PSOE

Isabel Díaz Ayuso ha generado un intenso debate en la Asamblea de Madrid tras anunciar que otorgará la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos, describiéndolo como "el faro del mundo libre". La oposición, representada por Mar Espinar del PSOE y Manuela Bergerot de Más Madrid, ha criticado esta decisión, cuestionando la legitimidad de condecorar a un país con problemas graves de derechos humanos. Espinar instó a Ayuso a informarse sobre las persecuciones que sufren los hispanos en EE.UU., mientras que Bergerot advirtió que no hay medalla que oculte los problemas de su gestión. Ayuso defendió su decisión argumentando que se otorga a una nación y no a un gobierno específico.

La dirección del PSOE, liderada por Pilar Alegría, evita la autocrítica tras el histórico desplome en las elecciones autonómicas de Aragón, donde el partido perdió cinco escaños. En lugar de asumir responsabilidades internas, atribuyen la debacle a factores externos y a la baja movilización del electorado. Además, centran su crítica en el Partido Popular, responsabilizándolo del auge de Vox, que ha duplicado su representación en las Cortes aragonesas. La portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, sostiene que Vox se beneficia del PP y califica el adelanto electoral como un "fracaso estrepitoso" para los conservadores.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha anunciado su jubilación tras renunciar a su acta como diputado, alegando que no tenía otra opción para subsistir debido a la suspensión de sus derechos como parlamentario. En un mensaje en redes sociales, expresó que ha sido víctima de una operación política que buscaba terminar con su carrera. Además, solicitó al Congreso una indemnización equivalente a 17 mensualidades por su tiempo en el cargo. Ábalos se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2025, investigado por presuntas irregularidades en contratos relacionados con mascarillas durante la pandemia. Su renuncia podría afectar el desarrollo del caso judicial en curso.

La revalorización de las pensiones se debate en el Congreso, donde nueve millones de españoles esperan mantener su poder adquisitivo. Sin embargo, el Partido Popular ha anunciado su rechazo al decreto que incluye esta medida debido a su vinculación con otras propuestas, como la moratoria de desahucios. Junts también muestra dudas sobre su apoyo, ya que han presentado una proposición propia para garantizar las pensiones. El PSOE no contempla dividir el decreto para votar por separado la revalorización. Este pleno extraordinario revela las tensiones entre el Gobierno y la oposición en un contexto crítico para los pensionistas.

El barómetro del CIS de enero, dirigido por José Félix Tezanos, posiciona al PSOE como líder en intención de voto con un 31,7%, casi nueve puntos por delante del PP, que se sitúa en un 23%. Vox sigue al PP con un 17,7%, mientras que Sumar queda rezagado con un 7,2%. En comparación con el anterior barómetro, el PSOE y el PP han experimentado ligeros incrementos en sus porcentajes, mientras que Sumar y Podemos han visto descensos. La encuesta se realizó entre el 5 y el 10 de enero con un total de 4.006 entrevistas.

Este miércoles se han revelado mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en los que el presidente del Gobierno expresa su sorpresa por el apoyo de Ábalos a Alejandro Soler en las primarias del PSPV. A pesar de la cercanía que ambos habían compartido, Sánchez califica el respaldo de Ábalos como un "error" y asegura que lo considera un amigo. Estos intercambios reflejan tensiones internas dentro del PSOE, especialmente en un momento crítico para la elección de liderazgo en la comunidad valenciana, donde Diana Morant buscaba consolidar su posición. La relación entre Sánchez y Ábalos ha sido compleja, marcada por el apoyo mutuo en el pasado, pero ahora expuesta a diferencias significativas en sus estrategias políticas.

