Greenpeace

Greenpeace ha exigido al Gobierno más medidas contundentes contra el oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con renovables, considerándola peligrosa. Greenpeace solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón, abogando por mayor transparencia. Además, destaca la necesidad de acelerar la transición energética y regular aspectos como el autoconsumo y el uso especulativo de las hidroeléctricas.

Greenpeace ha instado a las administraciones a intensificar las acciones de prevención de incendios forestales en España, donde en lo que va del año se han registrado cuatro muertes, 14 heridos y 2000 evacuados debido a estos siniestros. La organización advierte que la responsabilidad no solo recae en la ciudadanía, sino también en los gobiernos, quienes deben implementar medidas efectivas para proteger el patrimonio cultural y natural. Los incendios en regiones como Zamora, León, Ourense y Navarra son motivo de gran preocupación, exacerbados por el cambio climático y la falta de gestión adecuada de los bosques. Greenpeace enfatiza la necesidad de cumplir con la normativa vigente y mejorar los planes preventivos para mitigar el impacto de futuros incendios.

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Un informe de Greenpeace revela que la pobreza energética en verano afecta a una de cada tres familias en España, duplicando las cifras del invierno. Hasta un 53,3% de las familias vulnerables no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante los meses calurosos. Las altas temperaturas, que alcanzan hasta 48 ºC en viviendas mal aisladas, son documentadas con cámaras termográficas en ciudades como Málaga, Valencia y Madrid. Greenpeace exige al Gobierno una rehabilitación masiva de viviendas y la implementación de energías renovables para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. La situación es más crítica para quienes viven en alquiler, donde el 77% enfrenta dificultades para mejorar el aislamiento.

Greenpeace conmemora el 40 aniversario del atentado contra el Rainbow Warrior, ocurrido en 1985 en Auckland, Nueva Zelanda, donde agentes del gobierno francés bombardearon el barco, resultando en la muerte del fotógrafo Fernando Pereira. Este ataque buscaba silenciar las protestas antinucleares, pero generó una ola de indignación que fortaleció el movimiento ambientalista. En un contexto de creciente violencia y represión hacia los activistas, Greenpeace destaca la importancia del activismo frente a la crisis climática y social actual. La organización continúa su labor de denuncia y justicia, recordando que "no pueden hundir un arcoíris" ni silenciar la esperanza.

Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de orden ministerial que establece excepciones en la venta a granel de frutas y hortalizas, denunciando la inclusión injustificada de productos ecológicos envueltos en plástico. La organización exige una regulación más estricta para eliminar el uso de plásticos de un solo uso, resaltando que cada año se vierten más de 12 millones de toneladas de plástico en los océanos. Greenpeace propone reducir la lista de excepciones y priorizar la venta a granel y el uso de envases reutilizables o compostables, argumentando que es fundamental actuar con urgencia para frenar la contaminación plástica y promover un modelo alimentario sostenible.

Greenpeace ha exigido a la Unión Europea y al Gobierno español que asuman la responsabilidad de investigar el estado de 220.000 bidones con residuos radiactivos en la fosa atlántica, situada a 700 kilómetros de las costas gallegas. Esta solicitud surge tras estudios realizados por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, que han revelado la presencia de estos barriles radiactivos. A pesar de los logros pasados en la prohibición de vertidos nucleares, Greenpeace advierte sobre la continua contaminación radiactiva en el mar y la necesidad urgente de una investigación exhaustiva para abordar esta problemática ambiental crítica.

Greenpeace ha revelado que el municipio de Tres Cantos no está incluido en el listado de Zonas con Alto Riesgo de Incendio (ZAR), lo que implica que no tiene la obligación de implementar un Plan de Actuación Municipal ante emergencias por incendios forestales (PAMIF). Esta información, solicitada a la Comunidad de Madrid en 2022, no ha sido actualizada. La organización ambiental insta a revisar las ZAR y los PAMIF, así como a aprobar un Real Decreto que establezca criterios comunes para la prevención y extinción de incendios forestales en todas las comunidades autónomas.

Greenpeace ha publicado el informe "Ciudades al rojo vivo", donde denuncia que más del 70% de las capitales de España carecen de redes de refugios climáticos eficaces. Solo 16 de las 52 capitales cuentan con refugios públicos, y regiones como Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias no tienen ninguno. La organización destaca que la falta de horarios adecuados y la gratuidad son problemas críticos que limitan la efectividad de estos espacios, fundamentales para proteger a la población vulnerable del calor extremo. En un contexto donde se han registrado más de 1800 muertes por calor en el verano actual, Greenpeace exige medidas urgentes para adaptar las ciudades a las altas temperaturas y garantizar la salud pública.

Greenpeace ha expresado su descontento tras el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, señalando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista exige una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas cruciales como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Además, Greenpeace propone incluir medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, como un mercado de capacidad exclusivo para plantas renovables y la normalización de carga bidireccional para vehículos eléctricos. La ONG subraya la urgencia de un consenso político para transformar el sistema energético actual hacia uno más limpio y accesible.

Greenpeace ha lanzado un urgente llamado a la Unión Europea para implementar nuevos impuestos a las empresas fósiles y alcanzar cero emisiones netas para 2040, en respuesta al creciente impacto del cambio climático en Europa. Las olas de calor han sido responsables de casi 10.000 muertes en España en los últimos tres años, con más de 1.100 fallecimientos solo en lo que va de 2025. La organización destaca que la crisis climática está exacerbando eventos extremos como incendios forestales, inundaciones y sequías, afectando gravemente la salud pública y la economía. Greenpeace enfatiza la necesidad de una acción climática ambiciosa y planes concretos para mitigar estos efectos devastadores, mientras se prepara para la próxima Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, donde se discutirán compromisos internacionales cruciales.

La crisis climática ha triplicado las muertes por calor en Europa, según un estudio del Imperial College London y la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Durante la ola de calor del 23 de junio al 2 de julio, se registraron entre 400 y 800 muertes en España. Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad y paguen por los daños causados. Ian Duff, de Greenpeace Internacional, destaca el impacto devastador del calor extremo en las poblaciones vulnerables. La organización también señala que una encuesta revela que el 90% de los españoles apoya gravar a estas empresas para cubrir los costos climáticos.

Greenpeace ha criticado la propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes hacia 2040, argumentando que el objetivo de un recorte del 90% no es suficiente ante la emergencia climática. La organización denuncia que este plan incluye cláusulas que permiten compensar emisiones mediante pagos a países fuera de la UE, lo que consideran una trampa que retrasa el abandono de combustibles fósiles. Greenpeace sostiene que Europa debería alcanzar emisiones netas cero para 2040 y advierte sobre los riesgos de los mecanismos de flexibilidad que podrían permitir a los Estados miembros evadir recortes reales. A pesar de algunas medidas positivas en la propuesta, Greenpeace insiste en la necesidad de políticas más ambiciosas y efectivas para enfrentar la crisis climática.

Greenpeace ha alertado sobre la urgente necesidad de actuar contra el cambio climático, tras la publicación de datos por más de 60 científicos que indican que solo quedan tres años para mantener el límite de 1,5 ºC del Acuerdo de París. La organización denuncia que el ritmo actual de emisiones es insostenible y exige planes climáticos ambiciosos para reducir el uso de combustibles fósiles. Además, se destaca la importancia de detener la deforestación y establecer impuestos a la industria fósil para enfrentar las consecuencias del cambio climático. La próxima Cumbre del Clima en Brasil (COP30) se presenta como una oportunidad crucial para avanzar en estos compromisos.