El principal investigador de la operación Kitchen, Gonzalo Fraga, ha declarado que María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, estaban al tanto de los avances de esta trama parapolicial. A pesar de las comprometedoras grabaciones y las declaraciones del inspector jefe de Asuntos Internos, Cospedal no ha sido acusada en este caso. Fraga confirmó que la información recabada por los agentes sobre Luis Bárcenas no fue enviada a la autoridad judicial que investigaba el caso Gürtel, ya que la operación tenía como objetivo eliminar documentos comprometedores para el entonces presidente Mariano Rajoy. Las grabaciones sugieren que Cospedal intentó evitar la publicación de pruebas relacionadas con Bárcenas.
El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad no enviar la causa del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García a la Audiencia Nacional, lo que significa que el juicio se llevará a cabo en el propio Supremo. Las defensas de ambos habían solicitado este traslado para retrasar el proceso, pero sus alegaciones han sido desestimadas. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras que las acusaciones piden hasta 30 años. Ambos están en prisión provisional desde noviembre pasado debido a un "riesgo extremo" de fuga. El juicio está previsto para abril, aunque aún no hay fecha confirmada.
La Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE que presente todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, sin limitarse a aquellos vinculados a José Luis Ábalos y Koldo García. El juez Ismael Moreno argumenta que esta información es crucial para investigar posibles irregularidades, incluyendo el blanqueo de dinero. A pesar de las preocupaciones del partido sobre las implicaciones legales y de protección de datos, la Fiscalía respalda la solicitud del juez, señalando que no se puede restringir la información solo a los investigados. La documentación requerida busca esclarecer el origen de los fondos en efectivo utilizados por el PSOE.
En un fallo que alivia la presión judicial sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia absolutoria en la pieza separada conocida como 'proyecto Saving'. El tribunal considera que el encargo recibido del empresario José Moya para investigar irregularidades en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa fue una actuación estrictamente privada, sin abuso de funciones públicas. La Fiscalía había solicitado hasta 23 años de prisión para Villarejo por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy, ha sido detenido por su vinculación con el hacker conocido como Alcasec. La investigación se centra en delitos como blanqueo de capitales, revelación de secretos y organización criminal. Se sospecha que Martínez y Alcasec estaban involucrados en la exfiltración y comercialización de datos obtenidos ilegalmente. Además, Martínez ya había sido investigado en el caso Kitchen por el uso indebido de fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. La detención forma parte de una investigación más amplia que incluye a otros implicados.
La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como un Porsche Cayenne y 135.000 euros en efectivo. También se ha condenado a tres meses de prisión al empresario Francisco Menéndez Rubio por cohecho activo. A pesar de las atenuantes, la pena se mantiene debido a la gravedad del delito y la posición de responsabilidad del acusado.
La Audiencia Nacional ha condenado a una mujer a dos años y medio de prisión por su implicación en un proceso de radicalización yihadista. La acusada, que difundió material terrorista a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, fue hallada culpable de autoadoctrinamiento con intenciones de participar en acciones terroristas. Su radicalización comenzó tras la muerte de su hermano, combatiente del DAESH, y mantuvo contacto con otros extremistas. Además, mostró interés por explosivos y armamento, lo que llevó al tribunal a imponerle también cinco años de libertad vigilada. Esta sentencia destaca la preocupación por el creciente fenómeno del terrorismo yihadista en España.
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María Dolores de Cospedal ha quedado finalmente fuera del caso Kitchen, según la decisión del Tribunal que ha seguido la solicitud de la Fiscalía. A pesar de los audios con Villarejo, la exsecretaria general del PP no será investigada. El tribunal también rechazó la petición del PSOE para reabrir el caso y considerar al PP como partícipe a título lucrativo, argumentando que no hay delitos patrimoniales involucrados. La presidenta del tribunal destacó la importancia de avanzar en el juicio, que se ha demorado desde 2013, y subrayó que ya era hora de celebrarlo. Durante las próximas semanas, declararán numerosas personas implicadas en el caso.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Antonio Piña que desestime la denuncia presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su supuesta implicación en el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 muertos el pasado 18 de enero. La Fiscalía argumenta que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo y que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar este caso, ya que las diligencias están siendo tratadas por un juzgado en Córdoba. El juez deberá decidir si archiva la querella que acusa al ministro de homicidio imprudente y otros delitos.
El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que impida al PSOE actuar como acusación popular en el caso Koldo, argumentando que es contradictorio que un partido investigado pueda ejercer esta función. Esta petición surge tras la apertura de una pieza separada para investigar pagos en metálico del PSOE al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El PP sostiene que la participación del PSOE como acusación podría afectar la imparcialidad del proceso penal, dado que está bajo investigación por posibles irregularidades en esos pagos. Las indagaciones revelaron que algunos de estos pagos no estaban debidamente justificados.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto llevar a juicio al productor José Luis Moreno y a 54 personas más por su supuesta implicación en una macroestafa bancaria conocida como 'caso Titella'. Según el magistrado, la organización criminal utilizaba sociedades ficticias para obtener créditos millonarios y blanquear dinero mediante un complejo entramado de empresas pantalla. Los delitos que se les imputan incluyen estafa continuada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Moreno, que se encontraba en el primer nivel de la estructura delictiva, utilizaba su imagen pública para facilitar las solicitudes de financiación ante los bancos. La Fiscalía tiene un plazo de 20 días para presentar su acusación o solicitar el sobreseimiento del caso.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus y ha reiterado su petición a Israel. Esta acción forma parte del caso Pegasus, que investiga la infección de dispositivos móviles de altos funcionarios españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez. Calama ha emitido una orden europea de investigación para obtener detalles sobre el software y las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Además, ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel para obtener información de NSO Group y la declaración de su CEO. La falta de respuesta de Israel y la necesidad de un intercambio más amplio de información son cruciales para avanzar en la identificación de los responsables.
Los aspirantes a tres plazas de magistrado/a de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo comenzarán su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Estas vacantes fueron generadas por la salida de los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano. Durante estos días también se llevarán a cabo las comparecencias para las presidencias de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y otras audiencias provinciales. Las sesiones serán retransmitidas en streaming a través de la web oficial del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal sostiene que la competencia se determina por las acusaciones presentadas y que, al haberse abierto juicio oral por un delito de terrorismo, solo la Audiencia Nacional puede llevar a cabo el juicio. Esta decisión refuerza el papel de la Audiencia Nacional en casos relacionados con terrorismo en España.
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