Justicia

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" tras sus denuncias sobre los 'protocolos de la vergüenza' en residencias durante la pandemia. En una entrevista en Telemadrid, Ayuso cuestionó la veracidad de las cifras de muertes y acusó a las familias de inventar la cifra de 7.291 fallecidos. Esta declaración se produce mientras tres ex altos cargos de su gobierno están imputados por estos protocolos. Ayuso defendió su gestión y criticó a quienes utilizan el tema políticamente, afirmando que su administración ha sido respaldada por la justicia en múltiples ocasiones.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la primera ola del COVID-19 eran discriminatorios y excluían a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién recibía atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en que casi el 80% de los ancianos en residencias murieran sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus superiores sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. Esta declaración resalta la lucha por justicia de las familias afectadas y cuestiona las decisiones políticas tomadas durante la crisis sanitaria.

Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, destaca los siete años de gobierno progresista en España, enfatizando los avances en derechos, crecimiento económico y récord de empleo. En un contexto de críticas hacia la oposición, calificada como "de cloaca", López asegura que España seguirá avanzando a pesar de las campañas de odio. Además, se pronuncia sobre la investigación de protocolos en residencias durante la pandemia, reafirmando su compromiso con la justicia para las víctimas. Para más información, visita el enlace.

El 19 de mayo, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro personas, incluidos un menor, por un robo en Matadepera. Se encontraron objetos robados en su vehículo. Las investigaciones revelaron su participación en varios robos violentos y con fuerza en la región. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial.

Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación por la falta de responsables que comparezcan ante la justicia tras el primer desfile de imputados relacionados con los 'protocolos de la vergüenza' en residencias madrileñas durante la pandemia. La portavoz federal, Eva García Sempere, mostró su solidaridad con las familias afectadas y destacó la importancia de que el Partido Popular asuma responsabilidades políticas. Las imputaciones llegan tras años de lucha por justicia y se refieren a altos cargos del gobierno madrileño implicados en decisiones que resultaron en miles de muertes evitables. IU insiste en que es fundamental actuar contra la impunidad y exigir consecuencias políticas por esta tragedia. Para más detalles, visita el enlace.

Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en los 'protocolos de la vergüenza' que llevaron a la muerte de 7.291 ancianos en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las víctimas, que llevaban años esperando respuestas sobre la negativa a trasladar a los enfermos a hospitales, denuncian esta situación como una "maniobra dilatoria". La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados habían sido notificados correctamente. Esta causa se reabrió tras una denuncia colectiva por presunta discriminación en el acceso al servicio sanitario. Los afectados continúan exigiendo justicia y claridad sobre las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria.

Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con las más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del 'protocolo técnico', son considerados responsables de los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos. La citación se produce tras la reapertura de una causa archivada, impulsada por una denuncia colectiva de familiares de víctimas. Las organizaciones demandantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en estas decisiones. Este caso marca un hito en la judicialización de la gestión sanitaria durante la crisis del COVID-19 en España.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresa su preocupación por las órdenes de captura emitidas contra los miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Guterres reafirma que el personal internacional de la CICIG cuenta con inmunidad judicial por sus acciones en el ejercicio de su misión. Esta situación resalta la importancia del trabajo de la CICIG en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Una exreclusa que convivió con Ana Julia Quezada en la cárcel ha revelado que la asesina de Gabriel Cruz amenazó de muerte a la madre del niño, Patricia Ramírez. Según su testimonio, estas amenazas se produjeron en varias ocasiones y delante de testigos. La excompañera de prisión advirtió a Patricia tras salir de la cárcel, afirmando que Ana Julia podría cumplir sus amenazas, especialmente después de la cancelación de un documental sobre ella. Además, confirmó que Quezada disfrutaba de privilegios en prisión, incluyendo acceso a teléfonos móviles. Este caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 1 de Almería.

Un juez federal ha bloqueado el plan de Donald Trump para prohibir a Harvard admitir estudiantes extranjeros, ampliando un bloqueo previo que duraba dos semanas. Esta decisión se produce tras la denuncia de la universidad, que argumenta que la medida viola sus derechos bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Más de 7,000 estudiantes, incluyendo a la heredera de la corona belga, enfrentan incertidumbre debido a esta política migratoria. La Universidad de Harvard sostiene que los planes de Trump han tenido un impacto devastador en su comunidad académica.

La Policía Nacional ha detenido a un miembro de los Trinitarios que era buscado por la justicia británica tras haber cometido un homicidio. Este individuo tenía una Orden Internacional de Detención emitida por el Reino Unido, donde podría enfrentar una pena de cadena perpetua. La detención se produjo en relación con hechos ocurridos el 14 de un mes no especificado. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Nápoles ha confiscado activos por valor de 1,1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en fondos agrícolas. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en la provincia de Salerno, involucra a 14 individuos de un total de 39 sospechosos, incluyendo funcionarios públicos y un oficial de policía. Se descubrió que el grupo criminal solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural mediante información falsa, con la complicidad de funcionarios en la región de Campania. Además, se investiga la corrupción relacionada con promesas de comisiones a los funcionarios implicados. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Dos fugitivos, padre e hijo, han sido detenidos en Málaga por las autoridades españolas a solicitud de Italia, donde enfrentan órdenes europeas de detención por tráfico de drogas. Ambos podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión. Esta operación destaca la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Para más información, visita el enlace.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en su plataforma, tras recibir respaldo judicial para esta acción. La Justicia ha instado a la empresa a retirar inicialmente 5.800 anuncios que no cumplen con la normativa vigente sobre publicidad de alojamientos turísticos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de número de licencia, la omisión de la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso de licencias incorrectas. Esta medida busca combatir la ilegalidad en el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores.