Greenpeace ha defendido el abandono de los combustibles fósiles como la mejor estrategia para enfrentar las guerras y el cambio climático, especialmente en el contexto del conflicto en Irán. La organización destaca que las grandes petroleras han visto un aumento significativo en su valor de mercado debido a la guerra, mientras que la población civil sufre las consecuencias. En la próxima Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, Greenpeace exigirá al Gobierno un plan claro para descarbonizar la economía y promover energías renovables. Las propuestas incluyen un sistema energético 100% renovable, transporte público sostenible y un modelo agroalimentario ecológico. La dependencia de los combustibles fósiles no solo alimenta conflictos, sino que también agrava la crisis climática y económica global.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha participado en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas, donde abogó por una respuesta firme y unida de Europa ante la guerra en Irán. En su intervención, destacó la importancia de defender el sistema multilateral y el derecho internacional, condenando la intervención en Irán como ilegal. Además, propuso medidas temporales para apoyar a los sectores más afectados por el conflicto y enfatizó la necesidad de acelerar la transición energética en Europa. Sánchez también defendió un Marco Financiero Plurianual ambicioso que impulse las prioridades estratégicas de la UE y reiteró el apoyo continuo a Ucrania en su lucha por la libertad.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se reunió con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, para fortalecer las relaciones bilaterales y discutir prioridades en el contexto de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea. Ambos líderes acordaron impulsar una estrategia bilateral centrada en la competitividad y la transición energética. Durante el encuentro, Sánchez también reafirmó el apoyo de España a Ucrania y abogó por la desescalada del conflicto en Oriente Medio, destacando la importancia de un Marco Financiero Plurianual robusto para avanzar en los intereses europeos.
Greenpeace ha exigido a la Unión Europea que rompa su dependencia energética de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, quien ha atacado la ciencia climática y favorecido los combustibles fósiles. La organización advierte que esta dependencia no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también ralentiza la transición hacia un sistema energético 100% renovable. Desde 2022, la UE ha firmado contratos de gas estadounidense por un valor estimado entre 190.000 y 210.000 millones de euros, comprometiendo su futuro energético más allá de 2035, año en el que debería eliminar el uso del gas fósil. Greenpeace destaca que esta situación es crítica también en España, donde las importaciones de gas estadounidense están alcanzando niveles récord. La organización insta a acelerar la transición energética para garantizar una verdadera seguridad climática y política en Europa.
El informe "Cuando el ‘lobby’ fósil rebaja la ciencia" analiza la regresión de la ambición climática en la Unión Europea durante el mandato de la Comisión 2019-2024. A pesar de los avances del Pacto Verde Europeo, las medidas adoptadas han sido insuficientes para abordar la crisis climática, priorizando intereses empresariales sobre la efectividad ambiental. Se critica la desregulación y el uso de mecanismos contables que eluden una reducción real de emisiones. El informe destaca cómo el actual ciclo legislativo, influenciado por un enfoque neoliberal, desmantela normativas clave y pone en riesgo los compromisos climáticos de la UE, advirtiendo sobre las consecuencias de ignorar la urgencia científica en favor de la competitividad económica. La necesidad de una transformación ecosocial centrada en la justicia social y ambiental es imperativa para cumplir con los objetivos climáticos establecidos.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, ha reafirmado el compromiso del país con la transición energética y el multilateralismo durante su intervención en la 34ª Asamblea General de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres. Puente destacó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar desafíos como el cambio climático y las tensiones geopolíticas que afectan al comercio marítimo. Además, subrayó la candidatura de España para ser reelegida en el Consejo de la OMI, resaltando su papel en la creación de un marco normativo para el sector marítimo. El ministro también presentó iniciativas como el Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo, que incluye ayudas a navieras para fomentar el uso de combustibles renovables.
