Greenpeace ha colocado figuras hinchables de Donald Trump y Vladímir Putin frente al Consejo de la UE para protestar contra la dependencia energética de Europa de líderes autoritarios. La organización advierte que cada euro gastado en gas estadounidense refuerza la agenda de Trump, mientras que España sigue dependiendo del gas ruso y estadounidense. Greenpeace insta a la UE a no sustituir el gas ruso por el estadounidense, sino a acelerar la transición hacia energías renovables. En 2025, se estima que el 57% del gas licuado importado por la UE provendrá de EE. UU., aumentando la vulnerabilidad geopolítica y perpetuando las emisiones de gases de efecto invernadero.
Greenpeace ha publicado un análisis que revela el aumento alarmante de vuelos en jets privados asociados al Foro Económico Mundial en Davos, donde uno de cada cuatro participantes utiliza este medio de transporte altamente contaminante. El informe destaca que el 70% de las rutas realizadas podrían haberse hecho en tren, lo que subraya la ineficiencia y el impacto ambiental de estos vuelos. La organización exige una prohibición de los jets privados y un impuesto global a la aviación VIP, argumentando que es hipócrita que la élite discuta sobre cambio climático mientras contribuye a su agravamiento. Greenpeace insta a los gobiernos a implementar medidas fiscales efectivas para abordar esta problemática y financiar acciones climáticas.
Greenpeace ha denunciado que las empresas de combustibles fósiles están obstaculizando el cumplimiento del Acuerdo de París, exigiendo un plan urgente para abandonar el uso de carbón, gas y petróleo. Aunque se ha logrado reducir el crecimiento de las emisiones, los esfuerzos actuales son insuficientes, con una proyección de solo un 12% de reducción para 2035, cuando la ciencia indica que debería ser del 60%. Desde la firma del acuerdo en 2015, el consumo global de combustibles fósiles ha aumentado un 9%, y en España, aunque ha disminuido un 8%, Greenpeace advierte que es necesario triplicar esta reducción. La organización exige medidas concretas y fechas para el abandono de estos combustibles, así como la eliminación de subsidios a la industria fósil y la implementación de nuevos impuestos. Las consecuencias del cambio climático ya son palpables, con miles de muertes y daños económicos significativos en España desde 2015.
Greenpeace ha lanzado un llamado urgente para implementar un impuesto a los ultrarricos, destacando la inminente posibilidad de que Elon Musk se convierta en el primer trillonario del mundo. A través de su nueva herramienta interactiva, "El Impuestómetro de los Multimillonarios", la organización ecologista compara la carga fiscal de los ciudadanos con la de Musk, evidenciando las desigualdades del sistema tributario actual. Greenpeace denuncia que los multimillonarios acumulan riqueza extrema mientras se requieren fondos para combatir la crisis climática. La organización insta a los gobiernos a adoptar reformas fiscales globales justas y verdes durante las próximas negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU, enfatizando que un impuesto justo podría financiar acciones cruciales para el medio ambiente y el bienestar social.
Las organizaciones ecologistas, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la Secretaría General de Pesca una revisión exhaustiva del Real Decreto en tramitación sobre la asignación de cuotas pesqueras. Estas entidades abogan por un reparto que favorezca prácticas pesqueras de bajo impacto y beneficie a las comunidades costeras. Critican que el borrador actual no prioriza adecuadamente las buenas prácticas ambientales y sociales, lo que podría perpetuar el statu quo en lugar de promover cambios significativos. Proponen incentivos para prácticas responsables, un reparto equitativo de cuotas, mayor participación y transparencia en la gestión de recursos pesqueros, así como compromisos claros para garantizar la implementación del decreto. Además, expresan su preocupación por medidas técnicas que podrían aumentar el esfuerzo pesquero sin justificación científica.
El cambio climático ha sido responsable de casi el 75% de las muertes por calor en España durante el verano, según un informe de The London School of Hygiene and Tropical Medicine e Imperial College London. Greenpeace destaca la urgencia de establecer un pacto de Estado que incluya la participación ciudadana y medidas basadas en la ciencia para mitigar esta crisis. En Madrid, el impacto es aún más grave, con un 93% de las muertes atribuidas al cambio climático. La organización exige decisiones ambiciosas para enfrentar el calentamiento global y proteger a las poblaciones vulnerables.
Greenpeace ha documentado desde el aire la devastación provocada por los incendios forestales en Galicia y Castilla y León, con imágenes exclusivas del fotógrafo Pedro Armestre. Este verano de 2025 se ha convertido en uno de los peores años en la historia de España, con casi 400.000 hectáreas quemadas y un aumento significativo en la magnitud de los incendios. Las fotografías muestran áreas críticas como Sanabria, El Bierzo y Ourense, que han sufrido pérdidas irreparables en su biodiversidad y ecosistemas. La situación ha llevado a una crisis social y económica, con múltiples evacuaciones y daños a viviendas y negocios. Greenpeace advierte sobre la urgencia de implementar medidas preventivas para evitar que cada año sea más destructivo debido al cambio climático.
