El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de Ley que reduce las ratios de alumnos por aula y establece un límite legal a la jornada lectiva de los docentes. La norma fija un máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el alumnado con necesidades educativas especiales contabilizando como dos plazas. Además, se establece una carga lectiva máxima de 23 horas semanales para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para otras enseñanzas. Este proyecto busca mejorar las condiciones laborales del profesorado y garantizar una atención más individualizada a los estudiantes, promoviendo la equidad educativa en todo el país. La ley será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria y se implementará progresivamente hasta el curso 2031-32.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en La Moncloa con personas migrantes regularizadas y representantes de organizaciones que trabajan en el ámbito migratorio. Durante el encuentro, Sánchez destacó la importancia de la reciente regularización, calificándola como histórica y un avance social y económico para el país. Subrayó que el éxito del proceso dependerá de la integración de estas personas en la sociedad y de la convivencia pacífica frente a los mensajes de odio. Acompañaron al presidente la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
El Gobierno de España ha solicitado la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, argumentando que esta entidad hace apología del franquismo y humilla a las víctimas de la dictadura. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que se presentará un expediente sólido ante el juez para respaldar esta decisión, enmarcada dentro de la Ley de Memoria Democrática. Aunque el proceso administrativo comenzó en junio de 2024, ahora queda en manos de la Justicia, lo que podría dar lugar a una prolongada batalla legal. Además, el Ministerio de Cultura busca recuperar casi 30.000 documentos del archivo de la fundación, considerados de carácter público. La Fundación Francisco Franco ha defendido su permanencia alegando que está amparada por la Constitución y ha criticado al Gobierno por lo que considera un ataque a la libertad de expresión.
El exasesor de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, ha declarado ante el tribunal que no se medicalizaron las residencias durante el inicio de la pandemia debido a la falta de médicos. En su comparecencia, Burgueño también afirmó haber elaborado un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego atribuyó la responsabilidad a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este testimonio es considerado clave por asociaciones que buscan esclarecer la gestión de la crisis en las residencias y el trato hacia los mayores durante la pandemia. La declaración se enmarca en un procedimiento judicial relacionado con la crisis sanitaria y las decisiones tomadas en ese periodo.
El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta reforma busca garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad y con las prestaciones necesarias en todo el territorio nacional. La nueva redacción establece que los poderes públicos deben asegurar el ejercicio del derecho a la IVE, alineándose con los principios de igualdad y protección de los derechos de las mujeres. El proceso legislativo requerirá una aprobación mayoritaria en el Congreso y el Senado. Con esta medida, España reafirma su compromiso con la autodeterminación y protección de los derechos femeninos.
El Gobierno de España implementará la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios del Estado a partir de la primera quincena de abril, según ha anunciado el ministro Óscar López. Esta medida cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y beneficiará a aproximadamente 220,000 empleados públicos. La resolución sobre la jornada se publicará en un plazo máximo de 15 días, garantizando que no se excluya a ningún ámbito de la Administración General del Estado. Además, se adaptarán las jornadas especiales existentes para asegurar la adecuada prestación de servicios públicos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una comparecencia pública que Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente Primero y Arcadi España asumirá el cargo de ministro de Hacienda. Esta decisión se produce tras la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda. La noticia marca un cambio significativo en el gabinete del Gobierno español.
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La reciente visita de María Corina Machado a España ha generado controversia tras su negativa a reunirse con el presidente Pedro Sánchez. El Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado esta actitud como una "falta de respeto" hacia las instituciones. Machado, que en el pasado solicitó ayuda y refugio en la Embajada española, defiende su postura al afirmar que se reúne solo con quienes comparten su objetivo de bienestar para Venezuela. La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, apoya la decisión de Machado y critica la relación del Gobierno con el régimen de Nicolás Maduro. Esta situación se complica aún más con declaraciones polémicas relacionadas con Venezuela y la defensa de la democracia por parte de figuras como Felipe González.
Se ha inaugurado una nueva oficina para tramitar las solicitudes de reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Este sistema, acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, es pionero y permite a las víctimas acceder a reparaciones simbólicas, restaurativas o económicas. La unidad, adscrita al Ministerio de la Presidencia, recibirá solicitudes a través de su sede electrónica y ofrecerá orientación a las víctimas. Las solicitudes serán evaluadas por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que elaborará propuestas de reparación. Este mecanismo está disponible para todas las víctimas cuyos casos ya no pueden ser judicializados.
El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley que mejora el acceso a pruebas electrónicas en la Unión Europea, facilitando el trabajo de jueces, fiscales y policías. Este nuevo marco legal obliga a los prestadores de servicios digitales a nombrar un representante para gestionar solicitudes de obtención y preservación de datos relevantes en investigaciones penales. Con esta medida, se busca agilizar la cooperación judicial y adaptarse a las necesidades del entorno digital, donde gran parte de las pruebas son electrónicas. El anteproyecto forma parte del paquete e-evidence europeo, que refuerza la colaboración judicial en toda la UE.
Audios filtrados revelan que el Gobierno español y Red Eléctrica de España estaban al tanto de la inestabilidad del sistema eléctrico semanas antes del apagón del 28 de abril de 2025. Las grabaciones muestran advertencias sobre oscilaciones peligrosas en la red y problemas relacionados con la generación solar, que carece de la inercia necesaria para estabilizar el sistema. Operadores alertaron sobre un "problemón brutal" y anticiparon un posible colapso, indicando que se esperaba un "cero gordo". A pesar de las preocupaciones, Red Eléctrica sostiene que cumplió con todos los protocolos durante el incidente.
El Gobierno de España, junto con el Defensor del Pueblo y la Iglesia, ha firmado un protocolo para implementar un nuevo sistema de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Este acuerdo establece un mecanismo mixto que comenzará a funcionar el 15 de abril y tendrá una duración inicial de un año. Las modalidades de reparación incluirán compensaciones simbólicas, restaurativas y económicas, considerando la gravedad de los abusos y los daños sufridos. Se crearán unidades específicas para gestionar las solicitudes y evaluar los casos, asegurando un proceso justo y transparente para las víctimas.
La vicepresidenta del gobierno valenciano, Susana Camarero, ha generado una fuerte controversia en Les Corts al afirmar que "el Gobierno está lleno de prostitutas", acusando a los socialistas y a Compromís de consentir esta situación. Esta declaración ha provocado una ola de críticas y demandas de dimisión por parte de la oposición, quienes consideran sus palabras como "indignas" y "vergonzosas". La sesión también abordó la contratación de la pareja del president Juanfran Pérez Llorca en la Diputación de Valencia, lo que ha sido calificado como "enchufismo" por parte de los opositores. Pérez Llorca defendió la legalidad del proceso de selección, argumentando que su pareja es funcionaria con experiencia previa.
Las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar un gobierno en Extremadura avanzan, pero no se espera un acuerdo antes de Semana Santa. Abel Bautista, secretario general del PP en la región, ha confirmado que aunque las conversaciones son positivas y han progresado en temas como fiscalidad y vivienda, aún no se ha alcanzado un principio de acuerdo. Tras las elecciones del 21 de diciembre de 2025, donde el PP obtuvo 29 escaños y Vox 11, es necesario que el partido popular negocie con Vox para lograr la mayoría necesaria para gobernar.
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