derechos humanos

El Gobierno de España ha aprobado la distribución de 35 millones de euros a las comunidades autónomas para la acogida de infancia migrante no acompañada. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó que este mecanismo de acogida solidaria ha sido un éxito y reafirma el compromiso del Gobierno con los derechos de la infancia. Las comunidades más afectadas por la presión migratoria, como Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, recibirán mayores asignaciones. Este apoyo financiero está destinado a cubrir necesidades inmediatas y facilitar la inclusión social y escolarización de estos menores.

El Gobierno de España revocará la Gran Cruz de Sanidad otorgada póstumamente al psiquiatra Antonio Vallejo Nájera debido a su implicación en la represión durante el franquismo. Esta decisión, que será aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de julio, refleja la incompatibilidad del legado de Vallejo Nájera con los valores democráticos y éticos actuales en el ámbito de la sanidad pública. Se le atribuye el uso de la medicina para justificar políticas represivas y estigmatizadoras, lo que contradice los principios contemporáneos de derechos humanos y respeto a la diversidad en salud mental. La revocación es un acto de memoria y justicia hacia las víctimas de sus prácticas.

El Día Internacional del Orgullo LGTBI+ se conmemora el 28 de junio, recordando la revuelta de Stonewall en 1969, un hito en la lucha por los derechos LGTBI+. En España, esta celebración comenzó en los años 70 y ha evolucionado hasta convertirse en un referente mundial. El Gobierno español, a través del Ministerio de Igualdad, organiza actividades anuales para promover la igualdad y visibilizar los derechos del colectivo. España destaca por su legislación avanzada en derechos LGTBI+, incluyendo el matrimonio igualitario y leyes contra la discriminación. Este año, se celebra el 21 aniversario de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, subrayando el progreso hacia una sociedad más inclusiva.

Izquierda Unida, a través de su portavoz Eva García Sempere, ha exigido que se depuren responsabilidades por la represión ejercida por la Ertzaintza contra los miembros de la Global Sumud Flotilla al llegar a Bilbao. Durante una rueda de prensa, Sempere condenó las cargas policiales que sufrieron los activistas, quienes regresaban tras ser maltratados en Israel. La dirigente criticó la falta de acciones concretas del Gobierno vasco y destacó la necesidad de no ofrecer excusas al régimen israelí por sus abusos. IU busca que se tomen medidas efectivas y se lleve el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos.

La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, que ya están prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta Paula Iglesias destaca la necesidad de modificar el Código Penal para imponer penas de cárcel a quienes realicen estas prácticas, consideradas tortura por la ONU. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, se insiste en que aún persisten situaciones de violencia y tortura contra este colectivo. La federación también ha liderado una Iniciativa Ciudadana Europea para prohibir estas prácticas en toda la UE, evidenciando un fuerte apoyo social. Se espera que la votación en la Comisión de Igualdad se realice pronto para avanzar hacia una mayor protección de los derechos LGTBI+.

La 'Comisión de la Verdad' ha sido constituida en España para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra y la dictadura. Esta iniciativa, presidida por Baltasar Garzón, busca esclarecer estos hechos en el marco del Real Decreto 265/2025. La comisión está compuesta por veinte miembros que trabajarán en grupos junto a expertos para sistematizar el conocimiento existente y profundizar en aspectos poco investigados. Su objetivo es elaborar un informe final con conclusiones y recomendaciones para garantizar la reparación de las víctimas y evitar la repetición de tales violaciones. Este paso es fundamental para consolidar una memoria democrática que reconozca y dignifique a las víctimas.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena el veto impuesto por Israel a la periodista española Queralt Castillo, quien fue denegada la entrada al país tras acusaciones de antisemitismo y apoyo al movimiento BDS. La organización denuncia que esta acción, junto con otras recientes denegaciones de visados a periodistas europeos, representa un mecanismo de presión incompatible con la libertad de prensa. Castillo solicitó autorización para trabajar en Israel, pero su permiso fue rechazado sin previo aviso. RSF advierte que este tipo de prácticas pueden afectar a otros periodistas internacionales y exige atención del Gobierno español ante estas intimidaciones.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y ha reivindicado un "Sáhara libre" durante un encuentro con niños participantes en el programa ‘Vacaciones en paz’. Este programa permite que aproximadamente 2.800 menores de los campamentos de refugiados saharauis pasen el verano en España, gracias al compromiso de las familias de acogida. Rego destacó la importancia de estas experiencias para la infancia y subrayó la deuda histórica que tiene España con el pueblo saharaui.

