El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no sólo la mitad del inmueble de Barcelona, sino también la mitad de otros ocho inmuebles (viviendas y trasteros) a nombre de Aizoon S.L., la sociedad de la que son propietarios también al 50% los duques, y que se ubican en Palma de Mallorca y Terrassa (Barcelona). Asimismo, embarga la mitad indivisa de otros ocho inmuebles a nombre de Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, o de sociedades vinculadas a ambos como Virtual Strategies, Shiriaimasu y Nóos Consultoría Estratégica.
El objetivo de este movimiento es cubrir la fianza de responsabilidad civil que tienen impuesta el duque de Palma, de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres, por un importe de 6,1 millones de euros.
Camps y Barberá testigos
El juez Castro, cita a declarar en calidad de testigos, el próximo 16 de noviembre, al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (11:30 horas), y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (12:00), cuya comparecencia tendrá lugar en la capital valenciana y había sido reclamada por el sindicato Manos Limpias así como por la Fiscalía Anticorrupción.
En su interrogatorio, ambos deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos ediciones de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.
Prescrito
Por otro lado la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, en el que desaconseja iniciar una investigación dirigida a determinar si los 1,2 millones de euros que el Rey Don Juan Carlos transfirió en 2004 a una cuenta titularidad de los Duques de Palma, eran una "donación encubierta", alegando para ello que tanto a efectos penales como administrativos los hechos están prescritos.
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