Justicia

Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La Audiencia de Navarra dictó la sentencia tras comprobar un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar con más de 30.000 euros a su familia por los daños causados. A pesar de tener órdenes de alejamiento, convivió con ellos hasta marzo de 2023, cuando se produjo una agresión grave en presencia de sus hijos. La sentencia incluye múltiples delitos relacionados con el maltrato y quebrantamiento de condena.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha rechazado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 respecto al regreso de un menor a Italia, argumentando que los hechos denunciados no corresponden a violencia de género. A pesar de esta decisión, el menor permanecerá en España debido a una orden provisional anterior. La situación genera un posible conflicto entre juzgados que deberá ser resuelto por el Decanato o la Audiencia de Granada. Además, se están tramitando diligencias sobre un presunto maltrato del padre hacia el menor ocurrido en Italia, aunque estas fueron archivadas provisionalmente por falta de indicios suficientes. Se ha solicitado la remisión urgente de los hechos a las autoridades judiciales italianas competentes.

Un Juzgado de lo Social en Cáceres ha fallado a favor de una mujer cuyo derecho a la prestación por cuidado de su hijo con una discapacidad del 93% fue denegado por la Seguridad Social. La demandante, enfermera, había solicitado la reducción de jornada y la prestación económica debido a la grave condición de su hijo, que presenta parálisis cerebral y discapacidad cognitiva severa. La sentencia subraya que el grado de dependencia requiere cuidados especiales más allá de los ordinarios. Aunque el fallo no es firme y puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, establece un precedente importante para los derechos de las familias con hijos discapacitados.

Los autores del asesinato del hostelero riojano Guillermo Castillo, ocurrido en Cuzcurrita, han sido condenados a un total de 54 años de prisión. Cada uno de los acusados recibió 23 años por asesinato y 4 años por robo en casa habitada, además de 10 años de libertad vigilada. La sentencia también impone una indemnización conjunta de 300.000 euros a los hijos de la víctima. Los hechos se produjeron en la madrugada del 2 de mayo de 2023, cuando los acusados, tras entrar en el domicilio de Castillo, lo agredieron brutalmente y lo dejaron encerrado antes de huir sin encontrar el dinero que buscaban. La muerte del hostelero se debió a un traumatismo craneoencefálico.

Paweł Wąsik asume como nuevo Miembro Nacional de Polonia en Eurojust, reemplazando a Marius Skowronski. Con 48 años y una sólida trayectoria como fiscal público, Wąsik ha estado en Eurojust desde 2016 y lidera el Equipo de Delitos Económicos. Su nombramiento se produce en un momento crucial, coincidiendo con la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea. Wąsik se compromete a fortalecer la cooperación judicial internacional contra el crimen grave y anuncia un aumento significativo en el equipo polaco a partir de 2025. Además, posee una Maestría en Derecho y experiencia en la lucha contra delitos económicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de 22 años y 11 meses de prisión a una mujer por el asesinato de su tía, de 84 años, tras provocar un incendio en su vivienda en San Fernando. La acusada fue hallada culpable por un jurado popular y también enfrenta cargos por apropiación indebida, hurto y lesiones, debiendo pagar una indemnización de más de 68.000 euros. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando la mujer inició el fuego mientras su tía dormía, lo que resultó en la muerte de la víctima al día siguiente debido a inhalación de humo. El TSJA desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa, reafirmando la validez de las pruebas indiciarias que sustentan la condena.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la Dana. La Sala argumenta que no existen indicios suficientes para investigar al aforado, tal como solicitó el Ministerio Fiscal. A pesar de reconocer la gravedad de los hechos ocurridos, los magistrados concluyen que no se puede atribuir responsabilidad penal sin pruebas concretas. La resolución permite a los denunciantes seguir con acciones legales en los Juzgados de Instrucción si lo desean.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha calificado de "incomprensible" la intención del PSOE de eliminar la acusación popular, un avance clave en la justicia democrática. Santiago argumenta que esta figura ha sido fundamental para perseguir delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, especialmente cuando las instituciones no actúan. Su crítica surge tras la proposición de ley del PSOE que busca restringir la acusación popular, justificándola como una medida para proteger derechos fundamentales. Santiago aboga por una reforma judicial profunda en lugar de limitar este mecanismo esencial para la justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado la condena de dos años y seis meses de prisión a un hombre por apropiarse de 91.650,80 euros de su tía enferma de Alzheimer. La sentencia detalla cómo el acusado manipuló las finanzas de su tía desde 2012, abriendo cuentas conjuntas y realizando transferencias y disposiciones en su beneficio, tanto durante la vida de la anciana como después de su fallecimiento en 2020. Además, se le impone una multa y el pago a los herederos de la mujer. Esta condena no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Los aspirantes a tres plazas de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo comenzarán su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Estas vacantes fueron generadas por la salida de los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano. Durante estos días también se llevarán a cabo las comparecencias para las presidencias de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales. Las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la web oficial del Poder Judicial.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta norma garantiza el acceso a la justicia y consolida derechos para las víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y estableciendo asistencia jurídica gratuita para mujeres y menores afectados por delitos sexuales. Además, se atribuyen competencias específicas al Ministerio Fiscal en temas de violencia de género y sexual. La ley también modifica el Estatuto de los Trabajadores para proteger a empleados con adaptaciones laborales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó varias veces contra la víctima desde su vehículo, lo que resultó en su muerte. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima. Esta decisión no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

En el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos por delitos de corrupción. De estos procesados, 18 son individuos y 4 entidades. Esta información proviene del Consejo General del Poder Judicial, que actualiza trimestralmente un repositorio público sobre casos de corrupción, reflejando la acción judicial en este ámbito. Durante este periodo se dictaron 12 sentencias relacionadas con corrupción, de las cuales 7 fueron condenatorias y 5 absolutorias.