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La Comisión Europea ha expresado su plena solidaridad con España y todos los Estados miembros tras las amenazas de Donald Trump de cortar relaciones comerciales debido a la negativa del gobierno español a permitir el uso de bases militares para ataques contra Irán. Olof Gill, portavoz comunitario de Comercio, aseguró que la CE está dispuesta a actuar para proteger los intereses de la Unión Europea y aboga por relaciones comerciales estables y beneficiosas. Trump criticó a España por no cumplir con los compromisos de gasto militar en la OTAN y calificó su postura como "poco amistosa". La situación resalta la importancia de mantener una relación comercial sólida entre EE.UU. y la UE en un contexto global incierto.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha convocado a los agentes sociales para adoptar medidas inmediatas ante las consecuencias de la guerra en Irán. Durante la jornada 'El poder del trabajo en tiempos de algoritmos: reinventando el empleo digno', Díaz destacó la importancia de la soberanía española y rechazó las amenazas de Estados Unidos, afirmando que no aceptan chantajes. Anunció que el Gobierno activará medidas para proteger a arrendatarios, inquilinos y abordar temas relacionados con la cesta de la compra y la energía. También instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decidir entre ser un patriota o un siervo de Trump.

El ministro Carlos Cuerpo ha respondido a las recientes amenazas de Donald Trump sobre el comercio con España, asegurando que no hay ninguna medida concreta en discusión. Durante su comparecencia, Cuerpo mantuvo un tono calmado y calificó las declaraciones de Trump como simples comentarios sin fundamento. Esta afirmación busca tranquilizar la situación y reafirmar la estabilidad del comercio entre ambos países.

El Gobierno español destinará 100 millones de euros a empresas que promuevan la soberanía digital europea, según anunció el ministro Óscar López en el Mobile World Congress 2026. Esta iniciativa forma parte del Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre Inteligencia Artificial (IPCEI‑AI), que busca desarrollar un ecosistema europeo de IA mediante colaboración público-privada. España ha seleccionado nueve proyectos para presentar a la Comisión Europea, con el objetivo de fomentar la cooperación entre empresas de diferentes países de la UE y posicionar a Europa como líder en inteligencia artificial.

Las empresas españolas están implementando ALIA, una infraestructura pública de inteligencia artificial anunciada por el ministro Óscar López en el MWC. Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la IA para el 90% del tejido productivo español, ofreciendo un modelo de lenguaje multilingüe y gratuito. Durante el evento "Con nuestra IA", se presentaron casos prácticos de empresas que han adaptado esta tecnología a sus procesos, mejorando la atención al ciudadano y optimizando recursos. Proyectos destacados incluyen asistentes conversacionales para administraciones públicas y herramientas para la Agencia Tributaria que refuerzan la privacidad y eficiencia en el uso de datos.

Una concejala del PP en Palencia, Laura Lombraña, está en el centro de una controversia tras beneficiarse de un chalet de vivienda de protección oficial (VPO) valorado en 160.000 euros, con piscina comunitaria incluida. El PSOE ha exigido explicaciones sobre la adjudicación de estas viviendas, señalando que no se realizó un sorteo adecuado. Lombraña defiende su actuación afirmando que no hubo irregularidades y que todo se llevó a cabo conforme a la normativa vigente. La inmobiliaria responsable del proyecto respalda su versión, indicando que la concejala cumplía con los requisitos para ser parte de la cooperativa que gestionó el suelo municipal. La polémica surge en un contexto electoral tenso en Castilla y León.

Seis personas, incluido un exalto cargo del gobierno de Teresa Ribera, han sido detenidas en una operación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente que investiga presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales relacionados con contratos para proyectos eólicos y solares. Los registros se llevaron a cabo en las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como en domicilios de directivos de la empresa. La investigación también está vinculada a una subvención sospechosa de 17 millones de euros a Arapellet. Esta es la segunda intervención relacionada con Forestalia en los últimos meses.

Amazon ha anunciado un incremento de su inversión en España hasta 33.700 millones de euros, coincidiendo con su 15 aniversario en el país. Esta inversión se destinará a expandir su infraestructura de centros de datos y potenciar la innovación en inteligencia artificial (IA) en Europa. Se estima que generará aproximadamente 29.900 empleos anuales y aportará alrededor de 31.700 millones de euros al PIB español hasta 2035. La compañía planea construir instalaciones para la fabricación y reciclaje de servidores en Aragón, creando 1.800 empleos directos y apoyando iniciativas comunitarias con una inversión adicional de 30 millones de euros. Amazon también se compromete a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040, invirtiendo en proyectos de energía renovable y gestión del agua en sus operaciones locales.

PP, Vox y Junts han rechazado el escudo social que protegía a 70.000 hogares vulnerables de desahucios, argumentando que se relaciona con la okupación. Este rechazo ha generado críticas del Gobierno, que busca un plan alternativo para proteger a las familias en situación de extrema necesidad. A pesar de la oposición a esta medida, se aprobó la subida de pensiones. Los ministros han denunciado que la derecha está dejando a los más necesitados sin alternativas habitacionales y han recordado que el año pasado apoyaron medidas similares. La decisión también incluye el rechazo al control de precios en situaciones de emergencia.

Greenpeace ha publicado un informe que alerta sobre el impacto de los "fondos buitre" en la agricultura española, destacando cómo estos fondos de inversión y grandes corporaciones están transformando el campo hacia modelos superintensivos que generan desigualdad y amenazan la sostenibilidad. El informe señala que la concentración de recursos hídricos y subvenciones públicas favorece a una minoría poderosa, mientras que los agricultores tradicionales sufren las consecuencias. Greenpeace exige la exclusión de estos fondos de las ayudas de la PAC, un reparto equitativo del agua y una regulación del mercado de la tierra para proteger la agricultura familiar y social.