derechos humanos

La igualdad de género es un derecho fundamental que puede transformar la economía global, según un informe de ONU Mujeres. A pesar de ciertos avances en educación y salud, se estima que 351 millones de mujeres y niñas vivirán en pobreza extrema para 2030 si no se toman medidas urgentes. La inversión en igualdad no solo es una cuestión de justicia, sino que podría añadir 1,5 billones de dólares al PIB mundial en cinco años. Actualmente, las mujeres están subrepresentadas en el liderazgo y enfrentan desigualdades significativas. Acelerar acciones en áreas como educación y empleo podría reducir drásticamente la pobreza femenina y generar beneficios económicos sustanciales. La igualdad de género es esencial para construir paz y garantizar los derechos humanos.

Arcópoli ha expresado su rechazo a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien utilizó el homonacionalismo para justificar el genocidio en Gaza durante un debate. La organización denuncia que usar los derechos LGTBI+ para legitimar violaciones de derechos humanos es una manipulación inaceptable. Arcópoli subraya que la situación en Gaza es crítica, con bombardeos y desplazamientos masivos, y critica la narrativa que presenta a Tel Aviv como un refugio seguro para la comunidad LGTBI+, ignorando la discriminación que sufren los palestinos. La organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos universales y condena el uso del colectivo LGTBI+ en discursos políticos que minimizan crímenes de guerra.

Patxi López, portavoz del PSOE, ha señalado que la nueva temporada parlamentaria se enfoca en convertir a España en un referente de dignidad y un modelo generador de derechos y empleo. Critica la actitud del Partido Popular (PP), liderado por Feijóo, acusándolo de alimentar el odio con insultos y de no condenar actos violentos contra las Casas del Pueblo. López defiende que el gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con la extensión de derechos laborales y sociales, así como con una postura valiente en la política internacional respecto a la situación en Gaza. Además, cuestiona las decisiones del PP sobre la reducción de la jornada laboral, argumentando que su oposición perjudica a millones de trabajadores. En contraste, destaca los esfuerzos del PSOE para promover iniciativas inclusivas y proteger los derechos humanos.

Arcópoli expresa un rechazo contundente a las declaraciones del ex magistrado Javier Borrego, quien ridiculizó la autodeterminación de género en un evento organizado por VOX. Sus comentarios, considerados LGTBIfóbicos y ofensivos, atacan directamente a las personas trans, perpetuando estereotipos dañinos. Arcópoli está evaluando si estas declaraciones constituyen un delito de odio y exige una respuesta pública del Gobierno y de la judicatura para condenar tales actitudes que normalizan la LGTBIfobia. La organización reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la igualdad frente a discursos de odio.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado los avances en la protección de la infancia migrante no acompañada frente a discursos racistas. Durante una reunión con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, Rego enfatizó que el Gobierno prioriza el interés superior de los menores y sus derechos. Se abordaron las medidas impulsadas por el Ministerio tras la implementación del Real Decreto-Ley 2/2025, que establece un sistema coordinado y eficaz para la acogida de estos niños y adolescentes. Además, Rego denunció la criminalización de los migrantes y reafirmó el compromiso del Gobierno de proteger a las personas vulnerables del racismo y la xenofobia.

Más de mil millones de personas en el mundo padecen trastornos de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que algunos países han mejorado sus políticas, el gasto público en salud mental sigue siendo solo el 2% del total del presupuesto sanitario, con grandes disparidades entre naciones. La ansiedad y la depresión son los trastornos más comunes y representan una carga económica significativa, costando alrededor de un billón de dólares anuales a la economía global. La falta de inversión y legislación adecuada agrava la situación, mientras que se observa un aumento en la integración de servicios de salud mental en atención primaria y emergencias.

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso cuestionando la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta, solicitando al Gobierno que exija su exclusión debido a las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia relacionadas con Gaza. Los seis diputados/as de IU, liderados por Nahuel González, piden detalles sobre los acuerdos de patrocinio y apoyo público al evento ciclista. Recalcan que el deporte en España debe alinearse con los compromisos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, plantean la necesidad de establecer criterios éticos para futuros eventos deportivos y garantizar que ningún patrocinio público promueva violaciones graves de derechos.

Un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluye que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza, al llevar a cabo actos que incluyen asesinatos, lesiones graves y condiciones de vida inhumanas con la intención de destruir a los palestinos. La investigación, que abarca desde el 7 de octubre de 2023, revela que las autoridades israelíes han ignorado las advertencias internacionales y han continuado con una campaña sistemática contra la población gazatí. La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, enfatiza que es responsabilidad de las más altas esferas del gobierno israelí detener estas atrocidades y cumplir con el derecho internacional. Además, se insta a la comunidad internacional a actuar para prevenir el genocidio y garantizar el acceso humanitario en Gaza.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha calificado como "positivas" las nueve medidas adoptadas por el Gobierno español para abordar la situación en Gaza, aunque subrayó que es necesaria una décima medida: la ruptura total de relaciones con Israel. En una declaración desde Sevilla, Maíllo destacó que estas acciones reflejan un Gobierno que escucha la creciente ola de solidaridad en España hacia el pueblo palestino. A pesar de valorar las medidas, insistió en que son insuficientes y abogó por una respuesta más contundente ante los crímenes israelíes. Además, criticó las reacciones del gobierno israelí a las declaraciones españolas, interpretándolas como una señal de que se está avanzando por el camino correcto hacia la justicia.

El Gobierno de España ha rechazado con firmeza las acusaciones de antisemitismo formuladas por el Gobierno de Israel, así como la prohibición de entrada a Israel impuesta a dos miembros del Ejecutivo español. Estas medidas se enmarcan en la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional, en respuesta a la situación en Gaza y Cisjordania. España ha destacado su compromiso contra el antisemitismo y el racismo, recordando su reciente Plan Nacional contra el Antisemitismo y su apoyo a la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. El Gobierno reafirma su soberanía y su determinación de no ceder ante presiones externas en su búsqueda de paz y justicia.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social de España, inauguró una formación internacional en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito laboral. Durante tres días, funcionarios de diversas regiones analizarán cómo avanzar en la inclusión y diversidad en sus instituciones. Esta capacitación se basa en la Guía sobre Inclusión de personas LGTBIQ+ elaborada por el MITES y busca establecer estrategias para combatir las desigualdades laborales que afectan a este colectivo. Díaz destacó la importancia de considerar la migración, igualdad de género y libertad sexual como derechos humanos universales e indivisibles.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha denunciado en el Congreso la grave situación en Gaza y Cisjordania, acusando a Israel de cometer genocidio y de violar el Derecho Internacional con la complicidad del mundo. Durante su intervención en la Diputación Permanente, criticó la falta de atención del Partido Popular hacia estos temas urgentes, señalando que no se incluyeron en el orden del día. Santiago destacó las masacres diarias y el uso del hambre como arma de guerra, advirtiendo que permitir tales acciones podría tener consecuencias devastadoras para los derechos humanos a nivel global.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado la destrucción sistemática de Gaza, con 54 ataques a edificios residenciales que han causado al menos 87 muertes, incluyendo niños. La intensificación de los bombardeos por parte del Ejército israelí ha obligado a cientos de familias a huir, enfrentándose a condiciones humanitarias extremas. La Oficina advierte que estas acciones violan el Cuarto Convenio de Ginebra y constituyen una amenaza inminente de crisis humanitaria. Se hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que presione a Israel a detener esta ofensiva.