Greenpeace ha exigido al Gobierno más medidas contundentes contra el oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con renovables, considerándola peligrosa. Greenpeace solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón, abogando por mayor transparencia. Además, destaca la necesidad de acelerar la transición energética y regular aspectos como el autoconsumo y el uso especulativo de las hidroeléctricas.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas urgentes en respuesta al impacto de la guerra en Oriente Próximo, que incluye una bajada de impuestos sobre la luz y los combustibles, así como ayudas para los sectores más afectados. Durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, se aprobó un Real Decreto-ley que contempla 80 medidas con un coste superior a 5.000 millones de euros, beneficiando a millones de hogares y empresas en España. Las reformas incluyen la reducción del IVA en carburantes y electricidad, así como ayudas específicas para transportistas y agricultores. Además, se implementarán medidas estructurales para impulsar la soberanía energética y la transición hacia energías renovables. Sánchez destacó que estas acciones buscan mitigar el impacto económico del conflicto y proteger a los ciudadanos más vulnerables.
Más de 50 organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y sociales han exigido al Gobierno de España el cumplimiento del calendario de cierre nuclear acordado para la central de Almaraz. Según este plan, los reactores I y II deberían cerrarse en 2027 y 2028. Las entidades advierten que prorrogar su funcionamiento hasta 2030 costaría a la ciudadanía más de 3.800 millones de euros y pondría en riesgo inversiones por 26.129 millones en energías renovables. El manifiesto destaca la necesidad de transitar hacia fuentes de energía renovables y critica la gestión actual de residuos radiactivos, instando al cierre definitivo de las nucleares en la península ibérica para 2035.
Pedro Sánchez se reunió con el CEO de Hithium para discutir los planes de inversión del fabricante chino de baterías y su compromiso con la agenda verde. En el encuentro, que tuvo lugar en La Moncloa, también participaron autoridades como el ministro de Industria y Turismo y la presidenta de Navarra. Se destacó el interés de Hithium por España y su alineación con la estrategia del gobierno español para fortalecer el ecosistema de almacenamiento energético y avanzar hacia una transición energética sostenible. Este proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio para convertir a España en un hub europeo de energía limpia, aprovechando sus recursos renovables y mejorando la infraestructura energética.
La prórroga de la central nuclear de Almaraz por tres años costaría a los consumidores 3.831 millones de euros y provocaría pérdidas de inversión en energías renovables de hasta 26.129 millones hasta 2033, según un informe elaborado por Greenpeace y universidades españolas. Mantener la planta abierta incrementaría la factura eléctrica y la dependencia del gas, además de frenar la transición hacia energías limpias. El análisis indica que el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz podría ser reemplazada por fuentes renovables tras su cierre, garantizando así el suministro eléctrico sin aumentar las emisiones. La decisión empresarial de solicitar la prórroga responde más a intereses económicos que a criterios de seguridad, lo que plantea un dilema entre beneficios inmediatos y sostenibilidad a largo plazo.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas, denominada RENOVAL 2, con un presupuesto de 355 millones de euros. Esta iniciativa busca fortalecer la cadena de valor industrial relacionada con tecnologías limpias, incluyendo energías renovables como la fotovoltaica, eólica y geotérmica. El programa tiene como objetivo asegurar la seguridad energética, aumentar la competitividad y descarbonizar la industria en España, alineándose con los principios del Pacto por una Industria Limpia de la Comisión Europea. Las ayudas se otorgarán mediante un régimen de concurrencia competitiva y estarán disponibles para proyectos que superen un millón de euros en inversión. Se priorizarán aquellos que incluyan criterios estratégicos y ambientales, contribuyendo así a un sistema energético más autosuficiente en el país.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado 35,6 millones de euros en ayudas para la creación de 27 nuevas comunidades energéticas en España, beneficiando a casi 100.000 personas. Estos proyectos, que suman 68 MW de nueva potencia renovable y 57 puntos de recarga de vehículos eléctricos, se centran principalmente en Galicia, Cataluña, Extremadura y Castilla y León. Esta iniciativa forma parte del programa CE Implementa, que busca democratizar el sistema energético y fomentar la participación ciudadana en la transición hacia energías limpias. Desde su inicio, el programa ha impulsado un total de 145 comunidades energéticas con más de 100 millones de euros asignados.
Greenpeace ha expresado su descontento tras el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, señalando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista exige una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas cruciales como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Además, Greenpeace propone incluir medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, como un mercado de capacidad exclusivo para plantas renovables y la normalización de carga bidireccional para vehículos eléctricos. La ONG subraya la urgencia de un consenso político para transformar el sistema energético actual hacia uno más limpio y accesible.
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