Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó varias veces contra la víctima desde su vehículo, lo que resultó en su muerte. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima. Esta decisión no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

En el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos por delitos de corrupción. De estos procesados, 18 son individuos y 4 entidades. Esta información proviene del Consejo General del Poder Judicial, que actualiza trimestralmente un repositorio público sobre casos de corrupción, reflejando la acción judicial en este ámbito. Durante este periodo se dictaron 12 sentencias relacionadas con corrupción, de las cuales 7 fueron condenatorias y 5 absolutorias.

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado al empresario V.T.M., propietario de Cárnicas Vicente, a un año y once meses de prisión por vender carne en mal estado, constituyendo un delito contra la salud pública. Además, se le impone una inhabilitación especial para ejercer en el comercio de alimentos durante cuatro años. La sentencia también incluye una multa de dieciocho meses para Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. y la obligación de pagar 120.000 euros por la destrucción de mercancía y 80.835 euros por almacenamiento. La falta de higiene y prácticas inseguras en la manipulación de alimentos fueron evidenciadas durante el juicio. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

El Tribunal Constitucional de España, establecido por la Constitución de 1978, actúa como el máximo intérprete de la ley fundamental y garante de los derechos fundamentales. Compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey, su función incluye resolver recursos de inconstitucionalidad, conflictos entre instituciones y proteger derechos a través del recurso de amparo. Con más de 8,000 sentencias y 17,000 autos emitidos, su jurisprudencia es extensa. La organización del Tribunal incluye un Pleno y Salas que abordan diferentes competencias.

Un juzgado de Jerez de la Frontera, Cádiz, ha condenado al cantaor de flamenco Ramón J.S., conocido como Diego 'El Cigala', a dos años y un mes de prisión por malos tratos hacia su exmujer. La sentencia incluye la prohibición de acercarse a ella y la imposición de medidas cautelares. La magistrada detalla varios episodios de violencia, incluyendo agresiones físicas en hoteles y en su hogar. A pesar de las condenas, también se le absolvió de un delito por hechos ocurridos en el aeropuerto de Punta Cana. La declaración de la víctima fue considerada clara y coherente, aunque la jueza subrayó las dificultades probatorias en casos de violencia doméstica.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que la incapacidad temporal de un trabajador dedicado a visionar contenido extremo es un accidente laboral, no una enfermedad común. La Sala Social consideró que la exposición constante a imágenes traumáticas durante su jornada laboral causó alteraciones psíquicas en el empleado. La sentencia destaca que el estrés laboral fue el factor desencadenante de su baja médica, vinculando directamente su incapacidad al trabajo realizado. Esta decisión resalta los riesgos psicológicos asociados con la moderación de contenido violento y su impacto en la salud mental de los trabajadores.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decidido acumular en una única causa siete querellas y denuncias contra el Presidente de la Generalitat por su gestión durante la Dana. Esta providencia, notificada recientemente, busca simplificar el proceso judicial al tratar los mismos hechos en un solo expediente. El TSJCV también ha solicitado al Ministerio Fiscal que emita un informe sobre la competencia del tribunal y la admisión de las denuncias. La decisión final será tomada por el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la Dana. La Sala argumenta que no existen indicios suficientes para investigar al aforado, tal como solicitó el Ministerio Fiscal. A pesar de reconocer la gravedad de los hechos ocurridos, los magistrados concluyen que no se puede atribuir responsabilidad penal sin pruebas concretas. La resolución permite a los denunciantes seguir con acciones legales en los Juzgados de Instrucción si lo desean.

El Congreso de España ha convalidado un tercer paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros para los afectados por la DANA, sumando más de 16.000 millones en total. Este nuevo Real Decreto-ley incluye medidas específicas para vivienda, empleo y vehículos, destacando el programa Plan Reinicia Auto+ que ofrece hasta 10.000 euros para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Además, se destinarán 1.200 millones a apoyar a pequeñas y medianas empresas afectadas y se introduce un permiso retribuido para trabajadores que no puedan acudir a su puesto debido a la catástrofe. También se asignan fondos para atender a personas con discapacidad y necesidades educativas. La norma busca acelerar la recuperación económica y social tras los daños causados por este fenómeno climático.

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por participar en una organización criminal que evadió el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina, causando un fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. Esta investigación, que comenzó en octubre de 2021, ha desmantelado una compleja red criminal con más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. La EPPO está encargada de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

La nueva ley del derecho de rectificación en España amplía su aplicación a medios digitales e influencers, como parte del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno. Esta medida busca mejorar la calidad del debate público y proteger los derechos fundamentales a la libertad de información y al honor. La ley incluye cambios significativos, como la extensión de plazos para solicitar rectificaciones y la eliminación del requisito de dirigirse al director del medio. Ahora, los influencers con más de 100.000 seguidores también deberán permitir el ejercicio de este derecho. Además, se refuerzan los derechos de las personas con discapacidad y se amplían los sujetos legitimados para solicitar rectificaciones.

El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de la investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La Fiscalía y la acusación popular han solicitado el mantenimiento de estas medidas debido a los indicios de criminalidad que persisten en relación con delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advierte que cualquier incumplimiento podría resultar en prisión provisional para el investigado.

El tercer trimestre de 2024 ha mostrado una disminución en el número de víctimas y denuncias por violencia de género en España, con 53.147 denuncias, un 0,62 % menos que el año anterior, y 48.725 víctimas, un 6,57 % menos. El informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género destaca también una reducción en las órdenes de protección solicitadas y adoptadas. A pesar de la disminución en las cifras, se han registrado un mayor porcentaje de sentencias condenatorias, alcanzando el 82,80 %. La presidenta del observatorio resalta que estos datos indican un mejor funcionamiento del sistema judicial para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones relacionadas con las presuntas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza 2016-2017. La sentencia indica que no se han encontrado indicios suficientes para justificar la implicación de los investigados, excepto en el caso de dos personas vinculadas a la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, quienes enfrentarán un sobreseimiento provisional. Este procedimiento se inició tras una denuncia de la Fiscalía por posibles delitos relacionados con la revelación de secretos. El auto tiene 164 páginas y no es firme, pudiendo ser objeto de recurso. Para más información, visita el enlace.