Las Fiscalías de España y Bulgaria han firmado un Memorando de Entendimiento para colaborar en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. Este acuerdo, firmado por el Fiscal General del Estado español, Álvaro García Ortiz, y su homólogo búlgaro, Borislav Sarafov, busca mejorar el intercambio de información y las solicitudes de cooperación jurídica en materia penal. Ambas instituciones se centrarán en la detección y persecución de redes criminales relacionadas con terrorismo, corrupción, tráfico ilegal de armas y drogas, entre otros delitos. El convenio también incluye la creación de grupos de trabajo conjuntos para desarrollar estrategias contra el crimen organizado.
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Sofía, Bulgaria, investiga un caso de corrupción tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. Se alega que el director solicitó €10,225 de un contratista vinculado a un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. La investigación revela que el director pidió que parte de los fondos destinados a las obras se le devolviera en lugar de ser utilizados para su propósito original. Fue arrestado el 20 de febrero mientras aceptaba la primera parte del soborno. El caso sigue bajo investigación y se han presentado cargos en su contra.
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha abierto juicio oral contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, por un delito de odio. La decisión incluye la solicitud de una fianza de 40.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas durante el proceso. Se espera que un juzgado de lo Penal se encargue del caso, mientras la Audiencia Provincial aún no ha resuelto el recurso relacionado con las diligencias previas. Este desarrollo legal subraya la gravedad de los indicios que apuntan a la responsabilidad penal del acusado en relación con los hechos investigados.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia de España, se reunió con Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en Madrid. Durante el encuentro, se discutió la cooperación jurídica entre ambos países, enfocándose en la lucha contra el crimen organizado, el intercambio ágil de antecedentes penales y la tramitación electrónica de solicitudes de cooperación. También participaron altos funcionarios chilenos y españoles, destacando la importancia de fortalecer los lazos en materia de justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de súplica contra la inadmisión de querellas y denuncias dirigidas al presidente de la Generalitat por su gestión durante la Dana. La Sala Civil y Penal del TSJCV reafirmó su decisión anterior, argumentando que los indicios presentados por los recurrentes son insuficientes para justificar una investigación. Aunque no se descarta el posible carácter delictivo de los hechos mencionados, el tribunal concluye que no hay pruebas suficientes para imputar al aforado, lo que impide asumir la competencia especial en este caso.
En una decisión que ha generado controversia, un juez de Madrid ha decidido archivar la causa judicial relacionada con las muertes de ancianos en residencias durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Este caso había puesto bajo la lupa el manejo de la crisis sanitaria por parte de la administración autonómica de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso.
Un juzgado de A Coruña ha condenado a dos ganaderos de Melide a 17 meses de prisión por maltratar y dejar morir de inanición a 30 caballos. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 revela que los animales fueron mantenidos en condiciones deplorables, sin acceso a agua ni alimento, lo que llevó a su sufrimiento y muerte. Las inspecciones del Seprona confirmaron la situación crítica de los caballos, con cadáveres visibles y otros ocultos. Además de la pena de prisión, los condenados han sido inhabilitados para el cuidado de animales durante cuatro años. La Xunta se encargará de los animales incautados.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de corrupción en el sector sanitario de Chequia, arrestando a 22 personas y realizando 46 registros. La investigación revela que 16 sospechosos manipularon procesos de contratación pública, generando ganancias ilícitas en proyectos valorados en más de 160 millones de euros, financiados por la UE. Las acciones se llevaron a cabo con el apoyo de la Policía Nacional contra el Crimen Organizado. Los acusados enfrentan cargos por corrupción, fraude de subsidios y blanqueo de capitales.
El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, prohibiéndole salir del país y obligándolo a comparecer quincenalmente. Estas decisiones fueron tomadas por el magistrado Leopoldo Puente en el marco de una investigación sobre la supuesta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. A pesar de la oposición de la defensa, que argumentó la falta de indicios de criminalidad, el instructor considera que existen elementos suficientes para justificar estas restricciones. La situación se enmarca en un contexto judicial donde se le atribuyen posibles delitos como tráfico de influencias y cohecho.
Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la Corte de Cagliari, Italia, en un caso de malos tratos a un menor por parte de su padre. La decisión se basa en que los hechos ocurrieron en Italia, donde el menor reside con su progenitor. A pesar de esta inhibición, el juzgado mantiene la suspensión provisional del regreso del menor a Italia. La madre y el hermano del niño habían presentado la denuncia, y ambas decisiones han sido respaldadas por el ministerio fiscal pero han sido recurridas. El caso destaca la aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre protección a menores en situaciones de riesgo.
Tres presuntos patrones de patera han sido encarcelados en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, como sospechosos de ocho asesinatos y otros delitos graves. La decisión judicial se tomó el 13 de febrero de 2025 tras la llegada de una embarcación a El Hierro, donde se investiga que las víctimas fueron elegidas por su nacionalidad. El caso será transferido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde de El Hierro.
Seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas de fraude agravado por subsidios y falsificación de documentos privados en Rumanía, tras una investigación del EPPO sobre un fraude de 1.73 millones de euros relacionado con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulación en el procedimiento de contratación pública y un conflicto de interés, ya que el gerente de la cooperativa beneficiada estaba casado con la representante de la empresa ganadora del contrato. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión para los implicados.
El documental, que se estrena en exclusiva en la plataforma el 23 de febrero, narra la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. 'Receta para un asesinato' cuenta con testimonios de más de 50 colaboradores en Colombia, Tailandia y España.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre a ocho años de prisión por el homicidio de su esposa en diciembre de 2021 en La Línea de la Concepción. El acusado, ciudadano estadounidense, aceptó la pena tras un acuerdo entre las partes y reconoció haber estrangulado a su pareja durante una discusión. Además, se le impuso una medida de libertad vigilada por diez años tras cumplir la condena. La sentencia es firme al no haberse presentado recursos por parte de los involucrados.
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