La Federación Estatal LGTBI+ celebra la reciente aprobación por el Congreso de la Ley Orgánica que modifica el Código Penal, tipificando como delito las pseudoterapias de conversión. Estas prácticas, que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, serán castigadas con penas de prisión de 6 meses a 2 años. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, destaca que esta ley representa un avance en la protección de los derechos LGTBI+ y un paso hacia la erradicación de prácticas consideradas tortura por organismos internacionales. A pesar de este progreso legal, Iglesias advierte que las agresiones al colectivo han aumentado y hace un llamado a continuar la movilización social para combatir la LGTBIfobia.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno explique sus acciones frente a la "limpieza social" implementada por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el PP, contra las personas sin hogar. Santiago critica la eliminación del aviso previo a estas personas antes de los operativos de limpieza, lo que ha resultado en la destrucción de sus pertenencias y documentación. La propuesta también cuestiona al Ministerio de Igualdad sobre su conocimiento y valoración de esta situación, que contraviene la Ley 15/2022 sobre igualdad de trato. Izquierda Unida denuncia que estas prácticas constituyen un ataque institucional a los derechos de los más vulnerables y piden al Gobierno intervenir para detener esta ofensiva.

La visibilidad de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral ha disminuido un 60%, según el Índice de Confianza en las Empresas elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ y la agencia 40db. Durante el evento Working for Diversity, se destacó que solo el 23% de las personas LGTBI+ se sienten visibles en sus trabajos, comparado con el 85% en otros aspectos de su vida. Esta invisibilidad genera ansiedad y estrés en más del 60% de la población LGTBI+, afectando su bienestar emocional. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, subrayó la necesidad de aplicar medidas para garantizar derechos laborales y crear entornos inclusivos. Además, un 71% de las personas LGTBI+ apoya la implementación del Real Decreto 1026/2024, que promueve la igualdad en el trabajo. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, vinculó esta disminución con el aumento de discursos de odio y abogó por un Pacto de Estado contra ellos.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado los criterios para la distribución de 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para la prevención del suicidio en 2026. Los proyectos deberán centrarse en derechos humanos, equidad y atención comunitaria, priorizando a colectivos vulnerables. Se fomentarán intervenciones que promuevan la dignidad y autonomía de los usuarios, evitando prácticas coercitivas. Además, se valorarán iniciativas que integren distintos sectores como sanidad y servicios sociales, contribuyendo a reducir desigualdades en salud mental. Estos fondos son parte de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministras y Ministros. Esta declaración, presentada en el marco del Día Internacional contra la LGTBIfobia, destaca los avances en derechos LGTBI en España y la necesidad de seguir luchando contra la violencia y discriminación hacia este colectivo. A pesar de ser un referente en derechos LGTBI, se señalan preocupantes aumentos en la violencia y los discursos de odio, así como desigualdades laborales que afectan a las personas LGTBI+. El Gobierno se compromete a continuar trabajando tanto a nivel nacional como internacional para erradicar estas violencias y promover políticas inclusivas.

El Parlamento de Israel ha aprobado una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por asesinato terrorista. Esta medida, que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, obligará a los tribunales militares israelíes a imponer esta pena a los palestinos en Cisjordania, mientras que los tribunales ordinarios podrán optar por la cadena perpetua para ciudadanos israelíes. La reforma fue respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y promovida por el ultranacionalista Itamar Ben Gvir. Críticas han surgido sobre su carácter discriminatorio y su posible inconstitucionalidad, con organizaciones civiles ya presentando recursos ante el Tribunal Supremo.