derechos humanos

España ha condenado la reciente resolución de la Knesset israelí sobre los Territorios Palestinos Ocupados, argumentando que socava las bases para una solución de dos Estados y ignora compromisos previos entre Israel y Palestina. El gobierno español destaca la ilegalidad de la expansión de asentamientos y llama a cesar las hostilidades, liberar rehenes y facilitar ayuda humanitaria en Gaza. Reitera su apoyo a la solución de dos Estados como única vía para alcanzar la paz en la región.

El Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Información Clasificada, actualizando un texto de 1968, en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Europea. Esta ley establece cuatro niveles de información reservada y plazos de desclasificación que varían según la sensibilidad del contenido. Además, se ha aprobado una subvención de 10 millones de euros para proporcionar atención sanitaria a enfermos de ELA en situaciones graves. Estas iniciativas forman parte del Plan de Acción por la Democracia, que busca fortalecer derechos fundamentales y garantizar el secreto profesional de los periodistas.

Cerca de 140 civiles han muerto en Ucrania durante julio debido a ataques rusos con misiles y drones, según la ONU. Además, se reportan 791 heridos en este mes. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos destacó el impacto devastador de estos ataques y reiteró la necesidad de un cese inmediato de hostilidades. En junio, se registró el mes más letal en tres años, con 232 muertos. La OMS también informó sobre 2504 ataques a instalaciones sanitarias desde el inicio del conflicto, lo que ha limitado el acceso a atención médica y ha generado altos niveles de ansiedad y estrés entre la población.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado gran parte de la sentencia sobre una agresión homófoba ocurrida en la Feria de Abril de 2018, absolviendo a tres acusados y reduciendo las penas al resto. Arcópoli expresa su indignación ante esta decisión, que minimiza el carácter homófobo del ataque y considera inaceptable la interpretación de los insultos como un "malentendido". La organización denuncia que esta sentencia perpetúa la impunidad en casos de violencia LGTBIfóbica y exige una revisión judicial, formación específica para el poder judicial y reformas legislativas para proteger adecuadamente a las víctimas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha enfatizado la necesidad de que los derechos humanos sean fundamentales en la era digital. Durante un evento con motivo del vigésimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Türk destacó que, aunque las tecnologías digitales pueden mejorar el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación, también presentan riesgos significativos, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y violaciones de privacidad. Subrayó que es crucial priorizar los derechos humanos para enfrentar desafíos como la desinformación y los prejuicios algorítmicos, promoviendo así un entorno digital inclusivo y seguro. Además, se anticipan decisiones importantes sobre regulación digital en el futuro cercano, lo que representa una oportunidad para avanzar hacia una gobernanza digital centrada en las personas.

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Arcópoli se posiciona firmemente en contra de la intención de derogación de la Ley Trans, anunciada por Alberto Núñez Feijóo. Esta ley, que garantiza los derechos y la igualdad efectiva de las personas trans y LGTBI+, representa un avance crucial tras años de exclusión. La posible revocación de esta legislación es vista como un grave retroceso en los derechos humanos, enviando un mensaje perjudicial a un colectivo ya vulnerable. Arcópoli rechaza esta iniciativa y se compromete a defender los derechos LGTBI+ con todas las herramientas disponibles, afirmando que estos derechos son conquistas irrenunciables que deben ser protegidas en cualquier sociedad democrática.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Este nuevo marco legal, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, busca garantizar la clasificación adecuada de información sensible relacionada con la defensa y seguridad, al tiempo que promueve el derecho a la transparencia. La ley establece un sistema de desclasificación automática con plazos específicos para diferentes categorías de información y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con estas medidas, España se alinea con las normativas más avanzadas en Europa y mejora el acceso ciudadano a documentos oficiales.

Izquierda Unida y el Partido Comunista de la Región de Murcia han presentado una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de odio, amenazas y desórdenes públicos en Torre Pacheco. La denuncia surge tras una agresión a un vecino y advierte sobre una campaña de sectores de extrema derecha que busca difundir bulos y fomentar el racismo. Los denunciantes solicitan la apertura de diligencias para investigar los hechos y recopilar pruebas digitales. Además, alertan sobre la creación de patrullas vecinales y amenazas a colectivos sociales, subrayando la necesidad de frenar esta ofensiva fascista que amenaza la convivencia.

Más de 1.200 artistas y figuras del mundo de la cultura han exigido al Gobierno español un embargo total de armas a Israel durante un acto en Madrid. Entre los firmantes se encuentran reconocidos nombres como Samantha Hudson, Inés Hernand y Luis Tosar. A pesar de que el Gobierno afirma no realizar transacciones militares con Israel, desde el 7 de octubre de 2023, España ha adjudicado 46 contratos a la industria militar israelí por más de 1.000 millones de euros. Los artistas piden que se prohíba cualquier forma de colaboración militar con Israel mediante un Real Decreto Ley, argumentando que cada día sin un embargo es una complicidad con crímenes de guerra. La situación en Palestina y la responsabilidad del Gobierno español en el comercio de armas son temas centrales en esta demanda urgente y moralmente inaplazable.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha criticado los planes de trasladar a dos millones de gazatíes a lugares considerados "más seguros". La portavoz, Ravina Shamdasani, cuestionó la idea de traslados voluntarios en el actual contexto de Gaza, advirtiendo que esto podría resultar en confinamientos en espacios aún más reducidos y con restricciones de movimiento. La ONU rechaza cualquier forma de traslado forzoso y reafirma la necesidad de que Israel cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional, evitando acciones que puedan considerarse limpieza étnica. Mientras tanto, se reanudan las negociaciones para un alto al fuego entre Israel y Hamás en Doha.