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Un hombre de 47 años ha sido detenido y enviado a prisión provisional sin fianza por el presunto asesinato de una niña de 5 años en Murcia, hija adoptiva de su expareja. El acusado, que no tenía custodia de la menor, aprovechó un viaje en coche para suministrarle pastillas. La investigación incluye delitos de malos tratos psicológicos y acoso familiar. La madre adoptiva ha recibido protección judicial tras declarar como víctima. Este caso resalta la vulnerabilidad infantil y la necesidad de medidas preventivas ante situaciones de riesgo familiar.

Arcópoli, la entidad defensora de los derechos LGBTI+, ha denunciado el discurso de odio expresado por la diputada Isabel Pérez Moñino del partido VOX en la Asamblea de Madrid. La organización ha enviado una denuncia a la fiscalía en respuesta a las declaraciones realizadas durante su intervención. Este acto resalta la creciente preocupación sobre el lenguaje y las actitudes discriminatorias en el ámbito político. Para más detalles, visita el enlace completo.

Una mujer de 82 años ha fallecido y otras dos mujeres, de 82 y 48 años, han resultado heridas tras un accidente de tráfico en la NA-122, cerca de Lerín. El siniestro ocurrió cuando el vehículo volcó a la altura del kilómetro 17,5. Los servicios de emergencia, incluidos bomberos y ambulancias, fueron movilizados rápidamente, pero no pudieron salvar a la ocupante atrapada. Las heridas fueron trasladadas al Hospital García Orcoyen con lesiones de pronóstico reservado. La Policía Foral investiga el incidente.

Los Mossos d’Esquadra han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de hachís y marihuana en Catalunya central. En la operación, se detuvieron a seis hombres y se incautaron más de 1.200 plantas de cannabis, 2,5 kg de marihuana lista para la venta, armas de fuego y 22.000 euros en efectivo. La investigación, que comenzó en marzo de 2024, reveló un entramado que cultivaba cannabis y distribuía drogas hacia Italia. La fase final del operativo involucró a más de 100 agentes y múltiples entradas en domicilios y naves industriales. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas. Para más información, visita el enlace.

La Ertzaintza ha resuelto una serie de robos en domicilios ocurridos en agosto de 2024 en Vitoria-Gasteiz y Errenteria, identificando a dos hombres como miembros de un grupo criminal itinerante. Estos individuos, actualmente en prisión por delitos similares en diversas provincias españolas, están acusados de una decena de robos. La investigación, realizada por el Servicio de Investigación Territorial (SICTA) y la Policía Local, destaca la colaboración entre diferentes cuerpos policiales para desarticular este tipo de bandas organizadas. Este es el segundo grupo desactivado recientemente por la Ertzaintza en relación con robos en viviendas.

Un operario de 42 años ha fallecido tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una línea de alta tensión en Arcos de Jalón, Soria, el 2 de abril de 2025. El incidente ocurrió en un área de difícil acceso y se activaron los servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y un helicóptero sanitario. A pesar de los esfuerzos del personal médico y del Grupo de Rescate y Salvamento, el operario no pudo ser reanimado. Otro trabajador, de 51 años, también resultó herido por electrocución y fue trasladado al hospital «Miguel Servet» en Zaragoza.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que las obras del nuevo acceso ferroviario a València han entrado en una fase decisiva, con el 75% de la inversión de 665 millones de euros ya contratada. Este proyecto transformará la movilidad ferroviaria en la provincia y contempla la excavación de un túnel de 1,2 km, así como la remodelación integral de la estación Joaquín Sorolla. Las obras buscan integrar el ferrocarril en la trama urbana y potenciar el Corredor Mediterráneo, contribuyendo a una movilidad más sostenible y mejorando la calidad de vida en València. La financiación proviene de Adif AV, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, además de contar con apoyo europeo a través del Plan de Recuperación.

Más Madrid ha presentado en Leganés su propuesta para garantizar el acceso a la vivienda, abogando por la vivienda pública y el alquiler indefinido. En un acto encabezado por Mónica García, coportavoz de Más Madrid, se criticaron las políticas del Partido Popular, destacando que mientras en Cataluña los precios de la vivienda han disminuido, en Madrid han aumentado un 17%. La iniciativa incluye una Proposición de Ley que se debatirá en el Senado y busca estabilizar los precios del alquiler, ofreciendo mayor seguridad a los inquilinos y combatiendo la especulación inmobiliaria. El alquiler indefinido pretende transformar los contratos de arrendamiento en acuerdos permanentes, brindando protección a los inquilinos frente a subidas abusivas.

Más Madrid presenta este miércoles en el Senado la Proposición de Ley de alquiler indefinido, liderada por la senadora Carla Antonelli. Esta iniciativa busca frenar las subidas abusivas del alquiler y proporcionar mayor seguridad a los inquilinos en Madrid, donde un 24% de la población vive de alquiler. La ley propone que los propietarios solo puedan aumentar el precio del alquiler según un índice vinculado a la inflación anual, evitando incrementos desmedidos al finalizar los contratos. La medida, que ya ha sido debatida en la Asamblea de Madrid y en 46 ayuntamientos, se espera que llegue al Congreso en las próximas semanas. Con esta reforma, se pretende garantizar el derecho a una vivienda digna y combatir la especulación inmobiliaria.

Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, acusando al alcalde José Luis Almeida y a la Agencia de Actividades de permitir la proliferación de más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. La portavoz del grupo, Rita Maestre, sostiene que la inacción del Ayuntamiento no es mera pasividad, sino un consentimiento deliberado hacia la ilegalidad. Esta denuncia se basa en el artículo 320 del Código Penal, que penaliza a las autoridades que omiten inspecciones obligatorias. A pesar de las advertencias y datos proporcionados por el Ministerio de Consumo sobre los alojamientos ilegales, Almeida ha mostrado una falta de respuesta efectiva, lo que agrava la crisis habitacional en Madrid. Más Madrid exige una investigación exhaustiva y acciones inmediatas para proteger los derechos de los ciudadanos frente a intereses económicos desmedidos.