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España enfrenta una grave crisis de incendios forestales, con 14 fuegos activos, especialmente en Castilla y León. La situación ha generado tensiones políticas entre el PP y el PSOE, quienes intercambian reproches sobre la gestión de la emergencia. Los bomberos de Castilla y León expresan su frustración por la falta de coordinación en sus operaciones, mientras que los líderes autonómicos del PP critican al Gobierno por no proporcionar suficientes recursos. En medio de este caos, se han evacuado más de 700 personas debido a la gravedad de las llamas. La AEMET advierte que el riesgo de incendios se mantendrá en niveles extremos en varias regiones hasta finales de semana.

Izquierda Unida ha propuesto al Gobierno español que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) colabore con su contraparte francesa, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), para investigar más de 3.000 bidones de residuos radiactivos hallados en la Fosa Atlántica, a menos de 700 kilómetros de las costas gallegas. La iniciativa busca determinar si ha habido filtraciones radiactivas y evaluar su impacto en el ecosistema marino y la salud pública. A lo largo del siglo XX, se estima que se arrojaron cerca de 220.000 bidones con más de 142.000 toneladas de basura radiactiva en esta zona. Izquierda Unida también cuestiona al Gobierno sobre planes internacionales para la recuperación segura de estos residuos y medidas específicas para su localización y neutralización.

La predicción meteorológica para las semanas del 25 de agosto al 14 de septiembre de 2025 indica que la última semana de agosto presentará temperaturas más bajas de lo habitual en gran parte de la Península, excepto en áreas cantábricas y mediterráneas. Se anticipan precipitaciones superiores a lo normal en el tercio norte peninsular y Baleares, con una atmósfera activa que genera alta incertidumbre en los pronósticos. En septiembre, se espera un inicio con temperaturas normales, aunque frescas en el noroeste, y una tendencia incierta en las lluvias. La segunda semana podría registrar temperaturas superiores a las normales en el este peninsular.

La Guardia Civil investiga a siete personas por la creación de un vertedero ilegal y la quema de residuos en zonas urbanas entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Esta actividad, que ha estado ocurriendo durante varios años, representa un grave riesgo para la salud pública debido a las emisiones de humo y la contaminación del suelo y agua. Los investigados operaban fuera de los canales autorizados, recogiendo residuos de diversas fuentes y almacenándolos sin control, además de quemarlos para obtener materiales valiosos. La investigación, iniciada el año pasado, podría llevar a la identificación de más responsables en el futuro.

En los últimos 15 días, se han quemado aproximadamente 360.000 hectáreas en España, según datos del sistema Copernicus. Este año, 2025, ya ha superado las cifras de 2022, considerado hasta ahora el peor año en términos de superficie quemada. Hasta la fecha, se han registrado un total de 403.171 hectáreas afectadas por incendios forestales. La situación es alarmante, ya que en solo dos semanas se ha alcanzado una cantidad similar a la superficie total de la isla de Mallorca. Las autoridades advierten que los datos podrían ser aún más graves debido a incendios activos en el país.

Las inundaciones monzónicas en Pakistán han dejado más de 700 muertos y miles de desplazados desde finales de junio. Las fuertes lluvias continúan, lo que agrava la situación en provincias como Khyber Pakhtunkhwa, donde se ha declarado el estado de emergencia en varios distritos. La devastación incluye daños a viviendas, cultivos y escuelas, afectando gravemente a los niños. En Karachi, las lluvias han causado inundaciones urbanas y muertes por derrumbes. Las autoridades y organizaciones internacionales están movilizando ayuda humanitaria, pero los patrones climáticos erráticos y el cambio climático aumentan la vulnerabilidad del país ante futuras catástrofes.

El aumento de las olas de calor extremo representa una grave amenaza para la salud de millones de trabajadores expuestos a condiciones climáticas adversas, según un informe de la OMS y la OMM. Este fenómeno, impulsado por el cambio climático, incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud que pueden ser mortales si no se tratan a tiempo. Además, la productividad laboral disminuye entre un 2% y 3% por cada grado que supera los 20°C, afectando tanto la salud como la economía. Se estima que más de 2400 millones de trabajadores en todo el mundo están en riesgo debido al calor excesivo. Las organizaciones instan a implementar políticas específicas y medidas urgentes para proteger a estos trabajadores vulnerables y mitigar los efectos del estrés térmico en el ámbito laboral.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha destacado el nuevo convenio colectivo de Tragsa para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), publicado en el Boletín Oficial del Estado. Este convenio mejora significativamente las condiciones laborales y salariales de los BRIF, incorporando nuevos pluses y regulaciones sobre jornadas, turnos, descansos y horas extraordinarias. Además, establece un marco para la movilización ante emergencias y promueve la formación continua adaptada a sus necesidades. Aagesen subraya que estas mejoras son esenciales para la profesionalización del colectivo ante el aumento de incendios forestales. El Ministerio ha invertido 60 millones de euros en modernizar las bases BRIF, mejorando así sus condiciones de trabajo.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España está promoviendo la investigación y la innovación para enfrentar la emergencia climática en el país. La ministra Diana Morant destacó que esta iniciativa busca ofrecer respuestas más efectivas a problemas como los incendios forestales, que han afectado recientemente a España, así como a otras crisis climáticas pasadas. Desde 2020, el ministerio ha participado en 51 proyectos relacionados con incendios forestales y ha invertido más de 180 millones de euros en iniciativas de investigación y desarrollo en el ámbito del cambio climático.

La contaminación por ozono en València ha alcanzado niveles alarmantes sin que las autoridades locales y autonómicas hayan informado adecuadamente a la población sobre los riesgos para la salud. Durante una ola de calor en agosto, se superaron los umbrales de ozono establecidos, con concentraciones de hasta 312 microgramos por metro cúbico. A pesar de la obligación legal de advertir a grupos vulnerables, como niños y personas mayores, no se emitieron avisos, lo que representa una grave negligencia por parte del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Ecologistes en Acció critica esta falta de acción y exige un plan urgente para mejorar la calidad del aire en la región. El ozono troposférico, conocido como contaminante "malo", puede causar problemas respiratorios y cardiovasculares, además de tener efectos negativos en la vegetación.