Justicia

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a prisión a dos hombres por robar colchones de un almacén y venderlos a bajo precio por Internet. Uno de los condenados recibió una pena de dos años y tres meses por robo con fuerza, mientras que el segundo fue sentenciado a un año y ocho meses por receptación. Los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 2022, cuando el ladrón sustrajo hasta ocho colchones, algunos en buen estado, para luego venderlos a través de una plataforma online. La sentencia también impone una indemnización de 1.785 euros a la empresa afectada.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó el papel del Ministerio Fiscal en la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la Carrera Fiscal en Madrid. En su intervención, subrayó la importancia de la Fiscalía como defensora del Estado de derecho y anunció que esta promoción será la primera en trabajar en los nuevos Tribunales de Instancia. Bolaños también resaltó la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por avances en digitalización y modernización, incluyendo el Real Decreto-Ley 6/2023 que facilita procedimientos telemáticos. Además, se mencionaron las Becas SERÉ para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia.

Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La Audiencia de Navarra dictó la sentencia tras comprobar un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar con más de 30.000 euros a su familia por los daños causados. A pesar de tener órdenes de alejamiento, convivió con ellos hasta marzo de 2023, cuando se produjo una agresión grave en presencia de sus hijos. La sentencia incluye múltiples delitos relacionados con el maltrato y quebrantamiento de condena.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha rechazado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 respecto al regreso de un menor a Italia, argumentando que los hechos denunciados no corresponden a violencia de género. A pesar de esta decisión, el menor permanecerá en España debido a una orden provisional anterior. La situación genera un posible conflicto entre juzgados que deberá ser resuelto por el Decanato o la Audiencia de Granada. Además, se están tramitando diligencias sobre un presunto maltrato del padre hacia el menor ocurrido en Italia, aunque estas fueron archivadas provisionalmente por falta de indicios suficientes. Se ha solicitado la remisión urgente de los hechos a las autoridades judiciales italianas competentes.

Un Juzgado de lo Social en Cáceres ha fallado a favor de una mujer cuyo derecho a la prestación por cuidado de su hijo con una discapacidad del 93% fue denegado por la Seguridad Social. La demandante, enfermera, había solicitado la reducción de jornada y la prestación económica debido a la grave condición de su hijo, que presenta parálisis cerebral y discapacidad cognitiva severa. La sentencia subraya que el grado de dependencia requiere cuidados especiales más allá de los ordinarios. Aunque el fallo no es firme y puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, establece un precedente importante para los derechos de las familias con hijos discapacitados.

Los autores del asesinato del hostelero riojano Guillermo Castillo, ocurrido en Cuzcurrita, han sido condenados a un total de 54 años de prisión. Cada uno de los acusados recibió 23 años por asesinato y 4 años por robo en casa habitada, además de 10 años de libertad vigilada. La sentencia también impone una indemnización conjunta de 300.000 euros a los hijos de la víctima. Los hechos se produjeron en la madrugada del 2 de mayo de 2023, cuando los acusados, tras entrar en el domicilio de Castillo, lo agredieron brutalmente y lo dejaron encerrado antes de huir sin encontrar el dinero que buscaban. La muerte del hostelero se debió a un traumatismo craneoencefálico.

Paweł Wąsik asume como nuevo Miembro Nacional de Polonia en Eurojust, reemplazando a Marius Skowronski. Con 48 años y una sólida trayectoria como fiscal público, Wąsik ha estado en Eurojust desde 2016 y lidera el Equipo de Delitos Económicos. Su nombramiento se produce en un momento crucial, coincidiendo con la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea. Wąsik se compromete a fortalecer la cooperación judicial internacional contra el crimen grave y anuncia un aumento significativo en el equipo polaco a partir de 2025. Además, posee una Maestría en Derecho y experiencia en la lucha contra delitos económicos.

La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como un Porsche Cayenne y 135.000 euros en efectivo. También se ha condenado a tres meses de prisión al empresario Francisco Menéndez Rubio por cohecho activo. A pesar de las atenuantes, la pena se mantiene debido a la gravedad del delito y la posición de responsabilidad del acusado.

Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión en Valencia por agredir sexualmente a su hijo menor durante unas vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, tras comprobar que el padre realizó tocamientos inapropiados y se masturbó frente al niño. Además, se le inhabilita para ejercer la patria potestad durante seis años y deberá indemnizar al menor con 5.000 euros por daños morales. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha calificado de "incomprensible" la intención del PSOE de eliminar la acusación popular, un avance clave en la justicia democrática. Santiago argumenta que esta figura ha sido fundamental para perseguir delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, especialmente cuando las instituciones no actúan. Su crítica surge tras la proposición de ley del PSOE que busca restringir la acusación popular, justificándola como una medida para proteger derechos fundamentales. Santiago aboga por una reforma judicial profunda en lugar de limitar este mecanismo esencial para la justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado la condena de dos años y seis meses de prisión a un hombre por apropiarse de 91.650,80 euros de su tía enferma de Alzheimer. La sentencia detalla cómo el acusado manipuló las finanzas de su tía desde 2012, abriendo cuentas conjuntas y realizando transferencias y disposiciones en su beneficio, tanto durante la vida de la anciana como después de su fallecimiento en 2020. Además, se le impone una multa y el pago a los herederos de la mujer. Esta condena no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Los aspirantes a tres plazas de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo comenzarán su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Estas vacantes fueron generadas por la salida de los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano. Durante estos días también se llevarán a cabo las comparecencias para las presidencias de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales. Las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la web oficial del Poder Judicial.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta norma garantiza el acceso a la justicia y consolida derechos para las víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y estableciendo asistencia jurídica gratuita para mujeres y menores afectados por delitos sexuales. Además, se atribuyen competencias específicas al Ministerio Fiscal en temas de violencia de género y sexual. La ley también modifica el Estatuto de los Trabajadores para proteger a empleados con adaptaciones laborales.