María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno español, ha respondido a las acusaciones de Víctor de Aldama, quien se encuentra en juicio por el caso mascarillas. Montero niega cualquier vínculo con las acusaciones y sostiene que forman parte de una estrategia de defensa de Aldama, quien ha estado en prisión por una inspección de Hacienda. La exvicepresidenta asegura que no existen pruebas en su contra y se muestra tranquila ante la situación. Además, defiende los rescates a aerolíneas como medidas auditadas y necesarias para proteger el empleo durante la pandemia.
La secretaria personal de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Ana María Aranda Jaraices, declaró ante el Tribunal Supremo que Jésica viajó con el ministro en 13 ocasiones, pero aseguró que nunca se utilizaron fondos públicos para estos viajes. Según Aranda, los gastos fueron cubiertos por Koldo García, quien utilizó una tarjeta de El Corte Inglés a su nombre. Durante su testimonio, también mencionó que Koldo García tenía la potestad para solicitar salvoconductos y que ella actuaba bajo sus indicaciones administrativas. La declaración se produce en el contexto del juicio por el 'caso mascarillas', donde se examinan posibles irregularidades en la gestión del ministerio.
El Tribunal Supremo ha reducido a 39.000 euros las costas procesales que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá pagar a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión se produce tras un recurso presentado por García Ortiz, quien consideraba excesiva la cantidad inicial de 79.942,70 euros. Además de las costas, García Ortiz fue condenado a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
El Partido Popular (PP) reafirma su intención de convocar al exministro José Luis Ábalos a la comisión del Senado sobre el caso Koldo, a pesar de que el Tribunal Supremo ha rechazado su comparecencia en esta ocasión. El PP argumenta que Ábalos es clave para esclarecer varios asuntos relacionados con la corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez. Por su parte, el PSOE critica la insistencia del PP, calificándola de "desesperada" y un abuso de las instituciones. La situación se complica ante la proximidad del juicio oral de Ábalos, lo que lleva al PP a posponer la fecha de la citación para no interferir en el proceso judicial.
El Tribunal Supremo ha informado al Congreso que no puede suspender al diputado José Luis Ábalos hasta que el auto de prisión provisional sea firme. La deliberación del recurso se llevará a cabo el 4 de diciembre de 2025. El Supremo aclara que, mientras el auto no sea firme, la Mesa del Congreso no puede aplicar la suspensión prevista en su reglamento. Ábalos y su exasesor Koldo García han ingresado en prisión por riesgo de fuga debido a las elevadas penas que se les imputan en el caso Koldo. Ambos están siendo procesados por un delito sin connotaciones violentas y podrían ser trasladados a un módulo con internos de perfiles similares en la cárcel de Soto del Real.
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanza en el Tribunal Supremo con la declaración de testigos clave. En este segundo día de audiencias, se destaca la comparecencia de Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, así como su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. La jefa de prensa de la Fiscalía General, María del Mar Hedo, ha señalado que Ayuso intentó "extender una sombra de sospecha" sobre la institución. Este caso está generando gran interés mediático y político en España.
El abogado de José Luis Ábalos, quien fue despedido a solo 48 horas de su declaración en el Tribunal Supremo, ha expresado su enfado y ha afirmado que el exministro debería prepararse solo o con otros abogados con los que ha estado reuniéndose a sus espaldas. A pesar del despido, el juez Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia de Ábalos a su defensa, obligándolo a comparecer con su abogado actual. Este movimiento se interpreta como un intento de aplazar su declaración como investigado en un caso relacionado con comisiones por adjudicaciones de obras públicas. La audiencia está programada para este miércoles a las 10:00 horas.
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Pedro Saura, ex secretario de Estado de Infraestructuras, declaró en el juicio del caso mascarillas que llamó a Víctor de Aldama tras una petición de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. Saura expresó su descontento por esta solicitud y la presencia de Aldama en su despacho para discutir un posible rescate de Air Europa. En su testimonio, destacó la importancia de ser escrupulosos en la tramitación del rescate debido a la situación política y legal del momento. Además, mencionó que las decisiones sobre las ayudas eran competencia de la SEPI y que había preocupación por los retrasos en el rescate.
El abogado de José Luis Ábalos ha cambiado su estrategia en el caso que involucra a Jéssica, una testigo clave y exnovia del exministro. En un intento por desacreditarla, ha insinuado que se dedicaba a la prostitución justo cuando ella ha comenzado a declarar sobre cómo Ábalos la colocó en empresas públicas sin que realmente trabajara. Jéssica, quien se identificó como dentista colegiada, refutó las acusaciones durante su testimonio en el Tribunal Supremo. Este giro en la defensa busca minimizar el impacto de sus declaraciones, que evidencian el uso indebido de influencia por parte de Ábalos.
El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad no enviar la causa del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García a la Audiencia Nacional, lo que significa que el juicio se llevará a cabo en el propio Supremo. Las defensas de ambos habían solicitado este traslado para retrasar el proceso, pero sus alegaciones han sido desestimadas. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras que las acusaciones piden hasta 30 años. Ambos están en prisión provisional desde noviembre pasado debido a un "riesgo extremo" de fuga. El juicio está previsto para abril, aunque aún no hay fecha confirmada.
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica en el caso de Samuel Luiz, reconociendo el asesinato como un delito de odio motivado por la orientación sexual. La Federación Estatal LGTBI+ y ALAS A Coruña celebran esta decisión como un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia el colectivo LGTBI+. Ambas entidades destacan la necesidad urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, dado el alarmante aumento de agresiones y discriminación en España. Se estima que una de cada cuatro personas LGTBI+ ha sufrido discriminación, y las agresiones han duplicado en el último año. La sentencia no solo reafirma la gravedad del crimen, sino que también subraya la importancia de abordar la violencia con medidas preventivas y educativas para garantizar la igualdad y proteger a las víctimas.
El Tribunal Supremo ha decidido imponer prisión provisional sin fianza al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Ambos enfrentan una noche en prisión tras el endurecimiento de las medidas cautelares. Esta decisión marca un momento crítico en el caso que involucra a estas figuras políticas.
El Gobierno español aprobará el próximo martes un proyecto de ley que reformará la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, otorgando a los fiscales la responsabilidad de la instrucción de los casos y excluyendo a los partidos políticos de la acusación popular. Esta nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, busca modernizar el proceso penal y garantizar la autonomía del fiscal general del Estado, cuyo mandato se ampliará a cinco años. Además, se establecerá un juez de garantías para supervisar las investigaciones penales y se simplificará el sistema de recursos. La reforma también incluye medidas para proteger a las víctimas y mejorar la lucha contra la criminalidad mediante nuevas herramientas tecnológicas.
El juez Ángel Luis Hurtado ha reducido la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de 150.000 a 75.000 euros, tras abrir juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión se produce después de que la acusación particular solicitara la corrección de un error en el cálculo inicial que incluía una posible multa. García Ortiz había presentado un aval por el monto original y ahora deberá rehacerlo para ajustarse a la nueva cantidad. La defensa del fiscal también había planeado apelar la fianza anterior, considerándola desproporcionada.
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