Justicia

La Audiencia Provincial de León ha condenado a un hombre a seis años de prisión por meter a su expareja en el maletero de su coche tras una discusión y conducir de manera temeraria, lo que provocó que la mujer sufriera lesiones al salir disparada y golpearse. Los hechos ocurrieron en octubre de 2022, y aunque la víctima sangraba, el agresor se negó a llevarla al hospital. Finalmente, logró escapar y pedir ayuda. La sentencia incluye una indemnización de más de 58.000 euros para la víctima y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha afirmado que la Unión Europea responderá con "proporcionalidad" a los "aranceles injustos" impuestos por terceros países. Durante su intervención en la entrega de los XI Premios Cepyme en Madrid, defendió un orden internacional basado en la cooperación y la justicia, rechazando la ley del más fuerte. Esta declaración subraya la importancia de proteger a Europa en un contexto global desafiante.

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado reforzar la Justicia para gestionar los procesos derivados de la DANA. La consellera Nuria Martínez y el ministro Félix Bolaños se han comprometido a trabajar conjuntamente para evitar la sobrecarga en los juzgados, incluyendo el nombramiento de un juez de refuerzo en Catarroja. Además, se implementará la Ley de Eficiencia en la Comunitat Valenciana, transformando 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia. Este acuerdo busca agilizar la tramitación y mejorar la eficiencia del sistema judicial en la región.

El 24 de febrero de 2025 se conmemoran tres años desde la invasión a gran escala de Ucrania, destacando los esfuerzos de Eurojust en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas. Hasta la fecha, las autoridades nacionales que participan en el equipo conjunto de investigación (JIT) han entrevistado a 4,000 testigos, complementando más de 40,000 entrevistas realizadas por Ucrania. Este trabajo ha llevado a la emisión de Notificaciones de Sospecha contra varios individuos por crímenes internacionales. Eurojust continúa apoyando estas investigaciones con una inversión significativa y ha establecido bases de datos para recopilar y analizar pruebas relacionadas con crímenes internacionales. La cooperación internacional es clave para avanzar en la justicia por los delitos cometidos durante el conflicto.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de corrupción en el sector sanitario de Chequia, arrestando a 22 personas y realizando 46 registros. La investigación revela que 16 sospechosos manipularon procesos de contratación pública, generando ganancias ilícitas en proyectos valorados en más de 160 millones de euros, financiados por la UE. Las acciones se llevaron a cabo con el apoyo de la Policía Nacional contra el Crimen Organizado. Los acusados enfrentan cargos por corrupción, fraude de subsidios y blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, prohibiéndole salir del país y obligándolo a comparecer quincenalmente. Estas decisiones fueron tomadas por el magistrado Leopoldo Puente en el marco de una investigación sobre la supuesta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. A pesar de la oposición de la defensa, que argumentó la falta de indicios de criminalidad, el instructor considera que existen elementos suficientes para justificar estas restricciones. La situación se enmarca en un contexto judicial donde se le atribuyen posibles delitos como tráfico de influencias y cohecho.

Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la Corte de Cagliari, Italia, en un caso de malos tratos a un menor por parte de su padre. La decisión se basa en que los hechos ocurrieron en Italia, donde el menor reside con su progenitor. A pesar de esta inhibición, el juzgado mantiene la suspensión provisional del regreso del menor a Italia. La madre y el hermano del niño habían presentado la denuncia, y ambas decisiones han sido respaldadas por el ministerio fiscal pero han sido recurridas. El caso destaca la aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre protección a menores en situaciones de riesgo.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha inhabilitado al alcalde de Villanueva de la Sierra por trece años debido a un delito de prevaricación. Aunque se le acusaba también de malversación, falsedad documental y estafa procesal, fue absuelto de esos cargos. La condena implica la pérdida definitiva del cargo, ya que se demostró que el alcalde autorizó pagos a proveedores a pesar de los reparos planteados por la secretaria interventora. La sentencia aún no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Para más detalles, visita el enlace.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas menores de cuatro años a las que cuidaba. Los hechos ocurrieron en verano de 2023, cuando el acusado fue contratado por la madre a través de la plataforma 'Topnanny'. La sentencia se basa en el testimonio de la mayor de las hermanas, quien relató los abusos. Aunque el tribunal no pudo probar que los delitos se repitieran en todas las ocasiones que el hombre cuidó a las niñas, sí lo condenó por dos delitos de agresión sexual. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Sofía, Bulgaria, investiga un caso de corrupción tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. Se alega que el director solicitó €10,225 de un contratista vinculado a un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. La investigación revela que el director pidió que parte de los fondos destinados a las obras se le devolviera en lugar de ser utilizados para su propósito original. Fue arrestado el 20 de febrero mientras aceptaba la primera parte del soborno. El caso sigue bajo investigación y se han presentado cargos en su contra.

El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha abierto juicio oral contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, por un delito de odio. La decisión incluye la solicitud de una fianza de 40.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas durante el proceso. Se espera que un juzgado de lo Penal se encargue del caso, mientras la Audiencia Provincial aún no ha resuelto el recurso relacionado con las diligencias previas. Este desarrollo legal subraya la gravedad de los indicios que apuntan a la responsabilidad penal del acusado en relación con los hechos investigados.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia de España, se reunió con Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en Madrid. Durante el encuentro, se discutió la cooperación jurídica entre ambos países, enfocándose en la lucha contra el crimen organizado, el intercambio ágil de antecedentes penales y la tramitación electrónica de solicitudes de cooperación. También participaron altos funcionarios chilenos y españoles, destacando la importancia de fortalecer los lazos en materia de justicia.