La Audiencia Nacional ha emitido una orden de detención internacional contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, y su esposa, María Aurora López, en el contexto de una investigación por delitos como apropiación indebida y blanqueo de capitales. La investigación se centra en la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra en marzo de 2021, con indicios de que Reyes y otros directivos habrían desviado fondos a sociedades instrumentales vinculadas a una red de blanqueo. Además, se han detectado transferencias sospechosas hacia cuentas en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
El juez Calama investiga el rastro de dinero oculto vinculado a una trama de tráfico de influencias que supuestamente lidera el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación se centra en los pagos recibidos por Zapatero y su entorno, incluyendo transferencias a la empresa de sus hijas y otros ingresos de empresas asociadas con Julio Martínez, presunto cabecilla de la red. Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha bloqueado 490.000 euros en cuentas del expresidente. Zapatero ha negado tener dinero oculto y sostiene que todos sus ingresos han sido declarados. La búsqueda incluye registros en su despacho, donde se halló una caja fuerte, y sospechas sobre fondos no justificados provenientes de servicios por encima del mercado.
La Audiencia Nacional ha decidido archivar la causa contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, debido a su deteriorado estado de salud que le impide declarar en el juicio. Un examen forense concluyó que Pujol, de 95 años, no está en condiciones de participar en el proceso penal relacionado con la fortuna oculta de su familia en Andorra. La Fiscalía había solicitado una pena de nueve años de prisión por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Con su exclusión del juicio, la atención se centra ahora en sus hijos y otros implicados, mientras que la defensa sostiene que el dinero proviene de una herencia familiar legítima.
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español, ha sido objeto de controversia tras su declaración en el juicio del caso Kitchen. Afirmó que rompió su relación con Luis Bárcenas al conocer su fortuna oculta en Suiza, pero esta afirmación ha sido desmentida por evidencias que indican que la ruptura no ocurrió en ese momento. En enero de 2013, ya se conocía públicamente que Bárcenas tenía millones en cuentas suizas y, a pesar de esto, Rajoy continuó enviándole mensajes de apoyo. Además, se cuestiona su conocimiento sobre las operaciones policiales dirigidas a investigar a Bárcenas y sus vínculos con el Partido Popular. La Fiscalía sostiene que estas acciones fueron orquestadas desde altos mandos del Ministerio del Interior.
Los audios revelan contradicciones en el testimonio de María Dolores de Cospedal durante el juicio por la trama Kitchen. La exministra de Defensa negó haber realizado encargos al comisario Villarejo y afirmó que fue él quien mostró interés en conocerla. A pesar de reconocer varios encuentros, Cospedal insistió en que nunca le hizo preguntas ni recibió información sobre investigaciones, incluyendo la Gürtel. Su declaración se centró en desmentir las acusaciones relacionadas con su conocimiento del operativo policial sobre Bárcenas, así como su relación con otros miembros del Gobierno.
El principal investigador de la operación Kitchen, Gonzalo Fraga, ha declarado que María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, estaban al tanto de los avances de esta trama parapolicial. A pesar de las comprometedoras grabaciones y las declaraciones del inspector jefe de Asuntos Internos, Cospedal no ha sido acusada en este caso. Fraga confirmó que la información recabada por los agentes sobre Luis Bárcenas no fue enviada a la autoridad judicial que investigaba el caso Gürtel, ya que la operación tenía como objetivo eliminar documentos comprometedores para el entonces presidente Mariano Rajoy. Las grabaciones sugieren que Cospedal intentó evitar la publicación de pruebas relacionadas con Bárcenas.
El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad no enviar la causa del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García a la Audiencia Nacional, lo que significa que el juicio se llevará a cabo en el propio Supremo. Las defensas de ambos habían solicitado este traslado para retrasar el proceso, pero sus alegaciones han sido desestimadas. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras que las acusaciones piden hasta 30 años. Ambos están en prisión provisional desde noviembre pasado debido a un "riesgo extremo" de fuga. El juicio está previsto para abril, aunque aún no hay fecha confirmada.
