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Yolanda Díaz ha calificado de "auténticamente inconstitucional" el plan de migración del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien propone un 'visado por puntos' para migrantes. Durante una cumbre en Murcia, el PP abogó por políticas que incluyen el retorno de menores migrantes no acompañados. Díaz criticó que estas propuestas son similares a las de Vox y no respetan la Constitución ni los compromisos internacionales. Además, instó al Gobierno a regularizar a las 500.000 personas migrantes que actualmente se encuentran en España, enfatizando la importancia de garantizar sus derechos laborales.

El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, exigiendo su cese inmediato por la gestión deficiente de las pulseras antimaltrato. La moción, impulsada por el PP y Vox, recibió 170 votos a favor frente a 162 en contra. Se critica la negligencia en el sistema Cometa que supervisa estas pulseras, afectando a más de 4.500 mujeres. La diputada del PP, Patricia Rodríguez, denunció la hipocresía del Gobierno y exigió responsabilidades por los fallos que han puesto en riesgo a las víctimas. Desde el PSOE y Sumar se defendió que las víctimas han estado protegidas y se solicitaron soluciones inmediatas para corregir las deficiencias del sistema.

La controversia en torno a las pulseras antimaltrato ha generado una fuerte reacción política, especialmente entre el Partido Popular y Vox. Ambos partidos han criticado al Ministerio de Igualdad, exigiendo la dimisión de la ministra Ana Redondo por lo que consideran fallos en estos dispositivos, que según ellos ponen en riesgo a las mujeres frente a sus maltratadores. Vox ha ido más allá al afirmar sin pruebas que una mujer fue asesinada debido a un fallo en el sistema de alertas de estas pulseras. Desde el Gobierno, se rechazan estas acusaciones, argumentando que provienen de quienes niegan la violencia machista. La situación refleja un clima político tenso y polarizado sobre la cuestión de la violencia de género en España.

El almirante general Antonio Piñeiro, jefe del Estado Mayor de la Armada, ha respondido a Javier Ortega Smith de Vox, afirmando que la misión de la Armada no es combatir la inmigración ilegal, sino ayudar y rescatar a las personas en peligro en el mar. Durante su intervención en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, Piñeiro enfatizó que los buques militares están destinados a salvar vidas y no a apartar embarcaciones con inmigrantes. Además, destacó que la inmigración irregular es un problema gubernamental y que las Fuerzas Armadas pueden colaborar apoyando a los países de origen de los migrantes.

La exportavoz de Vox en Baleares, Idoia Ribas, ha denunciado presiones del partido para desviar fondos públicos hacia la Fundación Disenso, vinculada a Santiago Abascal. En una rueda de prensa, Ribas afirmó que el grupo parlamentario transfería hasta el 50% de su asignación al partido, y acusó a Vox de operar como una "estafa piramidal". También reveló intentos de la dirección nacional para forzar elecciones anticipadas en Baleares. La respuesta de Vox minimiza las acusaciones, calificándolas de un "pataleo" por parte de expulsados y defendiendo la legalidad de su financiación.

Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo de 2026, según anunció el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez. Sin embargo, esta fecha podría cambiar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide adelantar las elecciones generales. En ese caso, la comunidad ajustaría su calendario electoral. Vox está a la espera de la convocatoria oficial para anunciar a su candidato, que se prevé sea Carlos Pollán. En las últimas elecciones de 2022, el PP obtuvo 31 escaños, el PSOE 28 y Vox 13, con una mayoría absoluta establecida en 41 escaños.

Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, ha afirmado que el Partido Popular (PP) seguirá siendo un "partido desnortado" si no reconoce el genocidio en Gaza, según un informe de la Comisión de la ONU. Espadas instó al PP a dejar de lado su ambivalencia y alinearse con la legalidad internacional. Criticó la falta de coherencia del PP y su dependencia de la extrema derecha, señalando que los ciudadanos prefieren a quienes ofrecen propuestas auténticas. Además, abordó el tema de la inmigración, instando al PP a optar por un enfoque respetuoso hacia los migrantes en lugar de criminalizarlos.

Carlos Martínez, secretario general del PSOECyL, critica al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, describiéndolo como un "capitán sin rumbo" que dirige un partido cada vez más aislado y dependiente de Vox. Según Martínez, el PP ha perdido su conexión con la ciudadanía al adoptar posturas extremas y plagiar los postulados de la extrema derecha. Advierte que esta estrategia solo alejará aún más a los votantes. Además, denuncia las políticas de inmigración del PP como una repetición de discursos ultraderechistas y llama a la formación a volver a sus principios democráticos y de derechos humanos.

Revisando mis últimas reflexiones, observo que en cada una de ellas y de diferente manera, advierto del peligro que supone el avance político, social y mediático de las derechas extremas, VOX y PP.

La Fundación Disenso, dirigida por Santiago Abascal, ha generado controversia en Vox por destinar más de un millón de euros a "gastos de personal" en 2023, superando a fundaciones de otros partidos. Ex miembros del partido exigen transparencia debido a posibles implicaciones éticas y prácticas relacionadas con la corrupción.

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El Partido Popular (PP) y Vox han rechazado una moción del PSOE que buscaba reconocer la contribución económica, social y cultural de los inmigrantes en España. La votación resultó en 102 votos a favor y 145 en contra. La senadora Inma Sánchez Roca destacó que la inmigración es esencial para el crecimiento económico del país y que no representa una amenaza, sino que su falta de integración sí lo es. Otros miembros del PSOE también criticaron la postura de la derecha, señalando la hipocresía de utilizar a los inmigrantes para trabajos esenciales mientras se les deshumaniza. La discusión refleja tensiones políticas sobre la inmigración y su impacto en la sociedad española.

El Gobierno español ha sufrido una nueva derrota en el Congreso, donde la ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada por los votos en contra del PP, Vox y Junts. A pesar del respaldo de los socios de investidura, la propuesta no logró avanzar. La oficina buscaba prevenir e investigar la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Durante el debate, se cuestionó la efectividad de la iniciativa, con críticas sobre su posible politización. Esta situación refleja las dificultades del Gobierno para implementar reformas significativas en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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