Justicia

El 'caso Cerdán' destaca la creciente preocupación por la manipulación de audios y deepfakes en el ámbito judicial. Santos Cerdán, acusado de corrupción, niega reconocer ciertos audios que lo implican, sugiriendo que podrían estar manipulados. Aunque los peritos descartan esta posibilidad por ahora, la justicia debe prepararse ante los avances tecnológicos que facilitan la creación de pruebas falsas. El juicio no solo es crucial para Cerdán, sino también para el sistema judicial, que enfrenta el reto de adaptarse a una nueva realidad digital donde las evidencias son cada vez más difíciles de verificar. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en un municipio de la región de Štajerska, investigando irregularidades en un proyecto de renovación de una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que se declararon costos falsos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha llevado a cabo varias búsquedas en una investigación sobre corrupción pasiva y abuso de poder relacionados con fondos europeos para programas marítimos y pesqueros. Las operaciones se centraron en residencias y oficinas en Sofía y Oryahovo, involucrando a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Se sospecha que un alto funcionario solicitó un soborno de €230,088 para aprobar un pago por el desarrollo de una granja piscícola, además de manipular evaluaciones de proyectos para beneficiar a empresas no calificadas. La investigación también reveló sobreprecios en contratos financiados por la Unión Europea. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La familia de Abderrahim, un hombre de 35 años asfixiado por un policía fuera de servicio en Torrejón de Ardoz, Madrid, clama justicia tras su trágica muerte. Según testigos, el agente lo inmovilizó con fuerza extrema durante más de diez minutos mientras varios vecinos suplicaban que lo soltaran. Los familiares afirman que esto fue un asesinato y cuestionan si la actuación del policía estuvo motivada por racismo. Además, se ha revelado que ambos agentes involucrados dieron positivo en alcohol. La investigación continúa mientras crece la indignación pública y el pedido de justicia en redes sociales.

El 12 de junio de 2025, un tribunal en Zagreb condenó a la exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La sentencia se deriva de una investigación del Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que reveló irregularidades en un proceso de contratación pública en 2017, donde la ministra favoreció a un empresario al inflar el valor estimado del contrato. Se estima que el daño al presupuesto de la UE supera el millón de euros. La exministra se declaró culpable y pagó 200,000 euros como compensación parcial. Los procedimientos contra otros acusados continúan.

La jueza María Tardón ha decidido liberar a Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior, tras determinar que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas en el marco de la 'Operación Borrasca'. Esta decisión se produce después de una solicitud de excarcelación por parte de la Fiscalía, respaldada por un informe policial que asegura que las pruebas clave están aseguradas. Martínez, quien estuvo en prisión preventiva desde el 29 de mayo, está acusado de blanqueo de capitales y organización criminal. Se espera que continúe vinculado al caso con posibles medidas cautelares.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresa su preocupación por las órdenes de captura emitidas contra los miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Guterres reafirma que el personal internacional de la CICIG cuenta con inmunidad judicial por sus acciones en el ejercicio de su misión. Esta situación resalta la importancia del trabajo de la CICIG en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido su posición tras la petición del juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para que lo investigue por el caso relacionado con Cristina Álvarez. Bolaños afirma que la exposición razonada para imputarle "no se sostiene" y contiene "errores de bulto". Durante su comparecencia, reiteró su confianza en el sistema judicial y aseguró que no tiene nada que temer, destacando que nunca afirmó que Raúl Díaz nombrara a Álvarez como asistente de Begoña Gómez. También desmintió que la actividad de Álvarez dependiera de su departamento.

Durante el primer trimestre de 2025, las denuncias por violencia de género en España aumentaron un 4,28% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 47.865 denuncias. A pesar de este incremento, el número de mujeres que denunciaron como víctimas se mantuvo casi sin cambios. El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género también reveló una disminución del 5,94% en las órdenes de protección acordadas y un descenso similar en las solicitudes. La mayoría de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, representando el 70,49% del total. Además, el 81,42% de las sentencias dictadas fueron condenatorias. Estos datos reflejan la necesidad de mejorar la atención y apoyo a las víctimas en un contexto donde la violencia machista sigue siendo una preocupación significativa.

José Luis Ábalos, exministro de Fomento, ha roto su silencio en una entrevista con la 'Cadena Ser', expresando que se siente "un gilipollas" y "utilizado por Cerdán". Reconoce haber sido parte de un triángulo de supuesta corrupción junto a Santos Cerdán y Koldo García. Ábalos no descarta ningún escenario judicial mientras se prepara para declarar ante el Tribunal Supremo. Ha manifestado su enfado hacia Pedro Sánchez por el trato recibido y ha negado cualquier implicación en financiación ilegal o mordidas. Además, se ha referido a un disco duro encontrado durante un registro de la UCO, donde guardaba información relevante sobre su defensa y conversaciones políticas.

Un hombre de 39 años ha sido detenido en Donostia / San Sebastián por la Ertzaintza, acusado de agresión sexual continuada contra una mujer en un contexto de violencia doméstica. La detención se produjo tras la denuncia de la víctima el pasado jueves. El presunto agresor fue presentado ante la autoridad judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión. La policía activó un protocolo integral para asistir a la víctima, asegurando su atención médica y apoyo durante el proceso legal.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, enfrenta un dilema entre dimitir o resistir tras ser procesado por filtrar mensajes relacionados con fraudes fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus defensores argumentan que no hay pruebas concluyentes y que su renuncia podría amenazar el Estado de derecho. En contraste, asociaciones de fiscales y el Partido Popular exigen su dimisión, alegando que su situación compromete la credibilidad de la Fiscalía. Este conflicto no solo es judicial, sino también político, con el Gobierno instando a García Ortiz a mantenerse en su puesto mientras se resuelve su caso. La tensión entre aspectos legales y políticos marca un momento crítico para la Fiscalía.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos, a quien calificó de "canalla" tras sus denuncias sobre los 'protocolos de la vergüenza' en residencias durante la pandemia. En una entrevista en Telemadrid, Ayuso cuestionó la veracidad de las cifras de muertes y acusó a las familias de inventar la cifra de 7.291 fallecidos. Esta declaración se produce mientras tres ex altos cargos de su gobierno están imputados por estos protocolos. Ayuso defendió su gestión y criticó a quienes utilizan el tema políticamente, afirmando que su administración ha sido respaldada por la justicia en múltiples ocasiones.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la primera ola del COVID-19 eran discriminatorios y excluían a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién recibía atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en que casi el 80% de los ancianos en residencias murieran sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus superiores sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. Esta declaración resalta la lucha por justicia de las familias afectadas y cuestiona las decisiones políticas tomadas durante la crisis sanitaria.