La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas investigativas urgentes en relación con un posible abuso de posición y autoridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. Esta investigación se centra en el uso ilegal de fondos provenientes del Fondo de Seguridad Interna y del presupuesto estatal croata. Tras interrogar a los sospechosos, se tomarán decisiones sobre los próximos pasos a seguir. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.
En 2024, la media diaria de denuncias por violencia de género en España fue de 544, una ligera disminución del 0,09% en comparación con el año anterior. Se registraron un total de 199.094 denuncias, mientras que el número de mujeres víctimas descendió un 4,96%, alcanzando las 183.908. Las órdenes de protección acordadas también mostraron una caída del 6,5%, aunque las sentencias condenatorias aumentaron un 3,32%. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74,2, siendo Baleares la comunidad con la mayor incidencia. A pesar de la disminución en las cifras generales, el porcentaje de denuncias presentadas directamente por las víctimas se mantuvo estable en un 72,11%.
El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Penal Central de España condenó al administrador de una empresa por fraude al obtener subvenciones de la UE destinadas a la promoción del vino español en mercados externos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó el caso a juicio, donde se demostró que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades promocionales que no se realizaron, sumando más de 55,000 euros en reclamaciones fraudulentas. El condenado recibió una multa y perdió el derecho a recibir ayudas públicas, además de tener que reembolsar el monto defraudado. Este caso destaca la labor de la EPPO en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
Dani Alves ha sido absuelto de la condena por violación tras 437 días en prisión, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La sentencia se basa en la falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante y las múltiples versiones que el exfutbolista presentó sobre los hechos ocurridos en una discoteca de Barcelona. Desde negar conocer a la víctima hasta admitir relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol, sus declaraciones han cambiado drásticamente. A pesar de las pruebas biológicas que respaldan la versión de la víctima, Alves ha logrado su absolución. Este caso ha generado gran atención mediática y debate sobre la credibilidad de los testimonios en casos de agresión sexual. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de once años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su pareja en Huelva, tras amenazarla con difundir un vídeo íntimo. La sentencia incluye una indemnización de 30.000 euros a la víctima por daño moral. El acusado, que se encuentra en prisión, intentó apelar la decisión, pero el TSJA desestimó su recurso, argumentando que las pruebas eran válidas y suficientes para sostener la condena. Además, se le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años. Esta resolución refuerza el compromiso del sistema judicial español en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha condenado a un año y medio de prisión al acusado de homicidio imprudente por la muerte de un jardinero en la urbanización Las Vaguadas. La sentencia establece que la pelea entre el acusado y la víctima fue determinante para el fallecimiento, que se produjo tras un golpe durante el altercado. Además, el tribunal impone indemnizaciones significativas a los familiares del fallecido, que suman más de 200.000 euros en total. La condena incluye una atenuante por embriaguez, aunque se considera que el acusado era consciente de sus acciones. Esta sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha citado a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé P.T., y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio A.T., en relación con la gestión de la Dana en Valencia. La investigación se centra en presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, tras elevarse a 225 el número de víctimas mortales. La magistrada ha criticado la tardanza en las alertas emitidas y la falta de decisiones adecuadas por parte de las autoridades competentes durante el evento meteorológico. Mientras tanto, se ha rechazado la declaración del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque puede solicitarla voluntariamente. Para más detalles, visita el enlace.
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La nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en España, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, establece la obligación de intentar una solución extrajudicial antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil. Esta normativa, que entra en vigor el 1 de julio de 2025, busca fomentar el diálogo y reducir la carga en los tribunales. Se contemplan diversos mecanismos como mediación y conciliación. Además, se prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y eficiente, transformando los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia y aumentando la especialización judicial. Para más detalles, visita el enlace.
La ONU ha exigido respuestas y justicia tras el trágico tiroteo de médicos, socorristas y trabajadores humanitarios en Gaza, ocurrido el 23 de marzo. Estos profesionales, claramente identificados, estaban atendiendo a heridos cuando fueron atacados por fuerzas israelíes. La comunidad internacional observa con preocupación este incidente que pone de relieve los riesgos que enfrentan los trabajadores humanitarios en zonas de conflicto. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
El Tribunal del Condado de Zagreb ha condenado a dos individuos, incluyendo un funcionario público, y a una empresa constructora por abuso de poder en relación con la construcción de una planta de clasificación de residuos en Croacia. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo, reveló manipulación en el proceso de licitación que favoreció a la empresa seleccionada, resultando en un sobreprecio de más de 319,000 euros. La empresa deberá pagar una multa de 400,000 euros y devolver el monto inflado. Los condenados incluyen un diseñador de documentación del proyecto y un funcionario municipal, quienes aceptaron los cargos mediante acuerdos de culpabilidad. Las investigaciones continúan para otros implicados.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha dado un nuevo giro al caso que rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Un Juzgado de Cambados ha condenado a dos propietarios de bares por piratear partidos de LALIGA, imponiéndoles multas y indemnizaciones. Las sentencias declaran que ambos emitieron partidos sin autorización, violando el artículo 286.4 del Código Penal. La Liga Nacional de Fútbol Profesional había denunciado estas prácticas ilegales, que afectan al mercado y a los derechos de los consumidores. En total, hay alrededor de diez procedimientos abiertos en Cambados por casos similares. Las sentencias son firmes y no admiten recurso. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha revocado la expulsión de un transportista montenegrino condenado a 1 año y 6 meses de prisión por intento de agresión sexual. La corte consideró que la expulsión, decretada previamente, impediría al condenado continuar su actividad laboral como conductor internacional, afectando su vida familiar y profesional. Los hechos ocurrieron en un bar en Berriozar, donde el acusado intentó agredir sexualmente a una mujer en estado de semiinconsciencia. Tras estimar desproporcionada la medida de expulsión, el tribunal también suspendió el ingreso en prisión del condenado, quien había indemnizado a la víctima y carecía de antecedentes penales. Para más detalles, visita el enlace.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decidido internar en régimen cerrado a tres menores detenidos por la muerte de una educadora social en una vivienda tutelada. Esta medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía de Menores de Badajoz, que investiga los delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial. El juzgado, que actuó como guardia, se inhibirá a favor del Juzgado de Menores de Badajoz para continuar con el caso.
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