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El Gobierno de España y la Iglesia católica han acordado un sistema de reparación integral para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, quienes no pueden recurrir a la vía judicial debido a la prescripción de los hechos o el fallecimiento de los responsables. Este acuerdo, firmado por el ministro Félix Bolaños y líderes eclesiásticos, establece un mecanismo mixto que incluye reparaciones económicas y otras formas de reconocimiento. Las víctimas podrán presentar solicitudes durante un año, prorrogable otro más, y el Defensor del Pueblo será responsable de gestionar el proceso. El Gobierno busca cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y garantizar justicia para las víctimas tras décadas de silencio.

En 2025, España registró 1.119 fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas, según el balance presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este dato representa una disminución del 3% respecto al año anterior, con un total de 1.028 siniestros mortales y 4.936 heridos hospitalizados. A pesar de la reducción en la mortalidad vial, el ministro enfatizó que esta cifra sigue siendo inaceptable y urgió a la aprobación de una ley para reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante. La mayoría de las víctimas fueron conductores (73%), y las carreteras secundarias continúan siendo las más peligrosas, con tres cuartas partes de los fallecimientos ocurriendo en estas vías.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años durante un operativo migratorio en Minneapolis. El DHS afirmó que el agente actuó en defensa propia, acusando a la mujer de intentar embestir a los oficiales, aunque testigos contradicen esta versión. La muerte ha generado críticas significativas, incluyendo la exigencia del alcalde de Minneapolis para que los agentes federales abandonen la ciudad, alegando que su presencia causa caos y pone en riesgo a la comunidad. Las tensiones persisten entre las autoridades locales y la administración federal en medio de un despliegue migratorio masivo en la región.

Expertos en derechos humanos de la ONU han condenado la reciente agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo bombardeos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Advierten que estas acciones violan el derecho internacional y podrían desestabilizar la región. Los expertos destacan que el uso no provocado de la fuerza es una clara transgresión de la Carta de la ONU y podría constituir un crimen internacional. Además, critican las medidas coercitivas previas de EE. UU., como bloqueos y asesinatos extrajudiciales, que también contravienen los derechos humanos. Subrayan la importancia de respetar la autodeterminación del pueblo venezolano y exigen a la comunidad internacional actuar para detener estas violaciones.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe que denuncia la segregación y discriminación sistemática de los palestinos por parte de Israel en Cisjordania, calificando estas prácticas como una forma de apartheid. El documento detalla cómo las leyes y políticas israelíes crean un doble sistema legal que favorece a los colonos israelíes, mientras que los palestinos enfrentan restricciones severas en su movilidad y acceso a recursos básicos como el agua. Además, se documenta un aumento en la violencia contra los palestinos, con impunidad para las fuerzas israelíes. La ONU exige el fin de estas prácticas discriminatorias y el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Las severas tormentas invernales en Gaza han afectado a unas 65.000 familias, causando daños significativos en refugios temporales y viviendas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reporta que las condiciones climáticas han llevado al colapso de estructuras y a la inundación de sitios de desplazamiento. Aunque se han proporcionado tiendas de campaña y otros suministros a 80.000 familias, los trabajadores humanitarios advierten que estas soluciones son insuficientes y urgentes para una transición hacia refugios más duraderos. Además, la falta de terreno disponible complica la reubicación y mejora de las condiciones de vida en la región, donde alrededor de un millón de personas aún requieren asistencia urgente.

La Ertzaintza ha entregado a una ONG el material incautado durante un operativo policial en Araba en 2020, que incluye ropa, calzado y grifos. Este material, que no fue reclamado y se encontraba en perfecto estado, será distribuido en varios poblados de Gambia. La operación original resultó en la detención de seis personas vinculadas a una organización criminal dedicada al robo de cargas de camiones en tránsito por el territorio nacional. La colaboración entre la Ertzaintza y la Guardia Civil fue clave para desmantelar esta red delictiva.

La Ertzaintza ha solicitado la colaboración de testigos del accidente de tráfico mortal ocurrido en la carretera GI-2132, en Hernani, donde un joven de 24 años perdió la vida tras colisionar su motocicleta con un turismo. El incidente tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche y la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Se insta a quienes tengan información relevante a contactar con la policía vasca al número 943 53 91 25.

La Unión Europea ha destinado 38 millones de euros para financiar servicios esenciales a personas migrantes en España durante 2025. Esta ayuda, proveniente del programa de emergencia (EMAS) del Fondo de Asilo, Migración e Integración, busca ofrecer asistencia a inmigrantes y familias, así como a menores no acompañados en Canarias y Ceuta. La financiación permitirá la prestación de servicios como seguridad, alojamiento y limpieza en diez centros de atención, creando 11.200 plazas. Además, se han remodelado instalaciones para atender las necesidades específicas de los menores extranjeros no acompañados, beneficiando a más de 600 jóvenes con apoyo psicológico y académico.

La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) ha calificado de "indignante" una nueva ley israelí que restringe sus operaciones, según su Comisionado General, Philippe Lazzarini. Esta legislación, aprobada por el Parlamento israelí, retira la inmunidad diplomática a la UNRWA y permite al gobierno expropiar propiedades de la ONU en Jerusalén Oriental. Lazzarini denuncia que esta medida vulnera el derecho internacional y socava el mandato de la Asamblea General de la ONU, además de ser un ataque directo al sistema multilateral. La ley también prohíbe las operaciones de la UNRWA en Jerusalén Oriental y suspende el contacto entre funcionarios israelíes y la Agencia. Lazzarini advierte que estas acciones forman parte de una campaña sistemática para desacreditar a la UNRWA y obstaculizar la asistencia a millones de refugiados palestinos.