Vox enfrenta tensiones internas, con su líder Santiago Abascal desestimando las críticas de purgados que piden un congreso para discutir el rumbo del partido. Abascal califica estas demandas como "pijadas" y sostiene que los ataques provienen de externos que no soportan el éxito de Vox. Los exmiembros del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, argumentan que las decisiones son arbitrarias y piden una reestructuración interna. Sin embargo, fuentes indican que Vox no tiene planes de convocar un congreso hasta 2028. La situación refleja una creciente disidencia en la formación política.
Desde hace años se viene afirmando que asistimos a una ola reaccionaria a escala mundial que hace inevitable que todos los países democráticos acaben siendo “conquistados” por la extrema derecha. Esta idea va calando en la opinión pública, también gracias a la opinión publicada, como si fuera un destino en ocasiones inexorable y en ocasiones deseable.
Vox ha decidido expulsar de manera definitiva a Ortega Smith, exsecretario general del partido, tras su negativa a dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. La formación considera que su comportamiento constituye una "infracción muy grave", ya que desobedeció una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que ordenaba el cambio de portavoz. Además, se ha abierto un expediente disciplinario al exlíder murciano José Ángel Antelo por acciones que comprometen la unidad y lealtad del partido. Esta situación se agrava con acusaciones de Antelo sobre falsificación de firma por parte de Vox, lo cual ha sido desmentido por la organización.
La crisis interna en Vox se intensifica tras la destitución de José Ángel Antelo como presidente provincial en Murcia. La dirección del partido argumenta que su salida se debe a supuestas gestiones para beneficiar a su esposa en la urbanización de terrenos, lo que Antelo niega rotundamente. Fuentes internas indican que ya había numerosas quejas sobre su gestión y acusan a Antelo de injerencia en política municipal. Además, se le critica por su estilo de liderazgo y por presuntas irregularidades en la utilización de fondos públicos. La dirección nacional planea nombrar una gestora para la región mientras se resuelven estas controversias.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido abrir juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat, y otros 12 acusados por presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido. A pesar de que el juez instructor no encontró indicios de delito y la Fiscalía no presentó acusación, las acusaciones particulares y populares lograron que el caso avanzara a juicio. Oltra y sus colaboradores enfrentan cargos por prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y abandono de menores, entre otros. Se les ha impuesto una fianza conjunta de 120.000 euros y se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.
José Ángel Antelo, ex vicepresidente de Vox en la Región de Murcia, ha anunciado que tomará acciones legales contra quien usurpó su firma digital para presentar un escrito ante la Asamblea regional sobre el cambio de portavoz del grupo. Antelo sostiene que esta acción podría constituir delitos como usurpación de identidad y falsedad documental, con penas que incluyen prisión. La Mesa de la Cámara no ha tramitado el escrito presentado por Vox al carecer de validez, dado que Antelo no autorizó su uso ni redactó el documento. Esta situación se produce tras el anuncio de la expulsión de Antelo por parte del partido.
La inteligencia artificial ChatGPT ha realizado un análisis sobre los posibles resultados de las elecciones en Castilla y León, programadas para el 15 de marzo de 2026. Según los últimos sondeos, el Partido Popular se perfila como la fuerza más votada, con un apoyo estimado del 33-34% de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE, que podría alcanzar alrededor del 32%. Vox se posiciona como tercera fuerza con aproximadamente el 15% de los votos. Aunque el PP muestra una ligera ventaja, no se espera que ningún partido logre la mayoría absoluta. Factores como la fragmentación del voto y la participación electoral podrían influir en los resultados finales.
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Un concejal del PSOE, José María Cermeño, ha lanzado un vaso de cristal con café al portavoz de Vox en Aranjuez, David Esteban Fernández, durante una comisión municipal, mientras le gritaba "fascista". Este incidente ha llevado a Cermeño a presentar su renuncia y entregar su acta de edil tras reconocer su comportamiento inadecuado. La denuncia presentada por Vox incluye acusaciones de atentado contra la autoridad pública y delito de odio. Los socialistas también han denunciado que el portavoz de Vox realizó amenazas de muerte durante la sesión.
Vox ha exculpado a María Guardiola, candidata del PP en Extremadura, responsabilizando a la dirección nacional del partido por el bloqueo en las negociaciones tras tumbarse su investidura por segunda vez. Santiago Abascal, líder de Vox, afirmó que Guardiola está intentando acercarse a sus planteamientos. En respuesta, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusó a Vox de hacer "una pinza" con los socialistas al votar en contra de la investidura y llamó a buscar un pacto de estabilidad para España. La situación política en Extremadura se complica con plazos ajustados para alcanzar un acuerdo de gobierno.
José Ángel Antelo, ex líder de Vox en Murcia, ha calificado a la dirección del partido como una "fábrica de mentiras y bulos" tras ser acusado de tráfico de influencias. Antelo, quien ha sido suspendido cautelarmente de su militancia, considera "deleznable" que se fabriquen pruebas falsas en su contra relacionadas con gestiones en el ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa en un negocio inmobiliario. Asegura que incluso el propio ayuntamiento ha desmentido estas acusaciones. Antelo denuncia que la dirección del partido no proporciona una salida digna a sus miembros y critica las maniobras internas para desacreditarlo. Además, reafirma su compromiso ético y su rol actual como diputado y portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento murciano.
El juez Juan Carlos Peinado ha recibido un nuevo revés en su investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Amazon ha informado al juez que debe solicitar la información requerida a través de "canales legales y diplomáticos", como el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre España y Estados Unidos. Peinado había solicitado detalles sobre dominios asociados a la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, que Gómez codirigía. La investigación se basa en una querella presentada por Vox, que acusa a Gómez de presuntas irregularidades en el registro del software de dicha cátedra. Gómez ha negado cualquier delito relacionado con la inscripción del dominio y asegura no haber recibido compensación alguna por su trabajo en la cátedra.
José Ángel Antelo, ex líder de Vox en Murcia, ha anunciado su intención de llevar al partido ante la Justicia por falsedad documental, tras acusar a la formación de usurpar su identidad para intentar expulsarlo del grupo en la Asamblea regional. Antelo sostiene que su firma fue utilizada sin su consentimiento y critica la gestión del partido, sugiriendo que este acto es un delito grave. A pesar de la controversia, sigue siendo el portavoz de Vox en la Asamblea mientras se resuelve su situación. Santiago Abascal, presidente de Vox, ha defendido al partido y ha instado a quienes no se sientan parte de Vox a que tomen decisiones sobre su futuro.
Vox ha confirmado que no apoyará la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura, aunque está dispuesto a seguir buscando un acuerdo. Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo en la Asamblea, subrayó que actualmente no hay consenso y que su partido necesita garantías sobre las políticas a implementar. Guardiola, por su parte, defendió que los ciudadanos han mostrado su apoyo y pidió responsabilidad para evitar el bloqueo político. La situación refleja una falta de entendimiento entre ambas partes, a pesar de los intentos de acercamiento por parte de la candidata popular.
PP, Vox y Junts han rechazado el escudo social que protegía a 70.000 hogares vulnerables de desahucios, argumentando que se relaciona con la okupación. Este rechazo ha generado críticas del Gobierno, que busca un plan alternativo para proteger a las familias en situación de extrema necesidad. A pesar de la oposición a esta medida, se aprobó la subida de pensiones. Los ministros han denunciado que la derecha está dejando a los más necesitados sin alternativas habitacionales y han recordado que el año pasado apoyaron medidas similares. La decisión también incluye el rechazo al control de precios en situaciones de emergencia.
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