El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes, por unanimidad, la legalidad del registro llevado a cabo el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como en el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de prisión y una multa de 1.080 euros a dos hombres por un delito contra la dignidad de las personas, tras insultar a otra persona en un bar de Madrid con expresiones homofóbicas como "maricón" y "maricón de mierda". Además, los condenados recibirán una inhabilitación especial de tres años y medio para ejercer profesiones educativas y deberán pagar 500 euros a la víctima. La sentencia destaca que estas ofensas constituyen un menoscabo a la integridad moral por motivos de orientación sexual, rechazando el argumento de libertad de expresión en este contexto.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluyendo Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, afirma que se cumplió con el proceso de concertación para los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue emitido correctamente. Además, se rechazan las alegaciones sobre la falta de motivación técnica en la fijación de estos caudales. Esta decisión reafirma la validez del proceso administrativo y normativo en la gestión hídrica en España.
El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de la investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La Fiscalía y la acusación popular han solicitado el mantenimiento de estas medidas debido a los indicios de criminalidad que persisten en relación con delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advierte que cualquier incumplimiento podría resultar en prisión provisional para el investigado.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la competencia se determina por las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, solo la Audiencia Nacional puede llevar a cabo el juicio. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
El juez de la Audiencia Nacional eleva exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a José Luis Ábalos por su “papel principal” en la organización criminal de la compra de mascarillas. En su resolución, el juez atribuye al ex número 3 del PSOE, en concreto, un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en el entramado creado para conseguir negocios con las administraciones públicas.
La cúpula fiscal de España ha mostrado un respaldo mayoritario hacia la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
|
El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, prohibiéndole salir del país y obligándolo a comparecer quincenalmente. Estas decisiones fueron tomadas por el magistrado Leopoldo Puente en el marco de una investigación sobre la supuesta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. A pesar de la oposición de la defensa, que argumentó la falta de indicios de criminalidad, el instructor considera que existen elementos suficientes para justificar estas restricciones. La situación se enmarca en un contexto judicial donde se le atribuyen posibles delitos como tráfico de influencias y cohecho.
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en una causa abierta. La declaración se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. El juez desestimó también otras diligencias propuestas por la defensa y la fiscal provincial de Madrid, que incluían citar a declarar al querellante y a varios periodistas. Sin embargo, se aceptó la incorporación de ciertos documentos solicitados por las defensas. Esta decisión subraya la importancia del proceso judicial en curso y el compromiso del tribunal con el avance de la causa.
Los aspirantes a tres plazas de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo comenzarán su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Estas vacantes fueron generadas por la salida de los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano. Durante estos días también se llevarán a cabo las comparecencias para las presidencias de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales. Las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la web oficial del Poder Judicial.
El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha decidido mantener separadas a las cuatro acusaciones populares en el Tribunal Supremo debido a sus distintos intereses. En su auto, Hurtado argumenta que aunque es común agrupar acusaciones, cada caso debe ser analizado individualmente. Las acusaciones del Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales tienen intereses corporativos propios, mientras que las otras dos, Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, pueden continuar con su representación conjunta sin afectar el proceso.
La Sección Cuarta rechaza la solicitud de la Fiscalía y considera que no ha lugar a decretar su ingreso en prisión provisional porque entiende que el riesgo de fuga es “inexistente”. El Tribunal, que le condenó el pasado mes de octubre a 10 años y 5 meses de prisión, impone al penado como medidas cautelares la retirada de pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer el primer lunes de cada mes en el juzgado de su domicilio.
El Tribunal Supremo rechaza dos querellas contra la ministra de Hacienda al considerar que no reveló ningún dato reservado de la pareja de la presidenta de la Comunidad Madrid. Las mismas consideraban que esas declaraciones implicaban que la querellada accedió sin autorización y se apoderó de datos personales y reservados.
La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular, en este caso la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, varias voces se han alzado tras esta decisión, ya que el propio Tribunal Supremo sostiene que el fiscal general tuvo los correos en su poder "a partir de las 22 horas del día 13 de marzo", pero medios de comunicación como 'El Mundo' los tenían antes, lo que ha incendiado las redes sociales y tertulias de actualidad del país.
|
