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El Partido Popular (PP) ha programado la comparecencia de Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para el 15 de diciembre en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. La portavoz del PP, Alicia García, ha anticipado una "semana Santos Cerdán" con su citación dos días después. García ha instado a Muñoz a explicar el uso de una tarjeta vinculada a corrupción y los detalles sobre la empresa Servinabar. Además, el PP no descarta citar a Begoña Gómez en relación con nuevas acusaciones y planea una ofensiva contra el presidente Pedro Sánchez durante este mes.

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' y ha solicitado su dimisión. La moción fue presentada por el diputado no adscrito José Ramón Conesa y recibió el apoyo del PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra. Conesa justificó la decisión acusando a Sánchez de pactar con "los asesinos" de ETA y criticando su gestión durante la pandemia. Los concejales del PSOE y Unidas Podemos denunciaron que esta acción ataca la institucionalidad democrática, mientras que Vox defendió su apoyo a la moción como un intento de buscar el bien de España.

El Partido Popular (PP) ha votado en contra de una moción socialista en el Senado que proponía la abolición de la prostitución y la prohibición del uso del cuerpo de las mujeres como objeto de consumo. La votación resultó en 88 votos a favor, 144 en contra y 27 abstenciones. La portavoz socialista, Carmela Silva, defendió la postura del PSOE, argumentando que la prostitución es parte del sistema patriarcal que cosifica a las mujeres. Otros senadores socialistas enfatizaron la necesidad de actuar radicalmente contra las desigualdades y criticaron al PP por mercadear con los derechos de las mujeres. La discusión se centró en la importancia de prevenir la explotación sexual y construir una sociedad igualitaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no crear un registro de objetores de conciencia para el aborto, dejando la decisión en manos de los tribunales. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, afirmó que su administración defiende un aborto legal y seguro, y rechazó la presión del Gobierno central para cumplir con la normativa. Mientras otras comunidades autónomas han acatado la ley, Madrid se mantiene firme en su postura, priorizando la libertad de objeción y criticando al Gobierno por su enfoque.

A continuación, detallamos las noticias más destacadas del día que puedes leer, ver y escuchar en HoraPunta.com.

El PSOE ha unido su abstención a la negativa del PP y Vox, bloqueando en el Congreso una iniciativa de Izquierda Unida para ampliar el parque de vivienda pública en España y destinar un 2% del PIB a políticas de vivienda. Toni Valero, portavoz de IU, lamentó esta decisión y destacó la necesidad de soluciones ante la crisis habitacional que afecta a millones de españoles. La propuesta incluía medidas para erradicar desahucios y aumentar la oferta de viviendas asequibles, enfatizando que la intervención es crucial para proteger a las familias vulnerables frente al intervencionismo de fondos de inversión. La situación actual plantea serios desafíos para la democracia y el bienestar social en el país.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha cedido a las demandas de Vox al eliminar el lenguaje inclusivo y las comisiones de igualdad en Les Corts. Este pacto con la ultraderecha incluye la diferenciación de migrantes en estadísticas y la eliminación de políticas LGTBI, lo que ha generado críticas de la oposición. Mazón es acusado de retroceder en derechos y libertades, alineándose con discursos de Vox en temas como migración y sostenibilidad. Esta decisión se produce tras un acuerdo previo para aprobar los presupuestos, donde también se recortaron fondos para iniciativas relacionadas con la igualdad y el desarrollo sostenible.

El Partido Popular (PP) ha rechazado en el Senado una moción del PSOE que buscaba impulsar las lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. La votación resultó en 20 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones. La viceportavoz socialista, Carmela Silva, criticó al PP por su falta de comprensión sobre la diversidad del país y defendió que las lenguas cooficiales son un patrimonio cultural que debe ser protegido. Silva argumentó que defender los derechos lingüísticos es esencial para la identidad y memoria colectiva. También se destacó que el PP y Vox han obstaculizado el uso de estas lenguas en el Senado, promoviendo una visión homogénea de España que no refleja su pluralidad. El senador catalán Antoni Poveda añadió que cada lengua representa una riqueza y pidió un mayor reconocimiento para el catalán, gallego y euskera en el ámbito político.

El Gobierno de España sufre una nueva derrota en el Congreso al ser rechazada la senda de estabilidad, un paso crucial para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Los votos en contra de Junts, PP y Vox han marcado esta decisión, mientras que Podemos y Compromís se abstuvieron. Esta es la quinta vez que el Ejecutivo intenta aprobar esta senda sin éxito, lo que ha llevado a Moncloa a señalar que el rechazo perjudica a las comunidades autónomas al limitar su margen fiscal en 5.485 millones. La senda ofrecía un objetivo de déficit del -0,1% para 2025-2028, evitando ajustes durante ese periodo. A pesar del rechazo, el Gobierno planea seguir adelante con la presentación de los Presupuestos utilizando la senda enviada a la Comisión Europea en 2023.

El Senado no condenará las amenazas de grupos fascistas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ocurridas el 20 de noviembre durante una manifestación de Falange. A pesar de que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una propuesta para condenar estos actos, solo recibió apoyo de la mayoría, excluyendo al PP y Vox. La declaración advierte sobre el clima de odio impulsado por la ultraderecha y señala que la violencia verbal puede preceder a la violencia física. PP y Vox se negaron a firmar un texto que instaba a evitar mensajes de odio en el debate político.

El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que impida al PSOE actuar como acusación popular en el caso Koldo, argumentando que es contradictorio que un partido investigado pueda ejercer esta función. Esta petición surge tras la apertura de una pieza separada para investigar pagos en metálico del PSOE al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El PP sostiene que la participación del PSOE como acusación podría afectar la imparcialidad del proceso penal, dado que está bajo investigación por posibles irregularidades en esos pagos. Las indagaciones revelaron que algunos de estos pagos no estaban debidamente justificados.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Elías Bendodo, ha denunciado la nueva tasa de basura impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola como un "tasazo". El PP planea presentar mociones en los ayuntamientos para exigir su derogación. Bendodo argumenta que esta tasa no es una exigencia de la Unión Europea, sino una imposición del gobierno español. Además, critica las numerosas subidas de impuestos bajo la administración de Sánchez y resalta la falta de apoyo financiero a los municipios. También hace un llamado a los socios del Gobierno para que reconsideren su apoyo ante lo que considera un Ejecutivo corrupto.

El Partido Popular ha votado en contra de blindar el derecho al aborto en la Constitución durante una reciente sesión en el Senado, alineándose con la extrema derecha. La propuesta recibió 113 votos a favor y 147 en contra. La portavoz del PSOE, María Fernández, destacó que el derecho a decidir es una cuestión de libertad y subrayó la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Otros senadores del PSOE también criticaron al PP por su falta de avance en esta temática y advirtieron sobre una ola reaccionaria que amenaza los derechos y libertades de las mujeres. La senadora Elena Vila enfatizó la necesidad de proteger estos derechos ante posibles retrocesos.

El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.