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La Geoda de Pulpí y el Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza han avanzado a la siguiente fase para su candidatura oficial como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta decisión fue tomada en el 99º Consejo de Patrimonio Histórico, celebrado en Sigüenza, donde se aprobó que estos dos sitios sean presentados para un informe preliminar según el nuevo procedimiento de la UNESCO. El Paisaje Dulce y Salado destaca por ser una importante zona de producción de sal desde la Edad Media, mientras que la Geoda Gigante, descubierta en 1999 en Almería, contiene valiosos elementos geológicos.

El exasesor de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, ha declarado ante el tribunal que no se medicalizaron las residencias durante el inicio de la pandemia debido a la falta de médicos. En su comparecencia, Burgueño también afirmó haber elaborado un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego atribuyó la responsabilidad a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este testimonio es considerado clave por asociaciones que buscan esclarecer la gestión de la crisis en las residencias y el trato hacia los mayores durante la pandemia. La declaración se enmarca en un procedimiento judicial relacionado con la crisis sanitaria y las decisiones tomadas en ese periodo.

La Guardia Civil ha planteado dudas sobre la cualificación de los operarios que revisaron la vía en Adamuz seis meses antes del accidente ferroviario que dejó 46 muertos. Según un informe, estos técnicos no cumplían con el requisito de tener al menos dos años de experiencia necesaria para realizar auscultaciones en soldaduras. La investigación revela que, a pesar de detectar una alteración eléctrica compatible con una rotura un día antes del accidente, los sistemas de señalización no alertaron debido a su falta de fiabilidad. Este informe podría tener implicaciones legales significativas, ya que se investiga si hubo homicidio por imprudencia relacionado con el trágico suceso.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha exigido a la Unión Europea la suspensión del acuerdo de asociación con Israel tras el reciente ataque masivo en Líbano, que dejó al menos 254 muertos y más de 1.100 heridos. Sánchez calificó el ataque como "intolerable" y subrayó la necesidad de condenar esta violación del derecho internacional. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente presión internacional y críticas hacia las acciones israelíes en la región. La comunidad internacional debe actuar para garantizar el respeto a los derechos humanos y detener la impunidad frente a actos criminales, según afirmó Sánchez.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha criticado al Partido Popular (PP) por boicotear la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, acusándolo de adoptar "las tesis racistas de Vox". La ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP impidió la celebración de la reunión, lo que Rego considera "absolutamente lamentable". A pesar del bloqueo, la ministra aseguró que el Real Decreto sobre acogida de infancia migrante no acompañada continuará su curso. Además, destacó los avances en políticas migratorias y la mejora del sistema de acogida en diversas regiones.

Audios filtrados revelan que el Gobierno español y Red Eléctrica de España estaban al tanto de la inestabilidad del sistema eléctrico semanas antes del apagón del 28 de abril de 2025. Las grabaciones muestran advertencias sobre oscilaciones peligrosas en la red y problemas relacionados con la generación solar, que carece de la inercia necesaria para estabilizar el sistema. Operadores alertaron sobre un "problemón brutal" y anticiparon un posible colapso, indicando que se esperaba un "cero gordo". A pesar de las preocupaciones, Red Eléctrica sostiene que cumplió con todos los protocolos durante el incidente.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, convocó a la jefa de la Embajada de Israel para protestar por la detención de un soldado español en Líbano por parte del ejército israelí. El militar fue liberado tras una hora gracias a las protestas de España, que calificó el incidente como una violación inaceptable del Derecho Internacional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, exigió responsabilidades y garantías de sanciones para los responsables. A pesar de la situación tensa en la región, España reafirmó su compromiso con la misión internacional en Líbano y anunció el envío de un equipo médico militar para reforzar la atención sanitaria en la base Miguel de Cervantes.

El abogado de José Luis Ábalos ha cambiado su estrategia en el caso que involucra a Jéssica, una testigo clave y exnovia del exministro. En un intento por desacreditarla, ha insinuado que se dedicaba a la prostitución justo cuando ella ha comenzado a declarar sobre cómo Ábalos la colocó en empresas públicas sin que realmente trabajara. Jéssica, quien se identificó como dentista colegiada, refutó las acusaciones durante su testimonio en el Tribunal Supremo. Este giro en la defensa busca minimizar el impacto de sus declaraciones, que evidencian el uso indebido de influencia por parte de Ábalos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. La sanción es resultado de seis infracciones muy graves y una grave, que incluyen la imposición de cargos indebidos y cláusulas abusivas en los contratos. Esta resolución se considera firme tras el recurso administrativo resuelto por el ministro Pablo Bustinduy. La ley prohíbe trasladar gastos de gestión inmobiliaria a los inquilinos, lo que ha llevado a esta acción reguladora. Además de la multa económica, se exige a la inmobiliaria eliminar las cláusulas abusivas y hacer pública la sanción.

El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta reforma busca garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad y con las prestaciones necesarias en todo el territorio nacional. La nueva redacción establece que los poderes públicos deben asegurar el ejercicio del derecho a la IVE, alineándose con los principios de igualdad y protección de los derechos de las mujeres. El proceso legislativo requerirá una aprobación mayoritaria en el Congreso y el Senado. Con esta medida, España reafirma su compromiso con la autodeterminación y protección de los derechos femeninos.