PP

El Gobierno español ha anunciado que monitorizará de cerca los discursos de odio que puedan surgir a raíz del acuerdo entre PP y Vox en Jumilla, donde se ha decidido prohibir actos islámicos en espacios públicos. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta medida podría atentar contra la libertad y dignidad de las personas, y se realizará un seguimiento a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia. La iniciativa busca promover una sociedad libre de discriminación, recordando que la libertad religiosa está garantizada por la Constitución. Este movimiento sigue al aumento de mensajes de odio detectados tras disturbios racistas en Torre-Pacheco.

El Partido Popular (PP) ha activado su "maquinaria electoral" ante la posibilidad de un adelanto electoral por parte del presidente Pedro Sánchez. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha declarado que el partido está preparado para responder si Sánchez se ve obligado a convocar elecciones anticipadas. En este contexto, los líderes regionales de Andalucía y Castilla y León han expresado su intención de adelantar las elecciones autonómicas en caso de que esto ocurra. El PP busca recuperar votos perdidos y fortalecer su posición política, mientras Sánchez intenta agotar la legislatura a pesar de las presiones y crisis internas en su gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, cerró su comparecencia para hacer balance del curso político con un comentario humorístico sobre las vacaciones, afirmando que "están sobrevaloradas". Su broma generó risas en la sala de prensa, pero también críticas en redes sociales, donde se recordó la importancia del descanso laboral. El ministro Óscar López respondió a Feijóo sugiriendo que debería evitar viajar con personas cuestionables durante sus vacaciones. Además, Feijóo aprovechó la ocasión para criticar al presidente Pedro Sánchez, acusándolo de machismo y corrupción en su gobierno.

El PSOE ha solicitado la dimisión de Noelia Núñez, vicesecretaria del PP, tras reconocer que no ha completado sus estudios y haber presentado información falsa en su currículum. Los socialistas consideran que esto no es un simple error, sino una "falsedad consciente" que infringe los estatutos del Partido Popular. Núñez, quien había afirmado ser licenciada en varias disciplinas, argumenta que nunca tuvo intención de engañar. La controversia ha sido avivada por críticas de otros miembros del PSOE, quienes subrayan la necesidad de transparencia en la política y cuestionan la credibilidad de Núñez.

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por incorporar a su equipo a personas vinculadas al caso de corrupción relacionado con el exministro Cristóbal Montoro. En una entrevista, López destacó que Feijóo pertenece al mismo núcleo político que defendió el gobierno de Mariano Rajoy y cuestionó la actitud del PP ante las acusaciones. Además, expresó su malestar por el prolongado secreto de sumario en este caso, sugiriendo que ha habido un retraso injustificable en la investigación.

El Gobierno español, a través de la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha denunciado los recientes altercados en Torre-Pacheco, acusando a Vox de "chapotear" en el odio y al Partido Popular de mantener un "silencio cómplice". Alegría condenó las declaraciones del líder regional de Vox, que culpó al PP y PSOE de la violencia por fomentar la inmigración ilegal. La ministra advirtió sobre el peligro del discurso que asocia inmigración con violencia y llamó a combatir el odio y la desinformación. Además, destacó datos sobre la baja tasa de criminalidad en España y el aporte positivo de los inmigrantes a la seguridad social.

El Ayuntamiento de Jumilla, Murcia, ha aprobado una controvertida medida que prohíbe la celebración de actos islámicos en espacios públicos, como la Fiesta del Cordero. Esta moción, impulsada por Vox y respaldada por el PP, ha generado críticas al considerarse un ataque a la libertad religiosa y a la diversidad cultural. Vox argumenta que estas actividades son "ajenas a la identidad" del pueblo español. La decisión ha sido calificada de xenófoba y ha suscitado un intenso debate sobre los derechos religiosos en España.

Las maniobras llevadas a cabo por Cristóbal Montoro, quien fue ministro de Hacienda, junto a su equipo durante los gobiernos de Mariano Rajoy, continúan revelándose. El caso Montoro, como ya se le conoce, está sacando a la luz una serie de irregularidades que no se limitan solo a la supuesta aprobación fraudulenta de leyes en beneficio de grandes empresas, las cuales habrían pagado comisiones a través del Equipo Económico, un despacho creado por el mismo ministro en el segundo mandato de José María Aznar. Además, otra dimensión de esta trama sugiere la obtención ilegal de información privilegiada.

El rechazo del decreto antiapagones en el Congreso ha intensificado la tensión entre el Gobierno y Podemos, que se unió al PP y Vox para tumbar la norma. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, criticó que las fuerzas políticas actúan en contra de los intereses del país, mientras que Miguel Tellado del PP acusó a sus socios de ser responsables de la decisión. La negativa a este decreto, que contaba con el apoyo del sector eléctrico y ecologistas, podría tener consecuencias directas para los consumidores, como un aumento en la factura de la luz. A pesar del revés, el Gobierno planea seguir trabajando en el decreto y presentarlo nuevamente en el Congreso.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha denunciado que el caso Montoro podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción en España. Asegura que el Partido Popular (PP) "puso a la venta el BOE", permitiendo a empresas gasistas evadir hasta el 80% de sus responsabilidades fiscales mediante leyes aprobadas por el ministerio de Hacienda bajo Cristóbal Montoro. Mínguez critica la continuidad de estas prácticas en la actualidad, señalando que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene vínculos con figuras del pasado corrupto del partido. La portavoz subraya que las políticas fiscales del PP siguen beneficiando a una minoría a expensas de la mayoría social y denuncia la falta de transparencia y acción pública del partido.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado por primera vez al caso de corrupción que involucra a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. En un mensaje publicado en su perfil de X, Feijóo afirmó: "Lo que haya que investigar, que se investigue", defendiendo su postura sobre la corrupción sin importar a quién afecte. Sin embargo, el PSOE criticó sus declaraciones, considerándolas insuficientes y argumentando que evidencian que la corrupción está arraigada en el PP. A pesar de las críticas, el PP mantiene su apoyo a Feijóo y destaca que todos deben asumir responsabilidades ante la justicia.

El Partido Popular (PP) se acerca cada vez más a Vox, mientras su líder Alberto Núñez Feijóo promete gobernar sin la ultraderecha. Durante el reciente Congreso Nacional del PP, Feijóo y su nuevo número dos, Miguel Tellado, afirmaron que no quieren una coalición con Vox, aunque sus propuestas reflejan un alineamiento con las políticas de la formación ultra, especialmente en temas migratorios. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz dejó abierta la posibilidad de una futura coalición dependiendo de los resultados electorales. Este movimiento del PP hacia la derecha incluye críticas contundentes al Gobierno de Pedro Sánchez y un discurso que recuerda a las posturas de Vox sobre inmigración y "tiranía".

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha señalado que el reciente congreso del Partido Popular ha evidenciado que "el PP y Vox ya son indistinguibles". Tras la elección de Alberto Núñez Feijóo como líder del PP, Maíllo advirtió sobre la creciente cohesión y alianza entre ambas formaciones. Destacó que el PP no solo se alía electoralmente con Vox, sino que también adopta sus políticas, lo que podría llevar a un retroceso en derechos laborales. Además, criticó las propuestas del PP sobre la eliminación de comités de empresa en pequeñas empresas y su enfoque en aumentar los salarios medios sin abordar el salario mínimo. Estas acciones reflejan, según Maíllo, una amenaza a los avances laborales conseguidos.