En un fallo que alivia la presión judicial sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia absolutoria en la pieza separada conocida como 'proyecto Saving'. El tribunal considera que el encargo recibido del empresario José Moya para investigar irregularidades en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa fue una actuación estrictamente privada, sin abuso de funciones públicas. La Fiscalía había solicitado hasta 23 años de prisión para Villarejo por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy, ha sido detenido por su vinculación con el hacker conocido como Alcasec. La investigación se centra en delitos como blanqueo de capitales, revelación de secretos y organización criminal. Se sospecha que Martínez y Alcasec estaban involucrados en la exfiltración y comercialización de datos obtenidos ilegalmente. Además, Martínez ya había sido investigado en el caso Kitchen por el uso indebido de fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. La detención forma parte de una investigación más amplia que incluye a otros implicados.
La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como un Porsche Cayenne y 135.000 euros en efectivo. También se ha condenado a tres meses de prisión al empresario Francisco Menéndez Rubio por cohecho activo. A pesar de las atenuantes, la pena se mantiene debido a la gravedad del delito y la posición de responsabilidad del acusado.
La Audiencia Nacional ha condenado a una mujer a dos años y medio de prisión por su implicación en un proceso de radicalización yihadista. La acusada, que difundió material terrorista a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, fue hallada culpable de autoadoctrinamiento con intenciones de participar en acciones terroristas. Su radicalización comenzó tras la muerte de su hermano, combatiente del DAESH, y mantuvo contacto con otros extremistas. Además, mostró interés por explosivos y armamento, lo que llevó al tribunal a imponerle también cinco años de libertad vigilada. Esta sentencia destaca la preocupación por el creciente fenómeno del terrorismo yihadista en España.
Los detenidos estaban muy radicalizados y plenamente adheridos a los postulados de DAESH. En el día de ayer, los seis detenidos por la Policía Nacional pasaron a disposición judicial, decretando el titular del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional el ingreso en prisión de todos ellos.
La Audiencia Nacional procesa a dos miembros del ‘comando Donosti’ de ETA y otros cuatro exdirigentes por el asesinato del empresario Francisco Arratibel. La juez María Tardón explica en su resolución que todos ellos formaban parte del Comité Ejecutivo de ETA en el periodo de tiempo en el que se decidió, planificó y materializó el asesinato del empresario.
La Audiencia Nacional avala el cese cautelar de la recopilación de datos a través del iris de Worldcoin acordado por la Agencia de Protección de datos y considera que atendiendo a la ponderación de los intereses en conflicto y, a la vista de las circunstancia concurrentes, debe prevalecer “la salvaguarda del interés general que consiste en la protección del derecho a la protección de datos personales de los interesados frente al interés particular de la empresa recurrente de contenido fundamentalmente económico”.
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El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto llevar a juicio al productor José Luis Moreno y a 54 personas más por su supuesta implicación en una macroestafa bancaria conocida como 'caso Titella'. Según el magistrado, la organización criminal utilizaba sociedades ficticias para obtener créditos millonarios y blanquear dinero mediante un complejo entramado de empresas pantalla. Los delitos que se les imputan incluyen estafa continuada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Moreno, que se encontraba en el primer nivel de la estructura delictiva, utilizaba su imagen pública para facilitar las solicitudes de financiación ante los bancos. La Fiscalía tiene un plazo de 20 días para presentar su acusación o solicitar el sobreseimiento del caso.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus y ha reiterado su petición a Israel. Esta acción forma parte del caso Pegasus, que investiga la infección de dispositivos móviles de altos funcionarios españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez. Calama ha emitido una orden europea de investigación para obtener detalles sobre el software y las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Además, ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel para obtener información de NSO Group y la declaración de su CEO. La falta de respuesta de Israel y la necesidad de un intercambio más amplio de información son cruciales para avanzar en la identificación de los responsables.
Los aspirantes a tres plazas de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo comenzarán su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Estas vacantes fueron generadas por la salida de los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano. Durante estos días también se llevarán a cabo las comparecencias para las presidencias de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales. Las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la web oficial del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la competencia se determina por las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, solo la Audiencia Nacional puede llevar a cabo el juicio. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
La instructora del caso 'Tsunami Democràtic' en el Tribunal Supremo acuerda el archivo de la causa en la que investigaba a Puigdemont y Wagensberg.
El presidente del Partido Popular subraya que el Gobierno está siendo investigado en un juzgado de la Plaza de Castilla, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Europea, “algo que no ha pasado nunca”.
El juez abre juicio oral a tres personas por el robo de la tarjeta del móvil de la asesora de Pablo Iglesias. La tarjeta contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de vídeo y audio, así como otros documentos de carácter íntimo y personal.
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