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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado la tramitación urgente de un Real Decreto destinado a reforzar el sistema eléctrico en España. Esta propuesta incluye medidas para mejorar la supervisión y control del sector eléctrico, potenciar el almacenamiento energético y facilitar la electrificación de la demanda. Se fortalecerán las funciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se fomentará el almacenamiento en instalaciones de energía renovable y se establecerán plazos claros para el desarrollo de nuevos proyectos industriales. Además, se optimizarán los tiempos de respuesta de las compañías distribuidoras para nuevas conexiones eléctricas, contribuyendo así a una transición ecológica más eficiente y resiliente.

Ecologistas en Acción ha exigido la readmisión de los trabajadores despedidos por denunciar un vertido ilegal de aguas negras al alcantarillado en Madrid. La organización ecologista alega que la empresa Urbaser, encargada de la limpieza viaria, tomó represalias contra estos empleados tras la denuncia realizada el 3 de julio mediante vídeos. A pesar del impacto ambiental y los riesgos para la salud que conllevan estos vertidos, la empresa no ha implementado medidas correctivas y ha culpabilizado a los trabajadores. Ecologistas en Acción demanda acciones inmediatas para detener esta práctica y garantizar condiciones adecuadas para el tratamiento de aguas residuales y la seguridad laboral.

Greenpeace ha publicado el informe "Ciudades al rojo vivo", donde denuncia que más del 70% de las capitales de España carecen de redes de refugios climáticos eficaces. Solo 16 de las 52 capitales cuentan con refugios públicos, y regiones como Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias no tienen ninguno. La organización destaca que la falta de horarios adecuados y la gratuidad son problemas críticos que limitan la efectividad de estos espacios, fundamentales para proteger a la población vulnerable del calor extremo. En un contexto donde se han registrado más de 1800 muertes por calor en el verano actual, Greenpeace exige medidas urgentes para adaptar las ciudades a las altas temperaturas y garantizar la salud pública.

Más del 90% de la población española considera el calor extremo un grave riesgo para la salud, según una encuesta encargada por el Ministerio de Sanidad. A pesar de esta percepción, solo un 30% se siente altamente vulnerable a sus efectos. El estudio revela que el 80% ha notado un aumento en las temperaturas extremas y el 87% relaciona estas olas de calor con el cambio climático. Los principales riesgos para la salud identificados incluyen golpes de calor, deshidratación e insomnio. Además, se destaca la falta de aislamiento térmico en los hogares y la desigualdad en el acceso a recursos como aire acondicionado, lo que agrava la vulnerabilidad ante el calor extremo. La encuesta subraya la necesidad de aumentar la sensibilización y mejorar las políticas públicas para proteger a los grupos más afectados.

La predicción meteorológica para las semanas del 28 de julio al 17 de agosto de 2025 indica que la primera semana será más fría de lo habitual en el este de la Península y Baleares, mientras que en el extremo occidental se experimentará un ambiente cálido. Las precipitaciones serán escasas en la mitad sur, pero podrían ser más abundantes en el Cantábrico oriental y otras áreas. Para la semana del 4 al 10 de agosto, se espera que las temperaturas sean normales o ligeramente inferiores en el este, con posibles lluvias en el oeste y sur. La semana del 11 al 17 de agosto podría ser más cálida en gran parte de la Península, aunque las precipitaciones seguirían siendo escasas.

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Un estudio del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) del CSIC revela que incluso los corales más resistentes del Caribe, como Siderastrea siderea, enfrentan serias amenazas debido al aumento de la temperatura del agua. A pesar de su resistencia histórica, estos corales han mostrado una disminución en su capacidad de crecimiento y una reducción del 10,5% en la densidad de sus esqueletos entre 2010 y 2020. La investigación, que abarca más de un siglo de evolución en Martinica, destaca el impacto negativo de las olas de calor recurrentes desde los años 80 y la presión humana sobre los ecosistemas marinos. Los hallazgos subrayan la urgencia de implementar medidas locales y globales para proteger los arrecifes y combatir el cambio climático.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado la aprobación de seis nuevos proyectos en el marco del PERTE de descarbonización industrial, con una inversión total cercana a 12 millones de euros. Estos proyectos, que se espera reduzcan casi 8.900 toneladas de CO2, beneficiarán a tres empresas: LITERA MEAT (9,5 millones), LANDS AND BUILDINGS (1,7 millones) y CALES DE LLIERCA (647.000 euros). Hasta la fecha, el PERTE ha otorgado más de 465 millones en préstamos y subvenciones. Además, Hereu destacó la importancia de España como plataforma productiva europea en sectores clave para la sostenibilidad y la innovación.

Greenpeace ha expresado su descontento tras el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, señalando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista exige una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas cruciales como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Además, Greenpeace propone incluir medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, como un mercado de capacidad exclusivo para plantas renovables y la normalización de carga bidireccional para vehículos eléctricos. La ONG subraya la urgencia de un consenso político para transformar el sistema energético actual hacia uno más limpio y accesible.

Un informe de Greenpeace revela que la pobreza energética en verano afecta a una de cada tres familias en España, duplicando las cifras del invierno. Hasta un 53,3% de las familias vulnerables no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante los meses calurosos. Las altas temperaturas, que alcanzan hasta 48 ºC en viviendas mal aisladas, son documentadas con cámaras termográficas en ciudades como Málaga, Valencia y Madrid. Greenpeace exige al Gobierno una rehabilitación masiva de viviendas y la implementación de energías renovables para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. La situación es más crítica para quienes viven en alquiler, donde el 77% enfrenta dificultades para mejorar el aislamiento.