación, Pilar Alegría. Esta es la primera reunión importante en Madrid desde el IPC Gathering de 2018, donde participaron más de 200 congresistas del movimiento paralímpico.
Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional y Greenpeace, exigen una reforma urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, antes de su décimo aniversario en julio de 2025. Esta ley ha sido criticada por vulnerar derechos humanos y restringir el derecho a la protesta. Desde su implementación, más de 429.000 sanciones han sido impuestas, muchas por desobediencia y resistencia. Las organizaciones demandan la prohibición del perfilamiento racial, la eliminación del rechazo en frontera y modificaciones en las infracciones que afectan a la protesta. Un acto de protesta está programado para el 28 de marzo en Madrid para exigir cambios significativos en esta legislación.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado el Congreso Mundial de Seguridad Fronteriza 2025 en Madrid, donde se discuten políticas y tecnologías para el control y la seguridad de las fronteras. Durante su intervención, destacó que España gestiona la inmigración irregular mediante un enfoque basado en la prevención en origen, el control, la disuasión y la cooperación internacional. Este evento reúne a expertos en materia de seguridad fronteriza y migratoria. Para más información, visita el enlace.
Greenpeace ha llevado a cabo una protesta pacífica en Madrid, desplegando una pancarta de 66 m2 frente a la embajada de Estados Unidos con el mensaje "No nos callarán". Esta acción apoya a Greenpeace USA, que fue declarada culpable de un juicio por la petrolera Energy Transfer, enfrentándose a una indemnización de 660 millones de dólares. La organización denuncia el uso de demandas SLAPP para silenciar a activistas y resalta la importancia de defender la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, reafirma que no se rendirán ante las amenazas y continuarán luchando por un mundo más justo y sostenible.
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La Asociación Arcópoli, defensora de los derechos del colectivo LGTBI+, ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio en respuesta a una creciente ola de ataques y difamaciones. La entidad busca proteger su reputación y hacer frente a las acusaciones falsas que ha recibido recientemente. Esta acción judicial subraya el compromiso de Arcópoli en la lucha contra los delitos de odio y la defensa de los derechos humanos. Para más información, visita el enlace.
Arcópoli ha lanzado una campaña en los centros educativos de la Comunidad de Madrid para combatir la LGTBIfobia, bajo el lema "La discriminación no es un juego". Esta iniciativa busca sensibilizar a los estudiantes y educadores sobre la importancia de defender los derechos del colectivo LGTBI+ y erradicar la discriminación. La campaña se enmarca dentro del compromiso de Arcópoli por promover la diversidad y la inclusión en el ámbito educativo. Para más información, visita el enlace.
La nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en España, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, establece la obligación de intentar una solución extrajudicial antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil. Esta normativa, que entra en vigor el 1 de julio de 2025, busca fomentar el diálogo y reducir la carga en los tribunales. Se contemplan diversos mecanismos como mediación y conciliación. Además, se prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y eficiente, transformando los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia y aumentando la especialización judicial. Para más detalles, visita el enlace.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado a la Administración estadounidense a dialogar con la Comisión Europea para evitar una guerra comercial, que perjudica a ambas partes. Durante su intervención en el Auditorio El Beatriz de Madrid, Sánchez afirmó que si se imponen aranceles, Europa responderá con rapidez y unidad. Para más detalles sobre sus declaraciones, visita el enlace de la noticia.
El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que sancionará el incumplimiento de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea. Este nuevo marco legal busca penalizar a personas, entidades o países fuera de la UE que no respeten estas normativas, que incluyen embargos y restricciones comerciales. El ministro Félix Bolaños destacó la importancia de esta medida en el contexto geopolítico actual para mantener la relevancia de la UE a nivel internacional. La reforma del Código Penal incluirá penas de prisión y multas para quienes violen estas sanciones, además de crear una comisión para supervisar su aplicación. Para más detalles, visita el enlace.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha identificado más de 15,200 pisos turísticos ilegales en Madrid, contrastando con solo 1,131 licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Esta discrepancia ha llevado al ministerio a solicitar al alcalde José Luis Martínez-Almeida la eliminación de los anuncios de estas propiedades. Los datos incluyen direcciones específicas de alojamientos sin licencia, lo que permitirá al consistorio tomar medidas sancionadoras. El ministro Pablo Bustinduy destaca la necesidad urgente de actuar para proteger el derecho a la vivienda digna y frenar la proliferación de estos alquileres ilegales en la capital española.
El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la identificación y eliminación de más de 15.000 pisos turísticos ilegales, argumentando que su proliferación agrava la crisis de vivienda en la ciudad. Bustinduy ha enviado un archivo digital con información postal para facilitar la inspección y cierre de estos alojamientos, destacando que esta situación no es normal y que se deben tomar medidas inmediatas, similar a lo realizado en Barcelona e Ibiza. Además, ha señalado que los pisos turísticos ilegales contribuyen al aumento de precios y a la expulsión de residentes de sus barrios. La intervención en esta problemática es parte de un enfoque más amplio para abordar la crisis habitacional en diversas áreas del país.
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