Greenpeace

Greenpeace ha llevado a cabo movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir un transporte público que priorice a las personas. En el contexto del Día Mundial Sin Coches y la Semana Europea de la Movilidad, la organización presentó su propuesta "Garantía de Movilidad", que busca asegurar un acceso justo y sostenible al transporte, reduciendo la dependencia del coche privado. Las actividades incluyeron la colocación de carteles informativos en autobuses y marquesinas, así como diálogos con la ciudadanía sobre las deficiencias del sistema actual. Greenpeace destaca que el sector del transporte es responsable del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y aboga por estándares mínimos en frecuencia, cobertura y accesibilidad para un servicio digno y sostenible.

El cambio climático ha incrementado la probabilidad de mega incendios en España y Portugal hasta 40 veces, según un informe de Greenpeace. Las condiciones climáticas extremas, caracterizadas por calor, sequedad y viento, han sido determinantes en la devastación de más de 380.000 hectáreas en España y 260.000 en Portugal este verano, representando dos tercios del total incendiado en Europa. Greenpeace exige una respuesta urgente de las administraciones que incluya la reducción de emisiones y nuevos impuestos a la industria fósil para financiar una transición ecológica justa. El estudio destaca la responsabilidad climática detrás de estos desastres y la necesidad de un Pacto de Estado que contemple medidas concretas y participación ciudadana para enfrentar esta emergencia.

El plan del Partido Popular presenta medidas positivas, pero carece de un enfoque efectivo ante la crisis climática y no detalla acciones fiscales necesarias en manos de las comunidades autónomas. Greenpeace critica la falta de propuestas estructurales para abordar el abandono rural y la adaptación al cambio climático, señalando que muchas de las sugerencias ya están en la legislación vigente. Aunque se aprecian iniciativas como el apoyo a poblaciones afectadas y reformas fiscales para la gestión forestal, el plan es considerado incompleto. La organización ecologista insta al PP a asumir responsabilidades en las comunidades donde gobierna y a participar activamente en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Greenpeace ha instado a los partidos políticos a implementar medidas consensuadas para prevenir grandes incendios forestales, especialmente tras un verano devastador. La organización destaca la necesidad de un cambio en el modelo forestal y propone destinar 1.000 millones de euros anuales para gestionar 260.000 hectáreas forestales. A pesar de los acuerdos alcanzados entre el sector forestal y organizaciones ecologistas, las políticas necesarias aún no se han aplicado. Greenpeace enfatiza que la prevención es clave y que es urgente actuar para evitar futuras crisis relacionadas con incendios, haciendo hincapié en la importancia de escuchar las voces del consenso y no utilizar la situación como arma política.

Greenpeace ha exigido al Gobierno más medidas contundentes contra el oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con renovables, considerándola peligrosa. Greenpeace solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón, abogando por mayor transparencia. Además, destaca la necesidad de acelerar la transición energética y regular aspectos como el autoconsumo y el uso especulativo de las hidroeléctricas.

Greenpeace ha instado a las administraciones a intensificar las acciones de prevención de incendios forestales en España, donde en lo que va del año se han registrado cuatro muertes, 14 heridos y 2000 evacuados debido a estos siniestros. La organización advierte que la responsabilidad no solo recae en la ciudadanía, sino también en los gobiernos, quienes deben implementar medidas efectivas para proteger el patrimonio cultural y natural. Los incendios en regiones como Zamora, León, Ourense y Navarra son motivo de gran preocupación, exacerbados por el cambio climático y la falta de gestión adecuada de los bosques. Greenpeace enfatiza la necesidad de cumplir con la normativa vigente y mejorar los planes preventivos para mitigar el impacto de futuros incendios.

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

El cambio climático ha sido responsable de casi el 75% de las muertes por calor en España durante el verano, según un informe de The London School of Hygiene and Tropical Medicine e Imperial College London. Greenpeace destaca la urgencia de establecer un pacto de Estado que incluya la participación ciudadana y medidas basadas en la ciencia para mitigar esta crisis. En Madrid, el impacto es aún más grave, con un 93% de las muertes atribuidas al cambio climático. La organización exige decisiones ambiciosas para enfrentar el calentamiento global y proteger a las poblaciones vulnerables.

