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El Gobierno español aprobará el próximo martes un proyecto de ley que reformará la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, otorgando a los fiscales la responsabilidad de la instrucción de los casos y excluyendo a los partidos políticos de la acusación popular. Esta nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, busca modernizar el proceso penal y garantizar la autonomía del fiscal general del Estado, cuyo mandato se ampliará a cinco años. Además, se establecerá un juez de garantías para supervisar las investigaciones penales y se simplificará el sistema de recursos. La reforma también incluye medidas para proteger a las víctimas y mejorar la lucha contra la criminalidad mediante nuevas herramientas tecnológicas.

El juez Ángel Luis Hurtado ha reducido la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de 150.000 a 75.000 euros, tras abrir juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión se produce después de que la acusación particular solicitara la corrección de un error en el cálculo inicial que incluía una posible multa. García Ortiz había presentado un aval por el monto original y ahora deberá rehacerlo para ajustarse a la nueva cantidad. La defensa del fiscal también había planeado apelar la fianza anterior, considerándola desproporcionada.

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para imputar al ministro Félix Bolaños en el caso de Begoña Gómez, argumentando la "absoluta ausencia de cualquier delito". La Sala Penal del Supremo concluyó que no había indicios suficientes para abrir una causa penal contra Bolaños por malversación y falso testimonio. Según el auto emitido, las acusaciones carecían de respaldo probatorio y se basaban en meras hipótesis. El tribunal enfatizó que no existían pruebas objetivas que respaldaran las imputaciones, lo que llevó a desestimar la causa.

Santos Cerdán ha sido ingresado en prisión provisional sin fianza por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien considera que existe un "riesgo real" de destrucción de pruebas en su caso. A diferencia de otros implicados como José Luis Ábalos y Koldo García, quienes fueron liberados con medidas cautelares, Cerdán enfrenta serias acusaciones de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El magistrado destaca que hay "notabilísimos indicios" de su participación en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación ilícita de obras públicas, donde se estima que podrían haberse recibido más de 5 millones de euros en comisiones. La decisión del juez se basa en la falta de tiempo para investigar a Cerdán adecuadamente y la posibilidad de que pueda ocultar o destruir evidencia clave para la investigación.

El abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que envió un correo a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales a petición de su cliente, quien buscaba una solución que causara "menos ruido". Durante su testimonio en el Tribunal Supremo, el letrado explicó que presentó esta confesión para agilizar el proceso legal y evitar un juicio. La filtración del correo está relacionada con la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Neira también admitió no haber reenviado el correo original al fiscal y se acogió al secreto profesional respecto a contactos posteriores con la Fiscalía.

La filtración de los whatsapps privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ha generado un gran revuelo en España. Cuatro posibles escenarios se contemplan desde Moncloa sobre el origen de esta información: el Tribunal Supremo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Koldo García, exasesor de Ábalos, y el propio exministro. Mientras algunos apuntan a la UCO como responsable, otros sugieren que Koldo podría haber tenido acceso a los mensajes durante años. Ábalos, por su parte, no confirma ni desmiente su implicación en la filtración. La situación sigue siendo incierta y se anticipa que más conversaciones entre figuras del PSOE saldrán a la luz en las próximas horas. Para más detalles, visita el enlace original.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont en relación con el delito de malversación de caudales públicos. Esta resolución desestima los recursos presentados por diversas partes, incluyendo al Ministerio Fiscal y el partido VOX. El tribunal argumenta que la interpretación de "beneficio personal de carácter patrimonial" incluye tanto el aumento de activos como la no disminución del pasivo, dado que los investigados se beneficiaron al cargar gastos a la administración autonómica sin interés público. La decisión se fundamenta en una interpretación precisa y legalista de la normativa, rechazando cualquier alegato en contrario. Para más información, visita el enlace.

El abogado de José Luis Ábalos, quien fue despedido a solo 48 horas de su declaración en el Tribunal Supremo, ha expresado su enfado y ha afirmado que el exministro debería prepararse solo o con otros abogados con los que ha estado reuniéndose a sus espaldas. A pesar del despido, el juez Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia de Ábalos a su defensa, obligándolo a comparecer con su abogado actual. Este movimiento se interpreta como un intento de aplazar su declaración como investigado en un caso relacionado con comisiones por adjudicaciones de obras públicas. La audiencia está programada para este miércoles a las 10:00 horas.

El BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo el veto temporal del Gobierno a su fusión con Banco Sabadell, que impone condiciones como la gestión independiente y la prohibición de despidos durante al menos tres años. La entidad busca mantener viva su oferta pública de adquisición (opa) y argumenta que las nuevas exigencias del Ejecutivo son un endurecimiento inaceptable. El recurso se presenta en un contexto donde el Ministerio de Economía defiende que actuó conforme a la legislación, permitiendo imponer condiciones adicionales por interés general. Ahora, el Tribunal Supremo decidirá si admite a trámite la impugnación presentada por el BBVA.

Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y figura de la extrema derecha, ha admitido haber recibido 100.000 euros en efectivo por una charla de media hora, durante su declaración ante el Tribunal Supremo. Aseguró que este pago fue para gastos personales y no para la campaña de su partido 'Se Acabó La Fiesta', aunque reconoció haber utilizado parte del dinero para sufragar viajes relacionados con la campaña. El pago se realizó en un maletín negro y fue entregado por dos trabajadores de CrytoSpain. Esta declaración se produce en el contexto de una investigación por presunta financiación ilegal, estafa y blanqueo de capitales.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido su posición tras la petición del juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para que lo investigue por el caso relacionado con Cristina Álvarez. Bolaños afirma que la exposición razonada para imputarle "no se sostiene" y contiene "errores de bulto". Durante su comparecencia, reiteró su confianza en el sistema judicial y aseguró que no tiene nada que temer, destacando que nunca afirmó que Raúl Díaz nombrara a Álvarez como asistente de Begoña Gómez. También desmintió que la actividad de Álvarez dependiera de su departamento.

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha declarado ante el Tribunal Supremo en relación a la filtración de un correo en el que su abogado reconocía delitos fiscales. González Amador sostiene que su abogado actuó sin su consentimiento y se queja del daño a su reputación al ser llamado "defraudador confeso". Durante su testimonio, reafirmó que no ha cometido ninguna ilegalidad y que había informado a la Agencia Tributaria sobre su inocencia. La investigación, liderada por el juez Ángel Hurtado, está en su fase final y también incluirá la declaración del abogado de González Amador.

Izquierda Unida ha expresado su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo de no investigar las denuncias por delitos fiscales contra Juan Carlos de Borbón. La formación política considera que esta resolución refleja un "pacto de impunidad" en las estructuras del Estado. La querella, presentada por ex magistrados y fiscales anticorrupción, fue desestimada nuevamente, al igual que una acción judicial anterior de Izquierda Unida. El magistrado Manuel Marchena, quien ha estado en el centro de controversias, es el encargado de este auto de inadmisión. Mientras tanto, el rey emérito continúa su vida en el extranjero, ajeno a la legislación fiscal española. Para más información, visita el enlace.