El Gobierno de España ha reducido el consumo energético de las viviendas en un 10% entre 2020 y 2023, con un promedio de 540.000 rehabilitaciones anuales, superando los objetivos de la Unión Europea. Se prevé alcanzar una reducción del 25% para 2030 y del 33% para 2035. Este avance se enmarca dentro del Plan Nacional de Renovación de Edificios, que busca transformar el parque edificatorio hacia la neutralidad climática en 2050. El plan incluye medidas como la rehabilitación energética de edificios y la lucha contra la pobreza energética, beneficiando a la ciudadanía al reducir facturas energéticas y mejorar la salud y confort en los hogares. La elaboración del plan ha contado con un amplio proceso participativo, involucrando a más de 400 agentes.
El Gobierno de España ha iniciado el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva Fiscal General del Estado. Este anuncio se realizó durante una rueda de prensa el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La ministra Pilar Alegría destacó la importancia de abordar la violencia machista, recordando que desde que existen registros, 1.333 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el país. Peramato, con más de 35 años de experiencia en la lucha contra la violencia de género, enfrentará retos como reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal y asegurar su independencia profesional. Además, el Consejo de Ministros aprobó una inversión significativa para Extremadura y medidas para la recuperación económica de La Palma tras los daños volcánicos.
El Gobierno de España ha declarado 63 comarcas en once comunidades autónomas como zonas afectadas por emergencias de protección civil, debido a inundaciones e incendios forestales ocurridos entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025. Las comunidades afectadas incluyen Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia y Navarra. Este acuerdo permite que las personas damnificadas soliciten ayudas para cubrir daños personales y materiales. Además, otros ministerios podrán implementar medidas complementarias para mitigar los efectos de estas emergencias.
El Gobierno español ignora la advertencia de Junts y reafirma su compromiso de no adelantar las elecciones. A pesar de la ruptura con el partido de Carles Puigdemont, el Ejecutivo planea avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer la senda de estabilidad. Los socialistas se muestran confiados en que podrán legislar a pesar del desafío planteado por Junts, que ha declarado su ruptura con el PSOE como irreversible. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, asegura que el Gobierno no podrá legislar sin su apoyo y critica la falta de materialización de acuerdos previos.
Gabriel Rufián ha criticado duramente la renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat, calificándola de "dimisión a la altura del personaje: cobarde, falaz y perversa". Mazón anunció su salida un año después de la tragedia de la DANA en Valencia, culpando al Gobierno central y dedicando escasos segundos a recordar a las 229 víctimas. La vicepresidenta Yolanda Díaz también expresó su desaprobación, afirmando que las víctimas merecían más respeto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acusó a Mazón de falta de valentía por no convocar elecciones.
El Gobierno de España, a través de su portavoz Pilar Alegría, reafirma su compromiso de agotar la legislatura hasta 2027, a pesar de la reciente ruptura del acuerdo con Junts. Alegría destacó la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y subrayó la importancia del diálogo y la persuasión para lograr su aprobación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también enfatizó la necesidad de avanzar "votación a votación" y priorizar políticas que beneficien a la sociedad. La ruptura con Junts complica la aritmética en el Congreso, dejando al Gobierno en una posición más vulnerable, pero Moncloa se presenta como un pilar de estabilidad en medio de esta incertidumbre política.
El Gobierno de España ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma histórica que moderniza el sistema penal. Esta nueva ley, que sustituye a una norma vigente desde 1882, otorga al Ministerio Fiscal la dirección de las investigaciones penales, alineándose con prácticas comunes en la Unión Europea. La LOECrim introduce un juez de garantías para proteger los derechos fundamentales durante el proceso y simplifica los procedimientos para hacerlos más ágiles y eficaces. Además, refuerza las garantías procesales tanto para investigados como para víctimas, e incorpora nuevas herramientas tecnológicas en la lucha contra la criminalidad. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028, tras décadas de intentos fallidos de reforma.
