Greenpeace ha alertado sobre el riesgo de que el plan del Parlamento Europeo para abordar la crisis de la vivienda beneficie a promotores inmobiliarios y especuladores, comprometiendo la calidad de las viviendas y la protección ambiental. A pesar de avances en financiación para vivienda asequible y restricciones a alquileres turísticos, se han rechazado propuestas que consagran la vivienda como un derecho humano. Greenpeace exige que la UE priorice viviendas dignas y accesibles, así como una mejora en la eficiencia energética para reducir las facturas energéticas de los hogares. La organización también aboga por un despliegue de energías renovables en sistemas de calefacción para combatir el uso de combustibles fósiles.
Greenpeace ha publicado una investigación que revela que más de 68 petroleros varados en el estrecho de Ormuz transportan al menos 16.000 millones de litros de petróleo, lo que representa un grave riesgo ecológico y aumenta la inestabilidad en la región. Desde el inicio del conflicto en la zona, varios barcos han sido atacados, incluyendo un petrolero cerca de Kuwait. La organización advierte que un posible derrame de petróleo podría devastar los ecosistemas sensibles del Golfo Pérsico, que son vitales para numerosas especies marinas. Greenpeace hace un llamado a cesar la violencia militar y promover soluciones diplomáticas, subrayando la necesidad urgente de una transición hacia energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático y fomentar la paz.
Greenpeace ha alertado sobre los peligros de los recipientes de plástico etiquetados como "apto para microondas", que pueden liberar cientos de miles de micro y nanoplásticos, así como sustancias químicas tóxicas en los alimentos. Un informe de la organización destaca que el calentamiento en microondas incrementa la contaminación química y que más de 4.200 sustancias peligrosas están presentes en los plásticos utilizados para envases alimentarios. Estas sustancias están asociadas con graves problemas de salud, incluyendo cáncer y trastornos hormonales. Greenpeace insta a los gobiernos a actuar con urgencia para regular esta situación y proteger la salud pública, advirtiendo que las etiquetas engañosas proporcionan una falsa sensación de seguridad a los consumidores. La producción de platos preparados envasados está en aumento, lo que agrava la crisis del plástico y sus efectos nocivos en la salud humana.
Las principales organizaciones ambientales de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no modifique la Directiva Marco del Agua. Estas entidades expresan su preocupación por la desregularización y la falta de financiación que afectan la protección de la biodiversidad. Alertan que cualquier cambio en esta directiva podría debilitar los mecanismos de control sobre los recursos hídricos y aumentar el riesgo de contaminación y sobreexplotación. Además, critican las iniciativas legislativas conocidas como "ómnibus" que podrían reducir los estándares ambientales y piden un financiamiento estable para el programa LIFE, crucial para proyectos de conservación. Las organizaciones enfatizan la necesidad de fortalecer las regulaciones ambientales para asegurar una transición ecológica efectiva.
Greenpeace ha exigido a la Unión Europea que rompa su dependencia energética de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, quien ha atacado la ciencia climática y favorecido los combustibles fósiles. La organización advierte que esta dependencia no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también ralentiza la transición hacia un sistema energético 100% renovable. Desde 2022, la UE ha firmado contratos de gas estadounidense por un valor estimado entre 190.000 y 210.000 millones de euros, comprometiendo su futuro energético más allá de 2035, año en el que debería eliminar el uso del gas fósil. Greenpeace destaca que esta situación es crítica también en España, donde las importaciones de gas estadounidense están alcanzando niveles récord. La organización insta a acelerar la transición energética para garantizar una verdadera seguridad climática y política en Europa.
Greenpeace ha celebrado la reciente aprobación de un arancel por parte de la Unión Europea que busca limitar el consumismo y la entrada de moda rápida desde fuera del bloque. Esta medida, que entrará en vigor en julio de 2026, establece un arancel de 3 euros para productos con valor inferior a 150 euros, principalmente provenientes de China. Aunque la organización considera esta acción un primer paso positivo, critica que el enfoque recaiga sobre los consumidores en lugar de las empresas responsables de prácticas perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad. Greenpeace advierte que se requieren medidas más estrictas para abordar la contaminación y promover una moda sostenible.
La prórroga de la central nuclear de Almaraz por tres años costaría a los consumidores 3.831 millones de euros y provocaría pérdidas de inversión en energías renovables de hasta 26.129 millones hasta 2033, según un informe elaborado por Greenpeace y universidades españolas. Mantener la planta abierta incrementaría la factura eléctrica y la dependencia del gas, además de frenar la transición hacia energías limpias. El análisis indica que el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz podría ser reemplazada por fuentes renovables tras su cierre, garantizando así el suministro eléctrico sin aumentar las emisiones. La decisión empresarial de solicitar la prórroga responde más a intereses económicos que a criterios de seguridad, lo que plantea un dilema entre beneficios inmediatos y sostenibilidad a largo plazo.
