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María Guardiola ha defendido su acuerdo de gobierno con Vox durante el debate de investidura, asegurando que no incumplirá la ley y que lo firmado se llevará a cabo. Aunque evitó mencionar la controvertida "prioridad nacional" incluida en el pacto, subrayó la necesidad de estabilidad en Extremadura. A pesar de las críticas y protestas externas, Guardiola afirmó que el texto del acuerdo es transparente y que su administración se centrará en políticas como la mejora de la sanidad y el apoyo a los autónomos. La votación para su investidura está programada para este miércoles.

La Audiencia de Madrid ha ratificado que calificar a los Testigos de Jehová como "secta destructiva" no constituye un delito, amparándose en la libertad de expresión. Esta decisión se basa en una sentencia previa que favoreció a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que argumenta que la congregación ejerce un control excesivo sobre sus fieles y oculta abusos. La magistrada subrayó que, aunque algunas afirmaciones pueden ser inexactas o hirientes, prevalece el derecho a expresar críticas. La resolución también destaca la importancia de la libertad de expresión en sociedades democráticas y establece criterios claros entre el derecho al honor y la crítica pública.

Cuatro mujeres víctimas de explotación sexual han sido liberadas en Francia gracias a la coordinación entre las autoridades de España, Colombia y Francia. La operación se llevó a cabo tras la denuncia de una madre en Colombia, quien alertó sobre la situación de su hija, que había sido engañada con promesas de empleo bien remunerado en el país europeo. Las víctimas, sometidas a condiciones coercitivas y obligadas a ejercer la prostitución, fueron localizadas en Bourgoin-Jallieu. En la intervención fue detenida una mujer colombiana implicada en la trata. Las autoridades continúan promoviendo la campaña #NoNacíParaEsto para visibilizar y prevenir la trata de personas.

Un hombre se enfrenta a juicio en la Audiencia Provincial de Málaga por el asesinato de su esposa, Déborah Morais, ocurrido el 28 de marzo de 2022. Tras estrangularla, el acusado enterró su cuerpo bajo hormigón y elaboró una coartada, alegando que ella había abandonado a la familia para irse a Brasil con un amante. La investigación reveló inconsistencias en su relato, lo que llevó a la policía a sospechar de él tras seis meses de búsqueda. Finalmente, admitió el crimen durante un interrogatorio y ahora enfrenta una pena de 15 años de prisión por este crimen machista.

La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia histórica contra una de las principales redes ilegales de IPTV en España, imponiendo condenas penales significativas y fijando indemnizaciones por delitos contra la propiedad intelectual. La red, conocida como 'Dash, el iraní', operaba a través de múltiples dominios y distribuía ilegalmente contenido audiovisual a más de dos millones de usuarios en 13 países. La sentencia incluye una indemnización de 12 millones de euros para las empresas afectadas y multas que superan los 30 millones por blanqueo de capitales. Este caso destaca la importancia de la lucha contra la piratería audiovisual y su impacto en la industria del deporte en vivo.

La Audiencia de Madrid ha decidido no archivar la causa contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en relación a sus negocios con el grupo sanitario Quirón. González Amador había solicitado el archivo de la investigación argumentando la falta de indicios delictivos, pero el tribunal determinó que dicha solicitud debía ser presentada ante el juez instructor. La investigación se centra en presuntos delitos de administración desleal y corrupción, vinculados al uso de una empresa pantalla para recibir pagos significativos durante la pandemia. La Fiscalía investiga un movimiento financiero sospechoso relacionado con una comisión por la compra de mascarillas y una transacción considerada desproporcionada hacia una empresa propiedad de la esposa del presidente de Quirón.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación tras no solicitar la compatibilidad entre su cargo público y sus actividades privadas, especialmente la dirección de una televisión local. El juez ha concluido la investigación y ha ordenado continuar con el procedimiento abreviado, indicando que Jácome estaba obligado a pedir dicha compatibilidad. Se señala que su decisión de no hacerlo responde a intereses particulares y que podría haber recibido ingresos indebidos durante aproximadamente siete años. Además, se critica su interpretación favorable a sus intereses sobre la normativa vigente.

La Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la investigación sobre las presuntas agresiones sexuales a niños en un colegio del Opus Dei en Torrent, tras meses de sobreseimiento. Siete familias denunciaron en 2024 que sus hijos, alumnos de preescolar, fueron víctimas de abusos por parte de un profesor. Los relatos de los menores coinciden en detalles y describen situaciones de exhibicionismo y tocamientos en un lugar denominado "la guarida". La decisión de reabrir el caso se basa en la identificación de indicios claros de delito y la crítica a la falta de atención especializada durante la instrucción inicial. Las familias expresan alivio y esperan que esta vez se realice una investigación exhaustiva.

La Policía Nacional ha detenido a 24 personas por su presunta implicación en organizaciones criminales que favorecían la inmigración ilegal entre el norte de África y España. De los detenidos, 14 han ingresado en prisión provisional. Las investigaciones, iniciadas en octubre de 2024, revelaron la existencia de dos bandas operando en Almería y Granada, acusadas de delitos como contrabando, robo con fuerza y falsedad documental. Durante la operación, se incautaron dos narcolanchas, embarcaciones recreativas, vehículos de alta gama y una cantidad significativa de dinero en efectivo, además de otros materiales relacionados con actividades ilícitas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa, Almería, investiga al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto homicidio por imprudencia tras la muerte de un hombre de 86 años con cáncer de mama. La familia denuncia que el SAS no realizó un seguimiento adecuado de su enfermedad y perdió pruebas cruciales para su tratamiento. El paciente, que había sido diagnosticado en Madrid en 2005, no recibió la atención oncológica necesaria tras trasladarse a Andalucía. Esta es la primera denuncia penal contra el SAS admitida a trámite relacionada con problemas en el cribado de cáncer de mama en la región.