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El Gobierno de España sufre una nueva derrota en el Congreso al ser rechazada la senda de estabilidad, un paso crucial para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Los votos en contra de Junts, PP y Vox han marcado esta decisión, mientras que Podemos y Compromís se abstuvieron. Esta es la quinta vez que el Ejecutivo intenta aprobar esta senda sin éxito, lo que ha llevado a Moncloa a señalar que el rechazo perjudica a las comunidades autónomas al limitar su margen fiscal en 5.485 millones. La senda ofrecía un objetivo de déficit del -0,1% para 2025-2028, evitando ajustes durante ese periodo. A pesar del rechazo, el Gobierno planea seguir adelante con la presentación de los Presupuestos utilizando la senda enviada a la Comisión Europea en 2023.
El Gobierno de España ha aprobado una nueva regulación de los contratos formativos, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que garantiza los derechos de las personas en prácticas laborales. Esta normativa busca asegurar que las actividades realizadas estén directamente relacionadas con la formación del trabajador y establece que la duración de estos contratos no podrá ser inferior a seis meses ni exceder un año. Además, se prohíbe que los salarios sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) proporcionalmente a la jornada laboral. La regulación también detalla las modalidades de contratación y establece límites en el número de contratos formativos por empresa, así como derechos específicos para los trabajadores en formación, incluyendo un plan formativo individual y condiciones adecuadas para compatibilizar trabajo y estudios.
El Gobierno de España ha aprobado un techo de gasto de 216,177 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que representa un aumento del 8,5% respecto al año anterior. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado la importancia de estos presupuestos como una necesidad para mejorar la calidad de vida de los hogares. Este paso es crucial para la elaboración del proyecto presupuestario tras cuatro años sin nuevos presupuestos. El Gobierno también busca fomentar el diálogo con los partidos políticos para lograr su aprobación, a pesar de la falta de mayoría absoluta en el hemiciclo.
Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, destacó que el número de ocupados en España ha alcanzado casi 22 millones, con 21,84 millones de personas empleadas. Este mes de octubre se registró la creación de 142.000 nuevos empleos, marcando el segundo mejor octubre en la historia laboral del país. España lidera el crecimiento del empleo en Europa desde 2021, con un aumento del 10,5%, superando a Italia, Francia y Alemania. Además, se aprobó un nuevo estatuto para mejorar los derechos de las personas en formación y un anteproyecto para actualizar los umbrales empresariales, facilitando así la competitividad de las pymes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Senado para defender la financiación del PSOE, calificándola de "absolutamente limpia". Durante su intervención, señala que la comisión no es un proceso de investigación, sino una "comisión de la difamación". Esta declaración se produce en un contexto de interrogatorios relacionados con el caso Koldo.
El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley con medidas urgentes para la reactivación, refuerzo y prevención en los municipios afectados por la DANA, que causó 237 muertes el 29 de octubre de 2024. La ministra Pilar Alegría destacó el compromiso del Ejecutivo para ayudar a los valencianos a recuperar la normalidad. Las medidas incluyen una línea ICO de 750 millones de euros y avales estatales por 5.000 millones hasta 2040, facilitando liquidez a hogares y empresas. Además, se han transferido ya 8.000 millones de euros en respuesta a la tragedia. El Gobierno también presentó un nuevo proyecto de ley orgánico de enjuiciamiento criminal y convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica, reafirmando su apoyo a la ciencia en España.
El Gobierno español aprobará el próximo martes un proyecto de ley que reformará la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, otorgando a los fiscales la responsabilidad de la instrucción de los casos y excluyendo a los partidos políticos de la acusación popular. Esta nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, busca modernizar el proceso penal y garantizar la autonomía del fiscal general del Estado, cuyo mandato se ampliará a cinco años. Además, se establecerá un juez de garantías para supervisar las investigaciones penales y se simplificará el sistema de recursos. La reforma también incluye medidas para proteger a las víctimas y mejorar la lucha contra la criminalidad mediante nuevas herramientas tecnológicas.
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