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Greenpeace ha desplegado una pancarta gigante en la Puerta del Sol de Madrid con el mensaje "NO A LA GUERRA", reclamando el fin inmediato de las hostilidades actuales en Oriente Medio. La organización denuncia la escalada militar tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han causado miles de víctimas civiles y daños a infraestructuras. Greenpeace aboga por el respeto al derecho internacional y un retorno a la diplomacia, advirtiendo que las guerras no solo afectan a las personas, sino que también devastan el medio ambiente. La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, enfatiza la necesidad urgente de elegir la paz y rechazar la lógica del militarismo.
Greenpeace ha publicado un informe que alerta sobre el impacto de los "fondos buitre" en la agricultura española, destacando cómo estos fondos de inversión y grandes corporaciones están transformando el campo hacia modelos superintensivos que generan desigualdad y amenazan la sostenibilidad. El informe señala que la concentración de recursos hídricos y subvenciones públicas favorece a una minoría poderosa, mientras que los agricultores tradicionales sufren las consecuencias. Greenpeace exige la exclusión de estos fondos de las ayudas de la PAC, un reparto equitativo del agua y una regulación del mercado de la tierra para proteger la agricultura familiar y social.
Greenpeace celebra el archivo del proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, anunciado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La organización ecologista exige a Altri que renuncie oficialmente a su plan, considerado perjudicial para el medio ambiente. Este archivo se debe a la falta de conexión eléctrica necesaria para el proyecto, lo que ha llevado a Greenpeace a reafirmar su compromiso de vigilar y presionar para que se descarte definitivamente. La movilización social ha sido clave en esta victoria, destacando la importancia de proteger los ecosistemas frente a intereses empresariales que amenazan la biodiversidad y el futuro del planeta.
El Foro Social Más Allá del Crecimiento ha reunido a más de 700 personas y 124 organizaciones para establecer una hoja de ruta hacia una transición ecosocial justa, que se opone al modelo capitalista de crecimiento infinito. Durante el evento, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid, se discutieron los 11 Pactos Ecosociales que abordan áreas críticas como energía, alimentación, vivienda y democracia. Activistas destacados, como Ada Colau y Fernando Valladares, participaron en diálogos sobre estrategias para un movimiento social y político que priorice la vida y el bienestar colectivo. El foro busca construir un programa común que promueva un decrecimiento planificado y solidario, enfrentando desafíos contemporáneos como el colapso ecológico y las desigualdades sociales.
Greenpeace ha denunciado que los gobiernos de la UE están socavando la democracia al ceder ante la agenda de desregulación impulsada por Trump y los intereses empresariales. En una carta dirigida a los líderes europeos, la organización advierte que los planes discutidos en la cumbre informal en Bélgica podrían desmantelar controles democráticos, permitiendo que las empresas se beneficien a expensas de la seguridad y resiliencia de Europa. La directora del programa de Greenpeace UE, Magda Stoczkiewicz, critica que esta reunión busca convertir a Europa en un paraíso para la desregulación, lo que podría llevar a un aumento de la contaminación y poner en riesgo la salud pública. Greenpeace insta a la UE a adoptar políticas que prioricen energías renovables, eliminen sustancias tóxicas y promuevan empleos verdes para construir sociedades más justas y sostenibles.
Greenpeace ha alertado sobre el agotamiento de la vida útil de los embalses en España, que están operando bajo una presión climática creciente. Muchas presas, construidas entre 1950 y 1975, están alcanzando su vida útil teórica de 50 a 75 años. La acumulación de sedimentos y el estrés mecánico por fenómenos climáticos extremos comprometen la eficiencia operativa de estas infraestructuras. Greenpeace enfatiza la necesidad de modernizar las tecnologías de las presas y restaurar los ecosistemas circundantes para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro. La organización subraya que sin una inversión significativa en mantenimiento y restauración, la seguridad hídrica en España se verá amenazada.
Greenpeace ha denunciado que los partidos PP, Vox y Junts se oponen a la prórroga del 'escudo social', que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y proteger a las personas más vulnerables. La organización celebra la aprobación del abono único para el transporte público y pide a todas las Administraciones que apoyen esta medida. Greenpeace insta al Gobierno a reforzar el 'escudo social' con acciones estructurales que aborden la pobreza energética y mejoren la eficiencia de los edificios, destacando que la vivienda representa un importante consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero.
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