07/02/2025@15:51:23
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus y ha reiterado su petición a Israel. Esta acción forma parte del caso Pegasus, que investiga la infección de dispositivos móviles de altos funcionarios españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez. Calama ha emitido una orden europea de investigación para obtener detalles sobre el software y las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Además, ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel para obtener información de NSO Group y la declaración de su CEO. La falta de respuesta de Israel y la necesidad de un intercambio más amplio de información son cruciales para avanzar en la identificación de los responsables.
La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como un Porsche Cayenne y 135.000 euros en efectivo. También se ha condenado a tres meses de prisión al empresario Francisco Menéndez Rubio por cohecho activo. A pesar de las atenuantes, la pena se mantiene debido a la gravedad del delito y la posición de responsabilidad del acusado.
La Audiencia Nacional ha condenado a una mujer a dos años y medio de prisión por su implicación en un proceso de radicalización yihadista. La acusada, que difundió material terrorista a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, fue hallada culpable de autoadoctrinamiento con intenciones de participar en acciones terroristas. Su radicalización comenzó tras la muerte de su hermano, combatiente del DAESH, y mantuvo contacto con otros extremistas. Además, mostró interés por explosivos y armamento, lo que llevó al tribunal a imponerle también cinco años de libertad vigilada. Esta sentencia destaca la preocupación por el creciente fenómeno del terrorismo yihadista en España.
Los detenidos estaban muy radicalizados y plenamente adheridos a los postulados de DAESH. En el día de ayer, los seis detenidos por la Policía Nacional pasaron a disposición judicial, decretando el titular del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional el ingreso en prisión de todos ellos.
La Audiencia Nacional procesa a dos miembros del ‘comando Donosti’ de ETA y otros cuatro exdirigentes por el asesinato del empresario Francisco Arratibel. La juez María Tardón explica en su resolución que todos ellos formaban parte del Comité Ejecutivo de ETA en el periodo de tiempo en el que se decidió, planificó y materializó el asesinato del empresario.
La Audiencia Nacional avala el cese cautelar de la recopilación de datos a través del iris de Worldcoin acordado por la Agencia de Protección de datos y considera que atendiendo a la ponderación de los intereses en conflicto y, a la vista de las circunstancia concurrentes, debe prevalecer “la salvaguarda del interés general que consiste en la protección del derecho a la protección de datos personales de los interesados frente al interés particular de la empresa recurrente de contenido fundamentalmente económico”.
La Audiencia Nacional confirma la Resolución del TEAC que obliga al Barcelona C.F. a pagar 23 millones por las retribuciones a los agentes de jugadores entre 2012 y 2015. Según explica la resolución, la cuestión de fondo es la naturaleza de los servicios prestados por los agentes de los jugadores.
El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha aprobado la orden ministerial por la que se crearán las unidades administrativas de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de Ceuta y de Melilla, que verán incrementado en dos el número total de plazas asignadas en las oficinas de ambas ciudades autónomas.
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Los aspirantes a tres plazas de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo comenzarán su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Estas vacantes fueron generadas por la salida de los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano. Durante estos días también se llevarán a cabo las comparecencias para las presidencias de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales. Las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la web oficial del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la competencia se determina por las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, solo la Audiencia Nacional puede llevar a cabo el juicio. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
La instructora del caso 'Tsunami Democràtic' en el Tribunal Supremo acuerda el archivo de la causa en la que investigaba a Puigdemont y Wagensberg.
El presidente del Partido Popular subraya que el Gobierno está siendo investigado en un juzgado de la Plaza de Castilla, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Europea, “algo que no ha pasado nunca”.
El juez abre juicio oral a tres personas por el robo de la tarjeta del móvil de la asesora de Pablo Iglesias. La tarjeta contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de vídeo y audio, así como otros documentos de carácter íntimo y personal.
En el auto, el juez concluye que el beso a la jugadora “no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva” del investigado.
El magistrado señala que las alegaciones de la Abogacía del Estado y la documentación que las acompaña ponen de manifiesto que las exhumaciones se están realizando en un lugar diferente de aquél donde reposan los restos que se intentan proteger, “por lo que no existiría en principio una urgencia cautelar tan inmediata como parece manifestarse”.
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