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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado el auto del juez Juan Carlos Peinado que propone juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Puente advierte sobre el riesgo de que se persiga a familiares de cargos públicos en una democracia y critica las causas judiciales que podrían violentar la acción política de representantes elegidos democráticamente. Ha expresado su confusión respecto a los cargos contra Gómez y ha señalado que la imagen de la Justicia se ve afectada por estos procedimientos. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha defendido la inocencia de Gómez y criticado el auto judicial.

La Audiencia de Madrid ha decidido no archivar la causa contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en relación a sus negocios con el grupo sanitario Quirón. González Amador había solicitado el archivo de la investigación argumentando la falta de indicios delictivos, pero el tribunal determinó que dicha solicitud debía ser presentada ante el juez instructor. La investigación se centra en presuntos delitos de administración desleal y corrupción, vinculados al uso de una empresa pantalla para recibir pagos significativos durante la pandemia. La Fiscalía investiga un movimiento financiero sospechoso relacionado con una comisión por la compra de mascarillas y una transacción considerada desproporcionada hacia una empresa propiedad de la esposa del presidente de Quirón.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación tras no solicitar la compatibilidad entre su cargo público y sus actividades privadas, especialmente la dirección de una televisión local. El juez ha concluido la investigación y ha ordenado continuar con el procedimiento abreviado, indicando que Jácome estaba obligado a pedir dicha compatibilidad. Se señala que su decisión de no hacerlo responde a intereses particulares y que podría haber recibido ingresos indebidos durante aproximadamente siete años. Además, se critica su interpretación favorable a sus intereses sobre la normativa vigente.

El Gobierno de España ha solicitado la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, argumentando que esta entidad hace apología del franquismo y humilla a las víctimas de la dictadura. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que se presentará un expediente sólido ante el juez para respaldar esta decisión, enmarcada dentro de la Ley de Memoria Democrática. Aunque el proceso administrativo comenzó en junio de 2024, ahora queda en manos de la Justicia, lo que podría dar lugar a una prolongada batalla legal. Además, el Ministerio de Cultura busca recuperar casi 30.000 documentos del archivo de la fundación, considerados de carácter público. La Fundación Francisco Franco ha defendido su permanencia alegando que está amparada por la Constitución y ha criticado al Gobierno por lo que considera un ataque a la libertad de expresión.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha destacado la elevación de la interlocución política con China al mayor nivel en 53 años tras reunirse con el presidente Xi Jinping en Pekín. Durante su visita, se formalizó un Diálogo Estratégico permanente para fortalecer las relaciones bilaterales y se firmaron acuerdos destinados a facilitar el acceso de productos españoles al mercado chino y promover inversiones en sectores clave como el transporte y la energía. Sánchez también enfatizó la importancia de un nuevo orden multipolar y la cooperación entre la Unión Europea y China, así como la necesidad de inversiones que generen empleo local y fomenten el desarrollo tecnológico en España.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha clausurado el foro European Pulse en Barcelona, donde destacó la importancia de Europa como un proyecto fundamental en tiempos de incertidumbre. Durante su intervención, subrayó que Europa representa valores esenciales como la democracia y la solidaridad, y defendió la necesidad de avanzar hacia una mayor integración y soberanía. Sánchez propuso tres prioridades para el futuro de Europa: fortalecer la Unión de Seguridad y Defensa, reforzar el mercado interior y la soberanía financiera, y consolidar el pilar social europeo. Además, enfatizó que Europa debe adaptarse a las necesidades actuales sin perder su esencia y mantener una postura firme en defensa del derecho internacional.

La Policía Nacional ha detenido a 24 personas por su presunta implicación en organizaciones criminales que favorecían la inmigración ilegal entre el norte de África y España. De los detenidos, 14 han ingresado en prisión provisional. Las investigaciones, iniciadas en octubre de 2024, revelaron la existencia de dos bandas operando en Almería y Granada, acusadas de delitos como contrabando, robo con fuerza y falsedad documental. Durante la operación, se incautaron dos narcolanchas, embarcaciones recreativas, vehículos de alta gama y una cantidad significativa de dinero en efectivo, además de otros materiales relacionados con actividades ilícitas.

El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley que mejora el acceso a pruebas electrónicas en la Unión Europea, facilitando el trabajo de jueces, fiscales y policías. Este nuevo marco legal obliga a los prestadores de servicios digitales a nombrar un representante para gestionar solicitudes de obtención y preservación de datos relevantes en investigaciones penales. Con esta medida, se busca agilizar la cooperación judicial y adaptarse a las necesidades del entorno digital, donde gran parte de las pruebas son electrónicas. El anteproyecto forma parte del paquete e-evidence europeo, que refuerza la colaboración judicial en toda la UE.

España y China han firmado diecinueve acuerdos para fortalecer la cooperación económica, cultural y científico-tecnológica. Durante la visita del presidente Pedro Sánchez a Pekín, se estableció un Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático que permitirá una comunicación más fluida entre ambos países. Este acuerdo busca equilibrar las relaciones comerciales y fomentar inversiones chinas en España, priorizando el desarrollo tecnológico y la creación de empleo local. También se formalizaron protocolos para ampliar las exportaciones agroalimentarias españolas y se acordó colaborar en educación, cultura y ciencia, incluyendo proyectos conjuntos entre museos y el desarrollo de campus universitarios.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha cuestionado el informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz, pidiendo prudencia antes de atribuir responsabilidades. Durante su comparecencia, destacó la necesidad de realizar una investigación interna y matizó que algunas conclusiones del informe no pueden considerarse ciertas. También mencionó que aún faltan análisis técnicos clave y advirtió que múltiples factores podrían haber influido en el accidente, sin poder establecer una única causa. Además, explicó el funcionamiento de los circuitos de vía y subrayó que no existen sistemas completamente fiables para detectar roturas en los carriles.