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El empleo en el sector turístico de España alcanzó un récord en diciembre de 2025, con 2.752.942 afiliaciones, lo que representa un aumento del 2,4% respecto al año anterior. Este crecimiento se ha mantenido desde junio de 2021 y equivale al 12,7% del total de afiliados en el país. En hostelería, se registraron 27.602 nuevos afiliados, mientras que las agencias de viajes también mostraron un incremento. El empleo asalariado creció un 2,7%, destacando la Comunidad Valenciana con un aumento del 3,4%. La tendencia positiva se observó en todas las comunidades excepto Extremadura.

La lista de espera del Sistema de Dependencia en España ha disminuido casi un 20% en el último año, alcanzando un máximo histórico de personas atendidas. Según el Panel del SAAD publicado por Derechos Sociales, el número de solicitantes a la espera de una prestación se ha reducido en un 12,4% en el último trimestre y un 18,4% en comparación con el año anterior, situándose en 152.693 personas. Al mismo tiempo, el número de beneficiarios ha crecido hasta 1.635.462, lo que representa un aumento del 9,4% respecto al año anterior. La financiación del sistema ha superado los 3.700 millones de euros, con un incremento del 150% en cinco años. Además, el tiempo medio de tramitación para recibir prestaciones ha mejorado significativamente, pasando de 457 días en su punto máximo a 341 días actualmente. Estos avances reflejan una tendencia positiva hacia la mejora de la atención y gestión dentro del sistema.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado una investigación sobre anuncios de viviendas en alquiler en grandes portales inmobiliarios que podrían estar ofreciendo precios superiores a los regulados por la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta ley exige que los anuncios incluyan información clara sobre los precios máximos permitidos en zonas tensionadas, así como el último precio de alquiler para propiedades particulares. El incumplimiento podría ser considerado una práctica desleal y conllevar sanciones. La medida busca mejorar la transparencia en el mercado de la vivienda y proteger a los consumidores.

El Gobierno de España ha concretado los traspasos acordados con el País Vasco en la Comisión Mixta de Transferencias, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres. Se han formalizado cinco traspasos de funciones en áreas como Salvamento Marítimo, Seguridad y Salud en el Trabajo, Protección por Desempleo, Prestaciones Familiares y Seguro Escolar. Estos acuerdos, resultado de la bilateral entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales, incluyen la gestión de servicios de búsqueda y salvamento en aguas vascas, así como la gestión del desempleo y prestaciones familiares a partir de 2027. Torres destacó la importancia de estos acuerdos para avanzar en la cooperación con las comunidades autónomas.

En 2025, España prevé un gasto de turistas internacionales que alcanzará los 134.710 millones de euros, un incremento del 6,8% respecto a 2024. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó la fortaleza del modelo turístico español y la importancia de priorizar la calidad sobre la cantidad. Se espera recibir 97 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento del 3,5%. Las políticas de desestacionalización y desconcentración están dando resultados positivos, con un mayor crecimiento en meses fuera de la temporada alta y un aumento significativo del gasto en comunidades autónomas menos tradicionales. La satisfacción del turista también es alta, con un 97% expresando su contento durante su estancia en el país.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió en La Moncloa con Estelle Brachlianoff, CEO del Grupo Veolia, para discutir los planes de la multinacional en el país y los retos relacionados con la emergencia climática. Durante el encuentro, se abordaron iniciativas para posicionar a España como líder en la gestión de agua, residuos y energía, así como la colaboración público-privada en innovación. También se analizó la ejecución de los fondos europeos Next Generation para modernizar y digitalizar el ciclo urbano del agua, destacando inversiones significativas. Además, se trataron los desafíos climáticos y el compromiso del Gobierno hacia modelos energéticos más sostenibles.

Óscar López ha anunciado una inversión de 7,2 millones de euros del Gobierno en Lookiero, una empresa española dedicada a la venta de moda. Esta inversión permitirá la apertura de un nuevo centro logístico en Miranda de Ebro, Burgos, y generará 200 empleos directos. La iniciativa forma parte del apoyo gubernamental a la industria de la moda y al desarrollo económico local.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha beneficiado en diciembre a 799.553 hogares, protegiendo a cerca de un millón de menores, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La prestación media es de 483,1 euros mensuales, con una nómina total de 412 millones de euros. En 2026, se espera una revalorización del 11,4%, superando el IPC, como parte del compromiso para combatir la pobreza severa, especialmente infantil. Desde su implementación en 2020, el IMV ha protegido a aproximadamente 3,4 millones de personas y se destaca su impacto positivo en familias monoparentales y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica que incrementará en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades autónomas en 2027. Este modelo busca mejorar la equidad en la distribución de fondos, garantizando que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad y adaptándose a las singularidades territoriales. Se prevé un aumento significativo en la capacidad tributaria de las autonomías, así como mecanismos de solidaridad interterritorial y nivelación vertical para reducir las diferencias en financiación por habitante. La propuesta será discutida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario programado para el próximo miércoles.

Más Madrid ha presentado una enmienda a la totalidad y 205 enmiendas parciales al presupuesto de Almeida para 2026, argumentando que este representa un cheque en blanco para la especulación inmobiliaria y el turismo de lujo, beneficiando principalmente a las grandes fortunas. El portavoz Eduardo Rubiño y la concejala Sara Ladra han criticado que el presupuesto no atiende las necesidades de las familias trabajadoras, destacando propuestas como la eliminación del Área de Vivienda y la transferencia de fondos a la EMVS para aumentar el parque público de alquiler asequible. Además, se proponen medidas fiscales contra la especulación, comedores escolares gratuitos y un plan estratégico para mejorar equipamientos en barrios vulnerables. La intención es priorizar los derechos de vivienda y servicios públicos dignos frente a intereses especulativos.