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Greenpeace ha llevado a cabo movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir un transporte público que priorice a las personas. En el contexto del Día Mundial Sin Coches y la Semana Europea de la Movilidad, la organización presentó su propuesta "Garantía de Movilidad", que busca asegurar un acceso justo y sostenible al transporte, reduciendo la dependencia del coche privado. Las actividades incluyeron la colocación de carteles informativos en autobuses y marquesinas, así como diálogos con la ciudadanía sobre las deficiencias del sistema actual. Greenpeace destaca que el sector del transporte es responsable del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y aboga por estándares mínimos en frecuencia, cobertura y accesibilidad para un servicio digno y sostenible.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declaró ante la jueza que fue él quien propuso enviar una alerta a la población durante la DANA, argumentando que no se estaban tomando medidas adecuadas. En su testimonio, Polo destacó la falta de acción de las autoridades, incluyendo a la consellera Salomé Pradas y al presidente Carlos Mazón, quienes no actuaron hasta horas más tarde. A pesar de advertir sobre el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata y sugerir que se avisara a los ciudadanos para que subieran a pisos altos, la alerta se envió con retraso. La declaración revela una gestión ineficaz ante una crisis que exigía decisiones rápidas y efectivas.

Una manifestación estudiantil en la Universidad de Alcalá de Henares recibió a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con gritos de "Israel asesina, Ayuso patrocina". Los manifestantes, alrededor de 200, exigieron una mayor financiación para la educación pública y denunciaron el conflicto en Palestina. La protesta, convocada por UGT, incluyó consignas como "Que viva la lucha del pueblo palestino" y críticas hacia Ayuso por su postura sobre el conflicto. La situación se complicó con fuertes medidas de seguridad y acusaciones entre el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno sobre la autorización de la manifestación.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a À Punt y a Emergencias de la Generalitat todas las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, en el marco de la investigación sobre la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. La cadena pública había esperado un requerimiento oficial para entregar el material, que incluye una grabación donde se discute la alerta que debía enviarse a la población. A pesar de que la alerta masiva no se emitió hasta las 20:11 horas, cuando muchas víctimas ya habían fallecido o desaparecido, À Punt había ofrecido colaborar pero temía vulnerar el secreto profesional sin un requerimiento judicial. Además, se ha revelado que otra cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad también grabó parte de esa reunión.

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres en Azkoitia por su implicación en una agresión sexual y detención ilegal. La víctima, un hombre que denunció los hechos, fue retenido y agredido en un domicilio local. Los detenidos, de 33 y 25 años, tienen antecedentes delictivos y han sido puestos a disposición judicial. Las investigaciones continúan para localizar a un tercer sospechoso involucrado en el delito.

La Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha detenido a tres hombres en el barrio del Raval de Barcelona por tráfico de drogas, utilizando una peluquería como tapadera. Durante la operación, se encontraron 50 g de cocaína, 400 g de hachís, más de 1.000 pastillas de benzodiazepina y objetos de valor, incluyendo joyas y relojes valorados en hasta 180.000 euros. Los agentes realizaron también registros en domicilios del Eixample, donde hallaron más relojes y dinero en efectivo. La investigación continúa para identificar los objetos robados y devolverlos a sus propietarios legítimos.

La Semana Santa de Plasencia ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un honor otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo tras la aprobación del Gobierno de la Junta de Extremadura. Esta celebración, que se lleva a cabo desde hace más de 800 años, es considerada la más antigua de Extremadura y destaca por su rica dimensión cultural y social. La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, subrayó el carácter único de esta festividad en España, resaltando la implicación de los placentinos en su celebración. Con este reconocimiento, Plasencia se suma a las 164 fiestas populares en España con esta distinción, siendo la novena en Extremadura. Las procesiones tienen lugar en un entorno histórico declarado Bien de Interés Cultural, lo que añade un atractivo turístico significativo.

El Gobierno de España ha finalizado el proceso administrativo para la reubicación de los primeros menores migrantes no acompañados que llegaron a sus costas tras la declaración de contingencia migratoria. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encabezó una reunión con varios altos funcionarios para coordinar esta acción. Se establecieron dos mecanismos de reubicación: uno para los menores llegados después de la declaración, con un plazo de 15 días, y otro para aquellos ya presentes en las fronteras antes de dicha declaración, con un periodo de cuatro meses. Las delegaciones del Gobierno están trabajando en la asignación a comunidades autónomas y se prevén reuniones adicionales en Ceuta, Melilla y Canarias para cerrar estos procesos.

Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo de 2026, según anunció el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez. Sin embargo, esta fecha podría cambiar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide adelantar las elecciones generales. En ese caso, la comunidad ajustaría su calendario electoral. Vox está a la espera de la convocatoria oficial para anunciar a su candidato, que se prevé sea Carlos Pollán. En las últimas elecciones de 2022, el PP obtuvo 31 escaños, el PSOE 28 y Vox 13, con una mayoría absoluta establecida en 41 escaños.

La 'Manada' de Castelldefels ha pactado penas de hasta 8 años y cinco meses de prisión por violar en grupo a tres mujeres, en lugar de los 53 años que enfrentaban inicialmente. Los acusados, que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las víctimas durante la pandemia, han admitido su culpabilidad y reconocido que formaban un grupo criminal. Además, se comprometieron a indemnizar a las víctimas con más de 30.000 euros y pedir perdón por el daño causado. La investigación reveló que los agresores utilizaban un chat para planificar sus actos delictivos, comparándose con otros casos similares.