Greenpeace ha documentado desde el aire la devastación provocada por los incendios forestales en Galicia y Castilla y León, con imágenes exclusivas del fotógrafo Pedro Armestre. Este verano de 2025 se ha convertido en uno de los peores años en la historia de España, con casi 400.000 hectáreas quemadas y un aumento significativo en la magnitud de los incendios. Las fotografías muestran áreas críticas como Sanabria, El Bierzo y Ourense, que han sufrido pérdidas irreparables en su biodiversidad y ecosistemas. La situación ha llevado a una crisis social y económica, con múltiples evacuaciones y daños a viviendas y negocios. Greenpeace advierte sobre la urgencia de implementar medidas preventivas para evitar que cada año sea más destructivo debido al cambio climático.

Izquierda Unida ha propuesto al Gobierno español que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) colabore con su contraparte francesa, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), para investigar más de 3.000 bidones de residuos radiactivos hallados en la Fosa Atlántica, a menos de 700 kilómetros de las costas gallegas. La iniciativa busca determinar si ha habido filtraciones radiactivas y evaluar su impacto en el ecosistema marino y la salud pública. A lo largo del siglo XX, se estima que se arrojaron cerca de 220.000 bidones con más de 142.000 toneladas de basura radiactiva en esta zona. Izquierda Unida también cuestiona al Gobierno sobre planes internacionales para la recuperación segura de estos residuos y medidas específicas para su localización y neutralización.

Una inversión de 1.000 millones de euros anuales en la prevención de incendios forestales podría generar un ahorro estimado de 99.000 millones de euros en costes de extinción, según Greenpeace. En lo que va del año, los grandes incendios han causado un coste de aproximadamente 615,2 millones de euros, afectando a más de 61.250 hectáreas. La organización ambiental destaca que esta inversión permitiría gestionar hasta 9,9 millones de hectáreas, similar a la superficie total de Portugal. Greenpeace enfatiza la importancia de la gestión forestal y la prevención como soluciones clave para mitigar el impacto devastador de los incendios, instando a las autoridades a mejorar la transparencia sobre las inversiones en este ámbito y a implementar planes adecuados para proteger el territorio y reducir riesgos.

Greenpeace ha revelado que el municipio de Tres Cantos no está incluido en el listado de Zonas con Alto Riesgo de Incendio (ZAR), lo que implica que no tiene la obligación de implementar un Plan de Actuación Municipal ante emergencias por incendios forestales (PAMIF). Esta información, solicitada a la Comunidad de Madrid en 2022, no ha sido actualizada. La organización ambiental insta a revisar las ZAR y los PAMIF, así como a aprobar un Real Decreto que establezca criterios comunes para la prevención y extinción de incendios forestales en todas las comunidades autónomas.

Greenpeace ha publicado el informe "Ciudades al rojo vivo", donde denuncia que más del 70% de las capitales de España carecen de redes de refugios climáticos eficaces. Solo 16 de las 52 capitales cuentan con refugios públicos, y regiones como Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias no tienen ninguno. La organización destaca que la falta de horarios adecuados y la gratuidad son problemas críticos que limitan la efectividad de estos espacios, fundamentales para proteger a la población vulnerable del calor extremo. En un contexto donde se han registrado más de 1800 muertes por calor en el verano actual, Greenpeace exige medidas urgentes para adaptar las ciudades a las altas temperaturas y garantizar la salud pública.

Greenpeace ha expresado su descontento tras el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, señalando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista exige una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas cruciales como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Además, Greenpeace propone incluir medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, como un mercado de capacidad exclusivo para plantas renovables y la normalización de carga bidireccional para vehículos eléctricos. La ONG subraya la urgencia de un consenso político para transformar el sistema energético actual hacia uno más limpio y accesible.