PSOE

El Tribunal Supremo ha decidido mantener a Santos Cerdán en prisión, considerando que existen "indicios poderosos" de su implicación en la trama Koldo, relacionada con corrupción en la adjudicación de contratos públicos. La defensa del exdirigente socialista argumentó que no había pruebas suficientes para justificar su encarcelamiento; sin embargo, los magistrados han señalado un riesgo significativo de destrucción de pruebas y obstrucción a la investigación. Cerdán está acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y se le atribuye un papel directivo en actividades delictivas junto a otros implicados como el exministro José Luis Ábalos. La decisión del tribunal resalta la gravedad de los indicios presentados, que incluyen grabaciones que evidencian su participación activa en la trama.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha denunciado que el caso Montoro podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción en España. Asegura que el Partido Popular (PP) "puso a la venta el BOE", permitiendo a empresas gasistas evadir hasta el 80% de sus responsabilidades fiscales mediante leyes aprobadas por el ministerio de Hacienda bajo Cristóbal Montoro. Mínguez critica la continuidad de estas prácticas en la actualidad, señalando que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene vínculos con figuras del pasado corrupto del partido. La portavoz subraya que las políticas fiscales del PP siguen beneficiando a una minoría a expensas de la mayoría social y denuncia la falta de transparencia y acción pública del partido.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha denunciado en València el escándalo de la corrupción bajo el mandato de Cristóbal Montoro en Hacienda, acusando al PP de tener "leyes a la venta". Torró criticó el silencio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cuestionó su falta de respuesta ante la imputación de otro ministerio. La dirigente socialista subrayó que la corrupción en el PP no son casos aislados, sino parte de una cultura política. Además, hizo un llamado a luchar contra el racismo y defender un gobierno progresista que promueva la inclusión y el empleo en España.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado por primera vez al caso de corrupción que involucra a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. En un mensaje publicado en su perfil de X, Feijóo afirmó: "Lo que haya que investigar, que se investigue", defendiendo su postura sobre la corrupción sin importar a quién afecte. Sin embargo, el PSOE criticó sus declaraciones, considerándolas insuficientes y argumentando que evidencian que la corrupción está arraigada en el PP. A pesar de las críticas, el PP mantiene su apoyo a Feijóo y destaca que todos deben asumir responsabilidades ante la justicia.

En 1966 el cineasta Arthur Penn filmó una excepcional película; “La jauría humana”.

El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso y al PSOE información detallada sobre las retribuciones y donaciones de José Luis Ábalos, exministro de Transportes investigado en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. El juez Leopoldo Puente actúa tras un requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que busca esclarecer las discrepancias en las cuentas del político. La UCO ha detectado que Ábalos declaró donaciones al PSOE por 44.729,29 euros entre 2014 y 2024, mientras que solo se reflejan pagos por 8.471,36 euros en sus cuentas. Además, se han encontrado diferencias significativas en los ingresos reportados a Hacienda y lo que aparece en su cuenta del Congreso.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha complicado las posibilidades de acuerdo con el PNV al acusarles de falta de principios durante su intervención en el Congreso. En un contexto de críticas hacia los socios del PSOE, Feijóo advirtió que el PSOE terminará pactando con Bildu, lo que provocó una respuesta contundente de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quien defendió la integridad de su partido y cuestionó la estrategia del PP. Además, Feijóo arremetió contra Sumar y ERC, sugiriendo que su apoyo a Pedro Sánchez es parte de una "podredumbre" política. Esta confrontación marca un nuevo capítulo en las tensiones políticas en España y podría afectar la dinámica electoral futura.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado cinco nuevas leyes, alcanzando un total de 42 iniciativas legislativas en lo que va de legislatura. Entre las medidas destacadas se encuentra la convalidación de un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos recibir importantes entregas a cuenta para 2025. También se han rechazado propuestas para reforzar el sistema eléctrico, lo que podría tener consecuencias graves en el suministro. Además, se ha aprobado la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública y modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. La reforma del Reglamento del Congreso incluye adaptaciones al lenguaje inclusivo y nuevas regulaciones para el voto telemático y la prensa. Estas decisiones reflejan un enfoque en mejorar la financiación pública y los derechos sociales, a pesar de la oposición de algunos partidos.

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por incorporar a su equipo a personas vinculadas al caso de corrupción relacionado con el exministro Cristóbal Montoro. En una entrevista, López destacó que Feijóo pertenece al mismo núcleo político que defendió el gobierno de Mariano Rajoy y cuestionó la actitud del PP ante las acusaciones. Además, expresó su malestar por el prolongado secreto de sumario en este caso, sugiriendo que ha habido un retraso injustificable en la investigación.

Enma López, portavoz adjunta de la CEF y secretaria de Política Económica, ha criticado duramente al exministro Montoro por sus políticas de recortes mientras pedía sacrificios a los españoles. Durante un evento en Madrid, López afirmó que Montoro estaba "poniendo a la venta el BOE" y acusó al Partido Popular de corrupción y privatización de instituciones. Destacó que el PP no se escandaliza ante la corrupción y comparó la situación actual con el caso 'Kitchen'. En contraste, defendió que el Partido Socialista está comprometido con la lucha contra la corrupción y promueve un modelo económico que avanza en derechos.

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La acusación se basa en un presunto fraude de 350.910 euros relacionado con el Impuesto de Sociedades durante los ejercicios 2020 y 2021. La jueza Inmaculada Iglesias ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado tras una inspección de Hacienda que reveló irregularidades. Además, González Amador enfrenta otra investigación por administración desleal y corrupción en los negocios. A pesar de las implicaciones legales, el PP defiende que estos problemas son ajenos a Ayuso.

La Fiscalía Superior de Murcia ha iniciado una investigación sobre las declaraciones del líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, por un posible delito de odio. Esta acción se produce tras denuncias presentadas por PSOE, Izquierda Unida y Podemos, en respuesta a comentarios de Antelo que abogan por deportar a todos los migrantes. La controversia surge en medio de disturbios en Torre-Pacheco relacionados con agresiones a migrantes, donde se han convocado cacerías a través de redes sociales. La fiscal delegada de delitos de odio será la encargada de llevar a cabo esta investigación, analizando tanto las declaraciones del político como las publicaciones en línea vinculadas a los recientes altercados.

Pedro Sánchez ha presentado un Plan de Lucha contra la Corrupción con el objetivo de posicionar a España a la vanguardia en esta materia. Este plan, consensuado con varios grupos parlamentarios y organismos internacionales, incluye 15 propuestas organizadas en cinco ejes. Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de una Agencia de Integridad Pública Independiente y el uso de inteligencia artificial para detectar fraudes en contrataciones públicas. Además, se reforzarán los controles sobre altos cargos, se mejorará la protección a denunciantes y se endurecerán las penas por delitos relacionados con la corrupción. El plan también busca fomentar una cultura de integridad mediante campañas de concienciación y formación. La OCDE supervisará su evolución, garantizando transparencia y compromiso en su implementación.