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El Gobierno defiende al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en medio del escándalo por la causa Plus Ultra, donde se investiga su posible implicación en delitos como tráfico de influencias. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reafirma su confianza en Zapatero, destacando que la investigación está en una fase inicial y que la justicia opera sin injerencias. Mientras tanto, Yolanda Díaz reta a Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura si considera que hay motivos suficientes para ello. La situación política se complica con reacciones de diversos partidos y un ambiente tenso respecto a posibles alianzas y decisiones sobre la moción.
Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP, testificó en el juicio por la 'operación Kitchen', afirmando que su padre sufrió un trato hostil en prisión, lo que considera una orden. Durante su declaración, relató episodios de seguimiento y sensación de inseguridad, así como la relación con su chófer, quien les hizo preguntas sobre documentos relacionados con la trama Gürtel. Además, se mencionó un encargo a un preso para destruir información comprometedora. El juicio continúa con testimonios clave de figuras políticas implicadas en el caso.
Cosme Delclaux, abogado secuestrado por ETA en 1996, ha fallecido a los 64 años. Su secuestro, que duró 232 días, fue uno de los más prolongados de la banda terrorista. Delclaux fue capturado el 11 de noviembre de 1996 y liberado el 1 de julio de 1997, apareciendo maniatado en un árbol. Durante su cautiverio, sufrió condiciones extremas en un zulo minúsculo. Su padre pagó un rescate de mil millones de pesetas debido a las amenazas de ETA. Este caso se encuentra entre los secuestros más largos en la historia de la banda, solo superado por tres casos anteriores.
Mariano Rajoy y Luis Bárcenas se enfrentan en el juicio de la operación Kitchen, donde sus testimonios son contradictorios. Rajoy niega conocer la operación parapolicial que buscaba eliminar pruebas sobre la financiación irregular del PP, mientras que Bárcenas afirma tener evidencias en su contra. Durante su declaración, Rajoy minimizó su relación con Bárcenas y desmintió acusaciones de coacción. A pesar de sus intentos por distanciarse, las contradicciones entre ambos podrían tener repercusiones legales si emergen nuevas pruebas. La situación revela un conflicto profundo en el seno del Partido Popular sobre la verdad detrás de la corrupción.
La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia histórica contra una de las principales redes ilegales de IPTV en España, imponiendo condenas penales significativas y fijando indemnizaciones por delitos contra la propiedad intelectual. La red, conocida como 'Dash, el iraní', operaba a través de múltiples dominios y distribuía ilegalmente contenido audiovisual a más de dos millones de usuarios en 13 países. La sentencia incluye una indemnización de 12 millones de euros para las empresas afectadas y multas que superan los 30 millones por blanqueo de capitales. Este caso destaca la importancia de la lucha contra la piratería audiovisual y su impacto en la industria del deporte en vivo.
María Dolores de Cospedal ha quedado finalmente fuera del caso Kitchen, según la decisión del Tribunal que ha seguido la solicitud de la Fiscalía. A pesar de los audios con Villarejo, la exsecretaria general del PP no será investigada. El tribunal también rechazó la petición del PSOE para reabrir el caso y considerar al PP como partícipe a título lucrativo, argumentando que no hay delitos patrimoniales involucrados. La presidenta del tribunal destacó la importancia de avanzar en el juicio, que se ha demorado desde 2013, y subrayó que ya era hora de celebrarlo. Durante las próximas semanas, declararán numerosas personas implicadas en el caso.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Antonio Piña que desestime la denuncia presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su supuesta implicación en el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 muertos el pasado 18 de enero. La Fiscalía argumenta que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo y que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar este caso, ya que las diligencias están siendo tratadas por un juzgado en Córdoba. El juez deberá decidir si archiva la querella que acusa al ministro de homicidio imprudente y otros delitos.
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