crisis climatica

El PSOE impulsará un Pacto de Estado frente a la emergencia climática en todas las instituciones del país. Esta iniciativa busca fortalecer la respuesta ante los efectos del cambio climático, que ya impactan directamente en la vida y economía de las personas. El partido abrirá un debate para sumar apoyos y compromisos en parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, promoviendo una estrategia común basada en el conocimiento científico. El objetivo es garantizar una transición justa y efectiva frente a esta crisis, haciendo un llamado a la cooperación entre fuerzas políticas y agentes sociales para enfrentar los desafíos climáticos de manera unida y responsable.

Más Madrid ha presentado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para implementar un plan de formación ciudadana que prepare a la población ante emergencias de protección civil, especialmente en el contexto de la crisis climática. La propuesta busca desarrollar programas educativos y campañas de concienciación sobre cómo actuar durante fenómenos meteorológicos extremos, tras evidenciarse la falta de información en situaciones críticas como incendios forestales. La iniciativa responde a la creciente vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid frente al cambio climático, destacando la necesidad de una intervención profesional y la importancia de educar a los ciudadanos para evitar riesgos innecesarios.

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Greenpeace conmemora el 40 aniversario del atentado contra el Rainbow Warrior, ocurrido en 1985 en Auckland, Nueva Zelanda, donde agentes del gobierno francés bombardearon el barco, resultando en la muerte del fotógrafo Fernando Pereira. Este ataque buscaba silenciar las protestas antinucleares, pero generó una ola de indignación que fortaleció el movimiento ambientalista. En un contexto de creciente violencia y represión hacia los activistas, Greenpeace destaca la importancia del activismo frente a la crisis climática y social actual. La organización continúa su labor de denuncia y justicia, recordando que "no pueden hundir un arcoíris" ni silenciar la esperanza.

Greenpeace ha criticado la propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes hacia 2040, argumentando que el objetivo de un recorte del 90% no es suficiente ante la emergencia climática. La organización denuncia que este plan incluye cláusulas que permiten compensar emisiones mediante pagos a países fuera de la UE, lo que consideran una trampa que retrasa el abandono de combustibles fósiles. Greenpeace sostiene que Europa debería alcanzar emisiones netas cero para 2040 y advierte sobre los riesgos de los mecanismos de flexibilidad que podrían permitir a los Estados miembros evadir recortes reales. A pesar de algunas medidas positivas en la propuesta, Greenpeace insiste en la necesidad de políticas más ambiciosas y efectivas para enfrentar la crisis climática.

Greenpeace ha respondido positivamente a las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso sobre la transición energética, destacando la importancia de las energías renovables y la inversión en infraestructura. Sin embargo, la organización critica la falta de atención a la necesidad de eliminar el gas del sistema eléctrico y fomentar el autoconsumo ciudadano. Además, Greenpeace advierte que la energía nuclear no es una solución viable para garantizar la estabilidad de la red eléctrica. La organización insiste en que el futuro energético debe ser 100% renovable, eficiente y justo, y subraya que las empresas petroleras deben asumir su responsabilidad en la crisis climática.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que España es un modelo de desarrollo económico y prosperidad, destacando su compromiso con el europeísmo y la lucha contra la desigualdad. Durante una sesión de control, subrayó que el país representa el 40% del crecimiento de la zona euro y tiene un récord histórico de 22 millones de personas ocupadas. Sánchez también mencionó las acciones del Ejecutivo, como la inversión en becas y medidas para apoyar a la población palestina. Enfrentó críticas sobre vivienda y política migratoria, defendiendo que el 94% de los migrantes llegan por vías legales y resaltando la importancia de políticas de natalidad ante el desafío demográfico.

El plan del Partido Popular presenta medidas positivas, pero carece de un enfoque efectivo ante la crisis climática y no detalla acciones fiscales necesarias en manos de las comunidades autónomas. Greenpeace critica la falta de propuestas estructurales para abordar el abandono rural y la adaptación al cambio climático, señalando que muchas de las sugerencias ya están en la legislación vigente. Aunque se aprecian iniciativas como el apoyo a poblaciones afectadas y reformas fiscales para la gestión forestal, el plan es considerado incompleto. La organización ecologista insta al PP a asumir responsabilidades en las comunidades donde gobierna y a participar activamente en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Greenpeace ha expresado su descontento tras el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, señalando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista exige una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas cruciales como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Además, Greenpeace propone incluir medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, como un mercado de capacidad exclusivo para plantas renovables y la normalización de carga bidireccional para vehículos eléctricos. La ONG subraya la urgencia de un consenso político para transformar el sistema energético actual hacia uno más limpio y accesible.

La crisis climática ha triplicado las muertes por calor en Europa, según un estudio del Imperial College London y la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Durante la ola de calor del 23 de junio al 2 de julio, se registraron entre 400 y 800 muertes en España. Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad y paguen por los daños causados. Ian Duff, de Greenpeace Internacional, destaca el impacto devastador del calor extremo en las poblaciones vulnerables. La organización también señala que una encuesta revela que el 90% de los españoles apoya gravar a estas empresas para cubrir los costos climáticos.

Un nuevo informe de Ecologistas en Acción advierte que el impulso de los biocombustibles, en el marco de la Directiva de Energías Renovables (DER III) de la UE, podría agravar la crisis climática y de biodiversidad. A pesar de los objetivos para reducir las emisiones del transporte, la organización señala que depender de biocombustibles es una falsa solución que no aborda la necesidad de reducir la demanda energética. El informe destaca cómo las políticas actuales han contribuido a la deforestación y cómo el crecimiento proyectado del transporte es incompatible con los objetivos ambientales. Se insta a adoptar estrategias más sostenibles y a limitar el uso de biocombustibles provenientes de cultivos insostenibles. Para más información, visita el enlace.

Más Madrid analiza la respuesta del Estado y la ciudadanía ante el reciente apagón, destacando la rápida restauración del suministro eléctrico en menos de 24 horas como un ejemplo de la solidez institucional. Se enfatiza la necesidad de recuperar el control público sobre la red eléctrica para garantizar la seguridad y estabilidad del suministro energético, así como una transición justa hacia energías renovables.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF España y SEO/Birdlife han presentado propuestas al Ministerio de Agricultura para la futura Ley de Agricultura Familiar, destacando la necesidad de una transición agroecológica justa ante la crisis climática y de biodiversidad. Con más del 12% de las explotaciones agrarias desaparecidas en los últimos tres años, estas organizaciones abogan por el apoyo a la agricultura familiar y social, así como medidas que limiten la expansión de grandes corporaciones. La ley debe fomentar modelos sostenibles, promover el relevo generacional y garantizar la igualdad de género en el sector agrícola. Para más detalles sobre sus propuestas, visita el enlace.