Greenpeace ha alertado sobre los peligros de los recipientes de plástico etiquetados como "apto para microondas", que pueden liberar cientos de miles de micro y nanoplásticos, así como sustancias químicas tóxicas en los alimentos. Un informe de la organización destaca que el calentamiento en microondas incrementa la contaminación química y que más de 4.200 sustancias peligrosas están presentes en los plásticos utilizados para envases alimentarios. Estas sustancias están asociadas con graves problemas de salud, incluyendo cáncer y trastornos hormonales. Greenpeace insta a los gobiernos a actuar con urgencia para regular esta situación y proteger la salud pública, advirtiendo que las etiquetas engañosas proporcionan una falsa sensación de seguridad a los consumidores. La producción de platos preparados envasados está en aumento, lo que agrava la crisis del plástico y sus efectos nocivos en la salud humana.
Las principales organizaciones ambientales de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no modifique la Directiva Marco del Agua. Estas entidades expresan su preocupación por la desregularización y la falta de financiación que afectan la protección de la biodiversidad. Alertan que cualquier cambio en esta directiva podría debilitar los mecanismos de control sobre los recursos hídricos y aumentar el riesgo de contaminación y sobreexplotación. Además, critican las iniciativas legislativas conocidas como "ómnibus" que podrían reducir los estándares ambientales y piden un financiamiento estable para el programa LIFE, crucial para proyectos de conservación. Las organizaciones enfatizan la necesidad de fortalecer las regulaciones ambientales para asegurar una transición ecológica efectiva.
Greenpeace ha exigido a la Unión Europea que rompa su dependencia energética de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, quien ha atacado la ciencia climática y favorecido los combustibles fósiles. La organización advierte que esta dependencia no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también ralentiza la transición hacia un sistema energético 100% renovable. Desde 2022, la UE ha firmado contratos de gas estadounidense por un valor estimado entre 190.000 y 210.000 millones de euros, comprometiendo su futuro energético más allá de 2035, año en el que debería eliminar el uso del gas fósil. Greenpeace destaca que esta situación es crítica también en España, donde las importaciones de gas estadounidense están alcanzando niveles récord. La organización insta a acelerar la transición energética para garantizar una verdadera seguridad climática y política en Europa.
Greenpeace ha celebrado la reciente aprobación de un arancel por parte de la Unión Europea que busca limitar el consumismo y la entrada de moda rápida desde fuera del bloque. Esta medida, que entrará en vigor en julio de 2026, establece un arancel de 3 euros para productos con valor inferior a 150 euros, principalmente provenientes de China. Aunque la organización considera esta acción un primer paso positivo, critica que el enfoque recaiga sobre los consumidores en lugar de las empresas responsables de prácticas perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad. Greenpeace advierte que se requieren medidas más estrictas para abordar la contaminación y promover una moda sostenible.
La prórroga de la central nuclear de Almaraz por tres años costaría a los consumidores 3.831 millones de euros y provocaría pérdidas de inversión en energías renovables de hasta 26.129 millones hasta 2033, según un informe elaborado por Greenpeace y universidades españolas. Mantener la planta abierta incrementaría la factura eléctrica y la dependencia del gas, además de frenar la transición hacia energías limpias. El análisis indica que el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz podría ser reemplazada por fuentes renovables tras su cierre, garantizando así el suministro eléctrico sin aumentar las emisiones. La decisión empresarial de solicitar la prórroga responde más a intereses económicos que a criterios de seguridad, lo que plantea un dilema entre beneficios inmediatos y sostenibilidad a largo plazo.
Greenpeace ha exigido a la Unión Europea que desarrolle un plan para abandonar los combustibles fósiles y deje de importar gas de Trump y Putin, en el contexto del Día Mundial por la Reducción de Emisiones de CO2. La organización destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero en España no están disminuyendo al ritmo necesario, lo que pone en peligro los objetivos climáticos del país. Greenpeace señala que triplicar la explotación petrolera en Venezuela generaría emisiones equivalentes a las de toda la industria marítima global, mientras que quemar las reservas de Groenlandia podría igualar las emisiones españolas durante 40 años. La ONG insta a políticas más estrictas para reducir las emisiones en todos los sectores y llama a una transición hacia energías renovables autóctonas.
Un informe de Greenpeace revela que el 10% de los beneficiarios españoles de la Política Agrícola Común (PAC) recibe el 62% del total de las ayudas, lo que refleja una distribución desigual en la asignación de subvenciones. En España, el 1% más rico acapara el 28% del dinero, mientras que el 20% se lleva el 79%. Este desequilibrio favorece a grandes terratenientes y agricultores industriales, dejando a pequeños productores en desventaja. Greenpeace exige reformas para priorizar apoyos a explotaciones sostenibles y destinar al menos el 50% del presupuesto de la PAC a acciones climáticas y ambientales. La situación ha llevado a protestas de agricultores en Estrasburgo, quienes demandan una distribución más justa de las ayudas.
