Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha cedido a las demandas de Vox al eliminar el lenguaje inclusivo y las comisiones de igualdad en Les Corts. Este pacto con la ultraderecha incluye la diferenciación de migrantes en estadísticas y la eliminación de políticas LGTBI, lo que ha generado críticas de la oposición. Mazón es acusado de retroceder en derechos y libertades, alineándose con discursos de Vox en temas como migración y sostenibilidad. Esta decisión se produce tras un acuerdo previo para aprobar los presupuestos, donde también se recortaron fondos para iniciativas relacionadas con la igualdad y el desarrollo sostenible.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha denunciado en el Congreso que el Partido Popular y Vox son selectivos con los genocidios, advirtiendo que quienes no condenen las acciones de Israel se avergonzarán por el sufrimiento del pueblo palestino. Durante un debate sobre un decreto-ley que busca embargar armas al régimen israelí, Santiago enfatizó la importancia de cumplir con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y criticó la falta de acción de algunos partidos ante lo que considera un genocidio en Gaza. Además, recordó a los activistas de la Flotilla de la Libertad y exigió la liberación de los rehenes palestinos y españoles. Santiago concluyó su intervención instando a todos a reflexionar sobre su voto respecto al decreto-ley, afirmando que el pueblo palestino apoyaría su aprobación.
Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que investigue por qué el Partido Popular (PP) conocía un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) antes de su entrega oficial. Cerdán argumenta que Miguel Tellado, secretario general del PP, hizo comentarios sobre el informe horas antes de su presentación, lo que sugiere una posible filtración y una relación entre la Policía Judicial y el PP. El informe en cuestión detalla irregularidades financieras relacionadas con José Luis Ábalos, quien está siendo investigado por presuntas mordidas en adjudicaciones de obras públicas. Los investigadores han encontrado más de 60.000 euros en ingresos en efectivo no declarados por Ábalos entre 2014 y 2024.
El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, exigiendo su cese inmediato por la gestión deficiente de las pulseras antimaltrato. La moción, impulsada por el PP y Vox, recibió 170 votos a favor frente a 162 en contra. Se critica la negligencia en el sistema Cometa que supervisa estas pulseras, afectando a más de 4.500 mujeres. La diputada del PP, Patricia Rodríguez, denunció la hipocresía del Gobierno y exigió responsabilidades por los fallos que han puesto en riesgo a las víctimas. Desde el PSOE y Sumar se defendió que las víctimas han estado protegidas y se solicitaron soluciones inmediatas para corregir las deficiencias del sistema.
El PP ha rechazado en el Senado una moción del PSOE para reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que el Gobierno ha incrementado su plantilla en un 23% y mejorado las condiciones laborales. La votación resultó en 8 votos a favor, 17 en contra y una abstención. El Gobierno ha implementado la Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 para garantizar derechos laborales, con un aumento significativo en la detección de infracciones y recuperación de salarios. El portavoz del PSOE, Javier Remirez, criticó al PP por recortar recursos a este organismo y destacó la importancia de fortalecer la inspección para proteger los derechos de los trabajadores.
El Gobierno español ha sufrido una nueva derrota en el Congreso, donde la ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada por los votos en contra del PP, Vox y Junts. A pesar del respaldo de los socios de investidura, la propuesta no logró avanzar. La oficina buscaba prevenir e investigar la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Durante el debate, se cuestionó la efectividad de la iniciativa, con críticas sobre su posible politización. Esta situación refleja las dificultades del Gobierno para implementar reformas significativas en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
A continuación, detallamos las noticias más destacadas del día que puedes leer, ver y escuchar en HoraPunta.com.
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El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.
El Partido Popular (PP) se ha negado a condenar en el Senado los 241 ataques a las sedes del PSOE desde noviembre de 2023. Durante el Pleno, los populares condicionaron su apoyo a una moción a que los socialistas aceptaran una enmienda que criticaba al Gobierno por su "deriva antidemocrática". La moción original fue rechazada con 143 votos en contra. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Gil, destacó la importancia de fortalecer la democracia y lamentó la postura del PP, acusándolo de no entender la diversidad de España. Otros senadores también denunciaron la escalada de violencia verbal y física en la política española, señalando que los ataques se dirigen especialmente contra el PSOE y su líder, Pedro Sánchez.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, está considerando la posibilidad de un 'superdomingo' electoral en el que coincidan las elecciones autonómicas de Extremadura, Castilla y León y Aragón. Esta estrategia busca demostrar la fortaleza del partido ante la dificultad de aprobar presupuestos en estas comunidades, donde dependen de Vox. Aunque el secretario general del PP ha negado cualquier organización conjunta para estas elecciones, se están valorando las ventajas y desventajas de esta coincidencia. Celebrar elecciones simultáneas podría reforzar el discurso del PP sobre la necesidad de elecciones generales, pero también conlleva el riesgo de perder parte del electorado en favor de Vox.
Revisando mis últimas reflexiones, observo que en cada una de ellas y de diferente manera, advierto del peligro que supone el avance político, social y mediático de las derechas extremas, VOX y PP.
El Partido Popular (PP) y Vox han rechazado una moción del PSOE que buscaba reconocer la contribución económica, social y cultural de los inmigrantes en España. La votación resultó en 102 votos a favor y 145 en contra. La senadora Inma Sánchez Roca destacó que la inmigración es esencial para el crecimiento económico del país y que no representa una amenaza, sino que su falta de integración sí lo es. Otros miembros del PSOE también criticaron la postura de la derecha, señalando la hipocresía de utilizar a los inmigrantes para trabajos esenciales mientras se les deshumaniza. La discusión refleja tensiones políticas sobre la inmigración y su impacto en la sociedad española.
Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, ha afirmado que el Partido Popular (PP) seguirá siendo un "partido desnortado" si no reconoce el genocidio en Gaza, según un informe de la Comisión de la ONU. Espadas instó al PP a dejar de lado su ambivalencia y alinearse con la legalidad internacional. Criticó la falta de coherencia del PP y su dependencia de la extrema derecha, señalando que los ciudadanos prefieren a quienes ofrecen propuestas auténticas. Además, abordó el tema de la inmigración, instando al PP a optar por un enfoque respetuoso hacia los migrantes en lugar de criminalizarlos.
El juicio de la Trama Eólica ha comenzado, involucrando a 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartir 75 millones de euros en mordidas relacionadas con la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Los procesados enfrentan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía solicita 36 años y medio de prisión para Rafael Delgado, principal acusado, así como multas que superan los 236 millones de euros. El juicio, considerado el mayor caso de corrupción en la región, concluirá el 28 de enero de 2026 tras escuchar a 84 testigos y peritos.
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