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Los precios de los alimentos han experimentado un aumento dramático entre 2020 y 2024, comparable a la crisis de los años setenta, según la FAO. Este incremento se debe a una combinación de factores globales, incluyendo la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, que han afectado tanto la producción como el suministro. En 2023, la inflación alimentaria alcanzó un pico del 13,6%, impactando especialmente a los sectores más vulnerables y provocando un aumento en la inseguridad alimentaria. Para mitigar futuras crisis, se recomiendan medidas como apoyo fiscal focalizado y coordinación de políticas monetarias. La recuperación sigue siendo desigual a nivel global, con regiones como África enfrentando mayores desafíos para acceder a una dieta saludable.

El presidente de España, Pedro Sánchez, y su homólogo paraguayo han abogado por una rápida ratificación del Acuerdo UE-Mercosur durante una reciente visita a Asunción. Sánchez destacó la fuerte relación bilateral, subrayando la comunidad paraguaya en España de aproximadamente 160.000 personas y la inversión española en Paraguay que asciende a 674 millones de dólares. Además, se firmaron dos Memorandos de Entendimiento para fomentar la cooperación cultural y un programa de migración circular que permitirá a trabajadores paraguayos residir temporalmente en España. Ambos líderes también participaron en un encuentro empresarial para explorar nuevas oportunidades de colaboración en sectores como infraestructuras, agricultura sostenible y energías renovables.

La Guardia Civil ha frustrado un alijo de 1.500 kg de cocaína en las costas de Rota y Cádiz, deteniendo a cinco personas implicadas en el tráfico de drogas. La operación se llevó a cabo tras detectar dos embarcaciones recreativas realizando maniobras sospechosas en alta mar. Al inspeccionar las embarcaciones, se encontraron 70 fardos de cocaína ocultos en dobles fondos. Además, se incautaron los barcos, vehículos todoterreno y otros elementos relacionados con el delito. La investigación continúa y se prevén más detenciones.

El Gobierno de España ha destinado más de 2.444 millones de euros a becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, lo que representa el 64,6% del sistema estatal de becas. Un total de 1.399.768 estudiantes se han beneficiado directamente de esta financiación, que ha aumentado un 2,2% respecto al año anterior. La inversión en becas universitarias alcanza el 92,9%, mientras que las enseñanzas postobligatorias no universitarias reciben un 82,9% de financiación estatal. Además, se han implementado programas de gratuidad para libros y material escolar que benefician a cerca de 2,8 millones de estudiantes.

El rechazo del decreto antiapagones en el Congreso ha intensificado la tensión entre el Gobierno y Podemos, que se unió al PP y Vox para tumbar la norma. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, criticó que las fuerzas políticas actúan en contra de los intereses del país, mientras que Miguel Tellado del PP acusó a sus socios de ser responsables de la decisión. La negativa a este decreto, que contaba con el apoyo del sector eléctrico y ecologistas, podría tener consecuencias directas para los consumidores, como un aumento en la factura de la luz. A pesar del revés, el Gobierno planea seguir trabajando en el decreto y presentarlo nuevamente en el Congreso.

Un informe de Greenpeace revela que la pobreza energética en verano afecta a una de cada tres familias en España, duplicando las cifras del invierno. Hasta un 53,3% de las familias vulnerables no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante los meses calurosos. Las altas temperaturas, que alcanzan hasta 48 ºC en viviendas mal aisladas, son documentadas con cámaras termográficas en ciudades como Málaga, Valencia y Madrid. Greenpeace exige al Gobierno una rehabilitación masiva de viviendas y la implementación de energías renovables para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. La situación es más crítica para quienes viven en alquiler, donde el 77% enfrenta dificultades para mejorar el aislamiento.

Pedro Sánchez, en el Encuentro Empresarial España-Uruguay celebrado en Montevideo, destacó el potencial inversor de las empresas españolas en proyectos energéticos, de agua, infraestructuras y transportes en Uruguay. Con más de 100 empresas españolas y una inversión acumulada de 7.600 millones de dólares, España se posiciona como el principal inversor en el país. El presidente subrayó la importancia de la colaboración entre empresas españolas y locales, enfatizando la creación de empleo y la transferencia de conocimiento. También abordó la necesidad de ratificar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur para fomentar el comercio e inversión entre ambas regiones.

Ferrovial ha sido incluida en la lista de empresas que pagaron a Equipo Económico, consultora vinculada al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para obtener beneficios legislativos. La empresa desembolsó hasta 600.000 euros con el objetivo de influir en un cambio de leyes que facilitara el pago a proveedores durante una crisis de liquidez en los ayuntamientos. Este caso revela la conexión entre pagos realizados y modificaciones regulatorias solicitadas por Ferrovial, así como la implicación de figuras clave como Antonio Beteta, quien se reunió con representantes de la constructora para discutir estos cambios necesarios. Las investigaciones sugieren irregularidades en los pagos y la gestión dentro de Equipo Económico.

Izquierda Unida se opone al plan de recortes de la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea, que podría perjudicar gravemente al campo español. Toni Valero, diputado y coordinador de IU Andalucía, ha solicitado al Gobierno que defienda los fondos destinados a la PAC y evite que sean redirigidos hacia el rearme europeo. Valero critica la intención de unificar diferentes fondos europeos, lo que podría resultar en más recortes para el sector agrícola. La formación política aboga por una PAC justa que apoye a pequeñas y medianas explotaciones y promueva la soberanía alimentaria frente a las grandes multinacionales.

Un informe de los Mossos d'Esquadra y la UCO de la Guardia Civil revela que el despacho del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro habría recibido 47,9 millones de euros en comisiones entre 2008 y 2017. El dinero se movió a través de 230 cuentas bancarias en 12 países, vinculadas a personas físicas y sociedades. Según el informe, estas entidades actuaban como una vía para canalizar pagos encubiertos a cambio de modificaciones legislativas favorables a sus clientes. La facturación del despacho se disparó con la llegada del PP al poder, alcanzando su máximo histórico en 2012. Gran parte de los beneficios fueron derivados a empresas instrumentales sin actividad y utilizados en inversiones inmobiliarias o transferidos a otros países europeos.