derechos humanos

Un ataque del Ejército israelí en Gaza ha resultado en la muerte de un trabajador de emergencia y heridas a otros tres, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este hecho ha generado indignación, ya que se considera que los asesinatos deliberados de trabajadores humanitarios podrían constituir crímenes de guerra. La Organización Mundial de la Salud también condenó el ataque y pidió el cese inmediato de las agresiones contra personal sanitario. Además, se denuncian las restricciones impuestas por Israel a los funcionarios de la ONU y a los trabajadores humanitarios, lo que limita la denuncia de violaciones de derechos humanos en la región.

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Arcópoli se posiciona firmemente en contra de la intención de derogación de la Ley Trans, anunciada por Alberto Núñez Feijóo. Esta ley, que garantiza los derechos y la igualdad efectiva de las personas trans y LGTBI+, representa un avance crucial tras años de exclusión. La posible revocación de esta legislación es vista como un grave retroceso en los derechos humanos, enviando un mensaje perjudicial a un colectivo ya vulnerable. Arcópoli rechaza esta iniciativa y se compromete a defender los derechos LGTBI+ con todas las herramientas disponibles, afirmando que estos derechos son conquistas irrenunciables que deben ser protegidas en cualquier sociedad democrática.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Este nuevo marco legal, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, busca garantizar la clasificación adecuada de información sensible relacionada con la defensa y seguridad, al tiempo que promueve el derecho a la transparencia. La ley establece un sistema de desclasificación automática con plazos específicos para diferentes categorías de información y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con estas medidas, España se alinea con las normativas más avanzadas en Europa y mejora el acceso ciudadano a documentos oficiales.

Izquierda Unida y el Partido Comunista de la Región de Murcia han presentado una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de odio, amenazas y desórdenes públicos en Torre Pacheco. La denuncia surge tras una agresión a un vecino y advierte sobre una campaña de sectores de extrema derecha que busca difundir bulos y fomentar el racismo. Los denunciantes solicitan la apertura de diligencias para investigar los hechos y recopilar pruebas digitales. Además, alertan sobre la creación de patrullas vecinales y amenazas a colectivos sociales, subrayando la necesidad de frenar esta ofensiva fascista que amenaza la convivencia.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresa su preocupación ante el anuncio de Pakistán de repatriar forzosamente a refugiados afganos. Este retorno, que afecta especialmente a mujeres y niñas, podría violar sus derechos humanos en un contexto donde su seguridad está en riesgo. ACNUR insta a garantizar que cualquier regreso sea voluntario y digno, y solicita al gobierno paquistaní que prorrogue la protección para los afganos vulnerables. La situación actual ha llevado a más de 2,1 millones de afganos a regresar o ser obligados a volver a Afganistán este año, exacerbando una crisis humanitaria en el país.

Las fuerzas israelíes han matado a 105 palestinos en dos días mientras buscaban comida en Gaza, según informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los incidentes ocurrieron en las zonas de Zikim y Morag entre el 30 y 31 de julio, elevando el total de muertos por hambre a al menos 1,373 desde mayo. La ONU ha denunciado que estos ataques constituyen crímenes de guerra y ha llamado a una investigación independiente. A pesar de un anuncio de cese temporal de operaciones militares, los disparos continúan, complicando la entrega de ayuda humanitaria en medio de una creciente crisis alimentaria. La situación se agrava con el acceso limitado a alimentos y asistencia vital, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por desnutrición entre los más vulnerables.

España ha condenado la reciente resolución de la Knesset israelí sobre los Territorios Palestinos Ocupados, argumentando que socava las bases para una solución de dos Estados y ignora compromisos previos entre Israel y Palestina. El gobierno español destaca la ilegalidad de la expansión de asentamientos y llama a cesar las hostilidades, liberar rehenes y facilitar ayuda humanitaria en Gaza. Reitera su apoyo a la solución de dos Estados como única vía para alcanzar la paz en la región.

El Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Información Clasificada, actualizando un texto de 1968, en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Europea. Esta ley establece cuatro niveles de información reservada y plazos de desclasificación que varían según la sensibilidad del contenido. Además, se ha aprobado una subvención de 10 millones de euros para proporcionar atención sanitaria a enfermos de ELA en situaciones graves. Estas iniciativas forman parte del Plan de Acción por la Democracia, que busca fortalecer derechos fundamentales y garantizar el secreto profesional de los periodistas.

Cerca de 140 civiles han muerto en Ucrania durante julio debido a ataques rusos con misiles y drones, según la ONU. Además, se reportan 791 heridos en este mes. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos destacó el impacto devastador de estos ataques y reiteró la necesidad de un cese inmediato de hostilidades. En junio, se registró el mes más letal en tres años, con 232 muertos. La OMS también informó sobre 2504 ataques a instalaciones sanitarias desde el inicio del conflicto, lo que ha limitado el acceso a atención médica y ha generado altos niveles de ansiedad y estrés entre la población.