El PSOE, a través de su secretaria general Diana Morant, ha solicitado la dimisión de Alberto Núñez Feijóo por mentir a las víctimas de la Dana durante 14 meses y por proteger al presidente del PPCV, Carlos Mazón. Morant acusa al PP de negligencia y desinformación, señalando que los mensajes revelan que Mazón tuvo conocimiento de las víctimas antes de lo declarado. Además, cuestiona el cambio reciente de móvil de Feijóo en medio de una investigación judicial, sugiriendo que podría estar obstaculizando el proceso. La gestión del PP en esta crisis es comparada con la del gobierno de Aznar tras los atentados del 11M.

En un reciente evento en el Club Siglo XXI, Miguel Tellado, secretario general del PP, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por otorgar semilibertad a Txeroki, al que calificó de "alimaña" de ETA. Tellado acusó al PSOE de haber descendido a un "sótano moral" y de priorizar su permanencia en el poder sobre la justicia. Además, destacó la urgencia del Ejecutivo para atender las demandas de los maquinistas debido a una huelga provocada por la mala gestión gubernamental. El líder popular afirmó que el PP se consolida como la opción preferida por los españoles, mientras el PSOE pierde apoyo electoral. También defendió la gestión de Fernando López Miras en Murcia como un contraste con el actual Gobierno central.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha valorado positivamente la propuesta del PSOE sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, considerándola una “buena base para iniciar la negociación”. Aunque reconoce que los 21.000 millones propuestos son insuficientes frente a su demanda de entre 22.000 y 32.000 millones, destaca la necesidad de un fondo de compensación que incremente significativamente la financiación actual. Maíllo también celebra el aumento de recursos para las comunidades autónomas y la eliminación del principio de ordinalidad en el cálculo de financiación, abogando por un sistema que garantice igualdad en el acceso a servicios esenciales como Educación y Sanidad. Critica la reacción del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla al acuerdo y cuestiona la credibilidad de las propuestas del PP respecto a la financiación autonómica.

Podemos ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia en España. La medida beneficiará a unas 500,000 personas que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales. La solicitud de regularización permitirá obtener una autorización de residencia provisional que facilitará el acceso al trabajo y a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. La admisión a trámite suspenderá también los procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos. Este anuncio fue realizado por Irene Montero en un evento en Madrid, destacando la importancia del acuerdo para garantizar derechos a los inmigrantes.

La tregua política en España se ha visto afectada tras el accidente ferroviario en Adamuz, según la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz. En una rueda de prensa, comparó la responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, con la del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, durante la DANA en Valencia. Muñoz criticó al PSOE por acusar a su partido de ser "asesinos" sin tener información suficiente y afirmó que el PP no pretende instrumentalizar el dolor de las víctimas. La portavoz subrayó que cualquier crítica futura dependerá de la información que obtengan sobre el accidente.

El Partido Popular (PP) reafirma su intención de convocar al exministro José Luis Ábalos a la comisión del Senado sobre el caso Koldo, a pesar de que el Tribunal Supremo ha rechazado su comparecencia en esta ocasión. El PP argumenta que Ábalos es clave para esclarecer varios asuntos relacionados con la corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez. Por su parte, el PSOE critica la insistencia del PP, calificándola de "desesperada" y un abuso de las instituciones. La situación se complica ante la proximidad del juicio oral de Ábalos, lo que lleva al PP a posponer la fecha de la citación para no interferir en el proceso judicial.

He decidido poner el título entre interrogantes para dar una oportunidad a la esperanza, aunque en el momento de escribirlo no observo demasiadas posibilidades para ello.

Enrique Santiago, diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha denunciado la grave crisis de vivienda en Andalucía, donde los precios han aumentado más del 20%. Desde Córdoba, exigió al PSOE una respuesta proactiva para frenar la especulación y proteger a las familias vulnerables. Santiago también mostró su apoyo a las movilizaciones agrarias contra recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo UE-Mercosur, advirtiendo que estos compromisos amenazan la supervivencia del campo andaluz. Resaltó que cerca de 400.000 viviendas están en manos de grandes tenedores en Andalucía, lo que agrava la situación del mercado inmobiliario y expulsa a los residentes de sus barrios.