La reciente Ley impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha establecido una nueva obligación en el ámbito judicial: los ciudadanos deberán intentar resolver sus conflictos de manera extrajudicial antes de presentar una demanda. Esta normativa, que contempla excepciones como la tutela de derechos fundamentales, casos de filiación, procedimientos concursales, medidas cautelares y situaciones de violencia de género, busca fomentar el diálogo y reducir la carga en los tribunales.
Entre los mecanismos propuestos para alcanzar un acuerdo se encuentran la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, las ofertas vinculantes confidenciales, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes. Con esta iniciativa, se pretende transitar hacia una cultura del acuerdo, alejándose del litigio y ofreciendo a los ciudadanos una vía más ágil y eficiente para resolver sus disputas.
Impacto en el sistema judicial
Además de promover soluciones extrajudiciales, la ley introduce cambios significativos en el sistema de costas judiciales. Los jueces evaluarán si alguna de las partes se negó a buscar una solución consensuada, lo que influirá en la decisión sobre las costas del proceso.
Por otro lado, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que comenzará a implementarse gradualmente desde el 1 de julio de 2025, promete transformar profundamente la organización judicial. Esta reforma tiene como objetivo crear un sistema más ágil y flexible que pueda responder mejor a la congestión actual en los juzgados.
Nueva estructura judicial
La legislación prevé convertir los actuales 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia. Cada uno estará respaldado administrativamente por una Oficina Judicial, lo que permitirá una mayor especialización y homogeneización en las prácticas jurisdiccionales.
Asimismo, se contempla aumentar el número de plazas judiciales según sea necesario. La creación de nuevas plazas ya no estará atada a la apertura de nuevos juzgados; esto permitirá reinvertir ahorros estimados en alrededor de 300.000 euros en habilitar más puestos dentro del sistema judicial.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué establece la nueva ley sobre la obligación de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial?
La nueva ley establece que, salvo ciertas excepciones, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. Esto incluye mecanismos como mediación, conciliación y negociación directa entre las partes.
¿Cuáles son las excepciones a esta obligación?
Las excepciones incluyen casos relacionados con la tutela de derechos fundamentales, filiación, procedimientos concursales, medidas cautelares y situaciones de violencia de género, entre otros.
¿Cómo impactará esta ley en el sistema judicial?
La ley busca reducir la carga de trabajo de los tribunales al fomentar una cultura del diálogo y el acuerdo, ofreciendo a los ciudadanos vías más rápidas y eficientes para la resolución de conflictos.
¿Qué cambios se realizarán en el sistema de costas judiciales?
Los tribunales valorarán si alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo que influirá en el criterio para imponer costas judiciales.
¿Qué reformas adicionales se prevén para la organización judicial?
Se prevé una reforma profunda que transformará los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, permitiendo una mayor especialización y agilidad en la respuesta ante la congestión judicial.
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