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Greenpeace celebra el archivo del proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, anunciado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La organización ecologista exige a Altri que renuncie oficialmente a su plan, considerado perjudicial para el medio ambiente. Este archivo se debe a la falta de conexión eléctrica necesaria para el proyecto, lo que ha llevado a Greenpeace a reafirmar su compromiso de vigilar y presionar para que se descarte definitivamente. La movilización social ha sido clave en esta victoria, destacando la importancia de proteger los ecosistemas frente a intereses empresariales que amenazan la biodiversidad y el futuro del planeta.
El Foro Social Más Allá del Crecimiento ha reunido a más de 700 personas y 124 organizaciones para establecer una hoja de ruta hacia una transición ecosocial justa, que se opone al modelo capitalista de crecimiento infinito. Durante el evento, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid, se discutieron los 11 Pactos Ecosociales que abordan áreas críticas como energía, alimentación, vivienda y democracia. Activistas destacados, como Ada Colau y Fernando Valladares, participaron en diálogos sobre estrategias para un movimiento social y político que priorice la vida y el bienestar colectivo. El foro busca construir un programa común que promueva un decrecimiento planificado y solidario, enfrentando desafíos contemporáneos como el colapso ecológico y las desigualdades sociales.
Greenpeace ha denunciado que los gobiernos de la UE están socavando la democracia al ceder ante la agenda de desregulación impulsada por Trump y los intereses empresariales. En una carta dirigida a los líderes europeos, la organización advierte que los planes discutidos en la cumbre informal en Bélgica podrían desmantelar controles democráticos, permitiendo que las empresas se beneficien a expensas de la seguridad y resiliencia de Europa. La directora del programa de Greenpeace UE, Magda Stoczkiewicz, critica que esta reunión busca convertir a Europa en un paraíso para la desregulación, lo que podría llevar a un aumento de la contaminación y poner en riesgo la salud pública. Greenpeace insta a la UE a adoptar políticas que prioricen energías renovables, eliminen sustancias tóxicas y promuevan empleos verdes para construir sociedades más justas y sostenibles.
Greenpeace ha alertado sobre el agotamiento de la vida útil de los embalses en España, que están operando bajo una presión climática creciente. Muchas presas, construidas entre 1950 y 1975, están alcanzando su vida útil teórica de 50 a 75 años. La acumulación de sedimentos y el estrés mecánico por fenómenos climáticos extremos comprometen la eficiencia operativa de estas infraestructuras. Greenpeace enfatiza la necesidad de modernizar las tecnologías de las presas y restaurar los ecosistemas circundantes para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro. La organización subraya que sin una inversión significativa en mantenimiento y restauración, la seguridad hídrica en España se verá amenazada.
Greenpeace ha denunciado que los partidos PP, Vox y Junts se oponen a la prórroga del 'escudo social', que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y proteger a las personas más vulnerables. La organización celebra la aprobación del abono único para el transporte público y pide a todas las Administraciones que apoyen esta medida. Greenpeace insta al Gobierno a reforzar el 'escudo social' con acciones estructurales que aborden la pobreza energética y mejoren la eficiencia de los edificios, destacando que la vivienda representa un importante consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero.
Greenpeace ha colocado figuras hinchables de Donald Trump y Vladímir Putin frente al Consejo de la UE para protestar contra la dependencia energética de Europa de líderes autoritarios. La organización advierte que cada euro gastado en gas estadounidense refuerza la agenda de Trump, mientras que España sigue dependiendo del gas ruso y estadounidense. Greenpeace insta a la UE a no sustituir el gas ruso por el estadounidense, sino a acelerar la transición hacia energías renovables. En 2025, se estima que el 57% del gas licuado importado por la UE provendrá de EE. UU., aumentando la vulnerabilidad geopolítica y perpetuando las emisiones de gases de efecto invernadero.
Greenpeace ha publicado un análisis que revela el aumento alarmante de vuelos en jets privados asociados al Foro Económico Mundial en Davos, donde uno de cada cuatro participantes utiliza este medio de transporte altamente contaminante. El informe destaca que el 70% de las rutas realizadas podrían haberse hecho en tren, lo que subraya la ineficiencia y el impacto ambiental de estos vuelos. La organización exige una prohibición de los jets privados y un impuesto global a la aviación VIP, argumentando que es hipócrita que la élite discuta sobre cambio climático mientras contribuye a su agravamiento. Greenpeace insta a los gobiernos a implementar medidas fiscales efectivas para abordar esta problemática y financiar acciones climáticas.
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