20/10/2025@21:52:46
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha calificado de "injerencia preocupante" las declaraciones del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en relación a la situación del ex ministro José Luis Ábalos. Santiago criticó que un juez intente aplicar la ley a su antojo y subrayó que los jueces deben limitarse a aplicar la legislación establecida por las instituciones democráticas. Además, hizo un llamado a reformar el acceso judicial para garantizar el respeto entre los poderes del Estado. También abordó la falta de interés del Partido Popular en perseguir la corrupción, destacando la necesidad de actuar con rapidez y rigor en estos casos.
El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.
Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que investigue por qué el Partido Popular (PP) conocía un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) antes de su entrega oficial. Cerdán argumenta que Miguel Tellado, secretario general del PP, hizo comentarios sobre el informe horas antes de su presentación, lo que sugiere una posible filtración y una relación entre la Policía Judicial y el PP. El informe en cuestión detalla irregularidades financieras relacionadas con José Luis Ábalos, quien está siendo investigado por presuntas mordidas en adjudicaciones de obras públicas. Los investigadores han encontrado más de 60.000 euros en ingresos en efectivo no declarados por Ábalos entre 2014 y 2024.
El gobierno predica prosperidad mientras crecen la inflación, los desahucios o la deuda.
La Fundación Disenso, dirigida por Santiago Abascal, ha generado controversia en Vox por destinar más de un millón de euros a "gastos de personal" en 2023, superando a fundaciones de otros partidos. Ex miembros del partido exigen transparencia debido a posibles implicaciones éticas y prácticas relacionadas con la corrupción.
El Gobierno español ha sufrido una nueva derrota en el Congreso, donde la ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada por los votos en contra del PP, Vox y Junts. A pesar del respaldo de los socios de investidura, la propuesta no logró avanzar. La oficina buscaba prevenir e investigar la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Durante el debate, se cuestionó la efectividad de la iniciativa, con críticas sobre su posible politización. Esta situación refleja las dificultades del Gobierno para implementar reformas significativas en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El juicio de la Trama Eólica ha comenzado, involucrando a 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartir 75 millones de euros en mordidas relacionadas con la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Los procesados enfrentan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía solicita 36 años y medio de prisión para Rafael Delgado, principal acusado, así como multas que superan los 236 millones de euros. El juicio, considerado el mayor caso de corrupción en la región, concluirá el 28 de enero de 2026 tras escuchar a 84 testigos y peritos.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha denunciado en el Congreso que el Partido Popular utiliza una "brigada jurisdiccional y mediática" para atacar a los fiscales que investigan delitos relacionados con sus miembros. Durante su intervención, exigió al PP que respete el trabajo de la Fiscalía y criticó su estrategia de deslegitimar a las instituciones judiciales. Santiago también abordó la inacción del PP ante catástrofes naturales y cuestionó su enfoque punitivo sobre la prevención de incendios forestales. Además, subrayó la necesidad de sancionar a quienes defraudan a la Hacienda Pública.
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Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha anunciado que el presidente Pedro Sánchez comparecerá el 30 de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Durante una rueda de prensa, García afirmó que "el tiempo del silencio se ha terminado" y destacó que no habrá excusas para Sánchez, quien deberá responder por su implicación en una supuesta trama de corrupción relacionada con el PSOE. La dirigente del PP criticó la gestión de Sánchez, señalando que su entorno está bajo sospecha y que ha convertido La Moncloa en un refugio para imputados. Además, mencionó indicios documentados sobre la financiación ilegal del partido y cuestionó si el PSOE proporcionará los justificantes necesarios para aclarar las acusaciones.
La Abogacía del Estado ha solicitado el archivo de la pieza separada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al no encontrar elementos que sustenten un delito de malversación. El escrito argumenta que Gómez no es funcionaria pública y, por lo tanto, no puede ser acusada de dicho delito. Además, se destaca que las funciones desempeñadas por su asesora, Cristina Álvarez, se limitan a tareas inherentes a su cargo y no han causado perjuicio al erario público. Esta decisión se produce en un contexto donde Begoña Gómez ha sido citada varias veces por el juez Juan Carlos Peinado para abordar diversas acusaciones relacionadas con tráfico de influencias y corrupción.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por varios delitos, incluyendo fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. González Amador está acusado de defraudar 350.951 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas, junto a otros cuatro empresarios. La Fiscalía solicita una pena de tres años y nueve meses de prisión, mientras que la acusación popular pide cinco años. La magistrada ha rechazado suspender el procedimiento hasta que se resuelvan los recursos interpuestos por el acusado.
La exportavoz de Vox en Baleares, Idoia Ribas, ha denunciado presiones del partido para desviar fondos públicos hacia la Fundación Disenso, vinculada a Santiago Abascal. En una rueda de prensa, Ribas afirmó que el grupo parlamentario transfería hasta el 50% de su asignación al partido, y acusó a Vox de operar como una "estafa piramidal". También reveló intentos de la dirección nacional para forzar elecciones anticipadas en Baleares. La respuesta de Vox minimiza las acusaciones, calificándolas de un "pataleo" por parte de expulsados y defendiendo la legalidad de su financiación.
A continuación, detallamos las noticias más destacadas del día que puedes leer, ver y escuchar en HoraPunta.com.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado en una reciente entrevista las causas judiciales que afectan a su entorno familiar y al PSOE. Afirmó que existen jueces que hacen política y políticos que intentan hacer justicia, aunque reconoció que son una minoría. Defendió la inocencia de su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, expresando su confianza en que la justicia actuará correctamente. Además, sugirió que el Consejo General del Poder Judicial debería reflexionar sobre cómo protegerse ante procesos defectuosos.
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español, ha afirmado falsamente que durante su mandato no llegó "ninguna patera" a Canarias, atribuyendo esta situación a acuerdos con Senegal y Mauritania. Sin embargo, los datos contradicen su declaración, ya que más de 4.300 migrantes llegaron a las islas durante sus ocho años en el poder. Rajoy hizo estas declaraciones en Avilés mientras criticaba al actual presidente Pedro Sánchez y defendía a su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidiendo prudencia en la investigación judicial que le afecta.
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