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Un informe de Greenpeace revela que el 10% de los beneficiarios españoles de la Política Agrícola Común (PAC) recibe el 62% del total de las ayudas, lo que refleja una distribución desigual en la asignación de subvenciones. En España, el 1% más rico acapara el 28% del dinero, mientras que el 20% se lleva el 79%. Este desequilibrio favorece a grandes terratenientes y agricultores industriales, dejando a pequeños productores en desventaja. Greenpeace exige reformas para priorizar apoyos a explotaciones sostenibles y destinar al menos el 50% del presupuesto de la PAC a acciones climáticas y ambientales. La situación ha llevado a protestas de agricultores en Estrasburgo, quienes demandan una distribución más justa de las ayudas.
Greenpeace ha celebrado el anuncio del Gobierno sobre la creación de un abono único de transporte, considerándolo un avance significativo hacia una movilidad sostenible. La organización insta a las administraciones a colaborar para expandir los servicios incluidos en este abono, que debería abarcar todos los medios de transporte público y ser competitivo en precio. Greenpeace destaca que esta medida contribuirá a reducir la congestión del tráfico y las emisiones de CO2, apoyando así la lucha contra el cambio climático. Además, se propone que el billete único sea asequible y útil para fomentar su uso frente al transporte privado. La iniciativa se alinea con la demanda ciudadana por soluciones efectivas en movilidad y sostenibilidad.
Greenpeace ha alertado sobre los riesgos de cazar jabalíes como medida para controlar la peste porcina africana en España. En una reunión reciente del Comité de Caza, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron implementar estrategias de caza, pero Greenpeace sostiene que esta práctica no ha sido efectiva en otros países y podría agravar la situación. La organización enfatiza que los jabalíes son víctimas del virus, no sus culpables, y critica el enfoque en proteger la industria porcina a expensas del medio ambiente. Además, advierte que la ganadería industrial es insostenible y propensa a brotes de enfermedades. Greenpeace exige una moratoria en la ganadería intensiva y un plan estratégico para reducir la densidad de animales en explotaciones existentes.
Un año después de la devastadora DANA en España, Greenpeace alerta sobre la falta de preparación del país ante el cambio climático. A pesar de algunos avances en educación y sistemas de alerta, más de 2,7 millones de personas siguen viviendo en zonas de alto riesgo de inundación, donde se continúan planificando nuevas construcciones. La organización destaca la necesidad urgente de reducir las emisiones de CO2 y mejorar la gestión del territorio para evitar futuros desastres. Además, demanda un Pacto de Estado que priorice la adaptación climática y responsabilice a la industria fósil por su papel en la crisis climática.
Greenpeace ha llevado a cabo movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir un transporte público que priorice a las personas. En el contexto del Día Mundial Sin Coches y la Semana Europea de la Movilidad, la organización presentó su propuesta "Garantía de Movilidad", que busca asegurar un acceso justo y sostenible al transporte, reduciendo la dependencia del coche privado. Las actividades incluyeron la colocación de carteles informativos en autobuses y marquesinas, así como diálogos con la ciudadanía sobre las deficiencias del sistema actual. Greenpeace destaca que el sector del transporte es responsable del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y aboga por estándares mínimos en frecuencia, cobertura y accesibilidad para un servicio digno y sostenible.
El cambio climático ha incrementado la probabilidad de mega incendios en España y Portugal hasta 40 veces, según un informe de Greenpeace. Las condiciones climáticas extremas, caracterizadas por calor, sequedad y viento, han sido determinantes en la devastación de más de 380.000 hectáreas en España y 260.000 en Portugal este verano, representando dos tercios del total incendiado en Europa. Greenpeace exige una respuesta urgente de las administraciones que incluya la reducción de emisiones y nuevos impuestos a la industria fósil para financiar una transición ecológica justa. El estudio destaca la responsabilidad climática detrás de estos desastres y la necesidad de un Pacto de Estado que contemple medidas concretas y participación ciudadana para enfrentar esta emergencia.
El plan del Partido Popular presenta medidas positivas, pero carece de un enfoque efectivo ante la crisis climática y no detalla acciones fiscales necesarias en manos de las comunidades autónomas. Greenpeace critica la falta de propuestas estructurales para abordar el abandono rural y la adaptación al cambio climático, señalando que muchas de las sugerencias ya están en la legislación vigente. Aunque se aprecian iniciativas como el apoyo a poblaciones afectadas y reformas fiscales para la gestión forestal, el plan es considerado incompleto. La organización ecologista insta al PP a asumir responsabilidades en las comunidades donde gobierna y a participar activamente en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
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