derechos humanos

En marzo de 2025, las víctimas civiles en Ucrania aumentaron un 50% en comparación con febrero, alcanzando al menos 164 muertos y 910 heridos. La mayoría de estas bajas, el 95%, ocurrieron en áreas controladas por el gobierno ucraniano, siendo causadas principalmente por misiles de largo alcance y municiones. Esta alarmante cifra destaca la creciente crisis humanitaria en el país. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

El asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans, pone de relieve la alarmante violencia contra la comunidad LGTBI+ en todo el mundo. Este trágico suceso resalta la necesidad urgente de combatir la transfobia y proteger a quienes buscan asilo. Se hace un llamado a establecer un Pacto de Estado para erradicar los delitos de odio. La brutalidad sufrida por Sara es un reflejo de la lucha continua por los derechos y la seguridad de las personas trans. Para más información, visita el artículo completo en Arcópoli.

NOVACT y la campaña «Fin al comercio de armas con Israel» han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la colaboración militar entre España e Israel, así como la inacción del Gobierno español frente al genocidio en Palestina, que ha dejado más de 50.000 palestinos muertos en 18 meses. A pesar de esta grave situación, España continúa exportando y permitiendo el tránsito de armas a Israel, vulnerando el derecho internacional. Más de 600 organizaciones exigen un embargo total de armas y el fin de la complicidad del Gobierno español. Se convoca una manifestación en Madrid el 10 de mayo para movilizar a la sociedad civil en esta causa.

Arcópoli ha decidido enfocarse en su labor de construir espacios seguros y defender derechos, en lugar de centrarse en los ataques recibidos por parte de seguidores de VOX. A través de su comunicado, la organización destaca la importancia de su trabajo y el apoyo a quienes más lo necesitan, dejando claro que su misión es prioritaria frente a las controversias. Para más información, visita el enlace completo.

Una de cada cuatro personas trans en España ha sido víctima de agresiones físicas o sexuales en el último año, según la investigación "Estado del Odio LGTBI+ 2024" elaborada por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+. Además, el 35,6% ha sufrido acoso y el 37,8% discriminación. Marta Alonso, representante de la FELGTBI+, ha exigido la aprobación urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos vulnerables. La conmemoración del Día de la Visibilidad Trans resalta la necesidad de legislar para erradicar el odio y proteger a quienes sufren estas violencias.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha instado al PSOE a llevar a cabo las conversaciones necesarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), destacando que su presentación es una obligación fundamental. Durante una declaración en el Congreso, Santiago enfatizó que el debate sobre los presupuestos es crucial para definir el modelo de país y proyecto político que se defiende, especialmente en un contexto complicado donde se requiere fortalecer el escudo social y promover la paz. También afirmó que la falta de aprobación de los PGE no debe debilitar la imagen del Gobierno, ya que es vital mostrar un proyecto social enfocado en mejorar las condiciones de vida. Santiago concluyó que Izquierda Unida trabaja para asegurar una legislatura duradera y continuar siendo un ejemplo de progreso en Europa.

Más Madrid ha presentado una Proposición de Ley para la localización, identificación y recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura en la Comunidad de Madrid. Esta normativa establece un marco legal para la exhumación de fosas comunes, asegurando la dignidad de las víctimas y el rigor científico en los procesos. La ley incluye la creación de un mapa integral de fosas, un censo de desaparecidos y un banco de datos de ADN para facilitar identificaciones. Alicia Torija, diputada de Más Madrid, enfatiza la importancia de esta iniciativa para hacer justicia y coordinar esfuerzos entre administraciones. A pesar del rechazo por parte del PP y Vox, se busca fomentar la participación ciudadana en estas políticas públicas de memoria. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ revela que la población LGTBI+ se moviliza en procesos electorales cuando sus derechos están amenazados. Según el estudio, un 19% del colectivo se abstuvo de votar en las últimas elecciones europeas, frente al 53% de la población general. La mayoría de las personas LGTBI+ apoya a partidos progresistas, con un aumento del compromiso hacia la izquierda en los últimos años. El informe destaca que el apoyo a estos partidos no es gratuito y exige acciones concretas para garantizar la igualdad y protección de derechos LGTBI+. Se reclama una vigilancia efectiva del cumplimiento de leyes que promuevan la igualdad y la no discriminación. Para más información, visita el enlace.

Amnistía Internacional ha denunciado a la Generalitat Valenciana por "vulnerar los derechos humanos" tras su "negligente" gestión de la DANA que afectó a Valencia el 29 de octubre, resultando en 228 muertes. Un informe revela que la falta de información y coordinación entre administraciones contribuyó a una sensación de abandono entre las víctimas. La organización exige rendición de cuentas y resalta que tanto la Generalitat como el Gobierno central tienen responsabilidades en la gestión de emergencias. Además, se presentan testimonios desgarradores de afectados que evidencian la desprotección sufrida durante la catástrofe. Amnistía Internacional propone 14 recomendaciones para mejorar la respuesta ante futuras emergencias.

La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación histórica sobre las torturas cometidas por la Policía franquista en la comisaría de Vía Laietana, tras una denuncia presentada por Blanca Serra, quien fue detenida en 1977 y sufrió malos tratos físicos y psíquicos. Esta acción pionera se enmarca dentro de la nueva ley de Memoria Democrática, que busca garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. La investigación es un paso significativo hacia el reconocimiento de las atrocidades del pasado y pretende facilitar el acceso a archivos policiales y testimonios. Activistas piden que la comisaría se convierta en un centro de memoria histórica.

Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional y Greenpeace, exigen una reforma urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, antes de su décimo aniversario en julio de 2025. Esta ley ha sido criticada por vulnerar derechos humanos y restringir el derecho a la protesta. Desde su implementación, más de 429.000 sanciones han sido impuestas, muchas por desobediencia y resistencia. Las organizaciones demandan la prohibición del perfilamiento racial, la eliminación del rechazo en frontera y modificaciones en las infracciones que afectan a la protesta. Un acto de protesta está programado para el 28 de marzo en Madrid para exigir cambios significativos en esta legislación.

Representantes del mundo de la cultura y el activismo han presentado en Madrid el manifiesto "No nos resignamos al rearme y a la guerra", respaldado por más de 800 organizaciones y 16,000 personas. El documento exige un enfoque político para lograr la paz, rechazando la militarización y el aumento del gasto en armamento. Destacan que estas decisiones pueden comprometer recursos vitales para educación, sanidad y derechos sociales. Además, se alerta sobre las consecuencias de una posible prolongación del conflicto con Rusia y su impacto en los derechos humanos, especialmente en las mujeres. La iniciativa busca concienciar al Gobierno sobre la necesidad de priorizar la paz y el bienestar social frente a la carrera armamentista.