Gobierno

El Gobierno español ignora la advertencia de Junts y reafirma su compromiso de no adelantar las elecciones. A pesar de la ruptura con el partido de Carles Puigdemont, el Ejecutivo planea avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer la senda de estabilidad. Los socialistas se muestran confiados en que podrán legislar a pesar del desafío planteado por Junts, que ha declarado su ruptura con el PSOE como irreversible. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, asegura que el Gobierno no podrá legislar sin su apoyo y critica la falta de materialización de acuerdos previos.

Gabriel Rufián ha criticado duramente la renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat, calificándola de "dimisión a la altura del personaje: cobarde, falaz y perversa". Mazón anunció su salida un año después de la tragedia de la DANA en Valencia, culpando al Gobierno central y dedicando escasos segundos a recordar a las 229 víctimas. La vicepresidenta Yolanda Díaz también expresó su desaprobación, afirmando que las víctimas merecían más respeto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acusó a Mazón de falta de valentía por no convocar elecciones.

El Gobierno de España, a través de su portavoz Pilar Alegría, reafirma su compromiso de agotar la legislatura hasta 2027, a pesar de la reciente ruptura del acuerdo con Junts. Alegría destacó la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y subrayó la importancia del diálogo y la persuasión para lograr su aprobación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también enfatizó la necesidad de avanzar "votación a votación" y priorizar políticas que beneficien a la sociedad. La ruptura con Junts complica la aritmética en el Congreso, dejando al Gobierno en una posición más vulnerable, pero Moncloa se presenta como un pilar de estabilidad en medio de esta incertidumbre política.

El Gobierno de España ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma histórica que moderniza el sistema penal. Esta nueva ley, que sustituye a una norma vigente desde 1882, otorga al Ministerio Fiscal la dirección de las investigaciones penales, alineándose con prácticas comunes en la Unión Europea. La LOECrim introduce un juez de garantías para proteger los derechos fundamentales durante el proceso y simplifica los procedimientos para hacerlos más ágiles y eficaces. Además, refuerza las garantías procesales tanto para investigados como para víctimas, e incorpora nuevas herramientas tecnológicas en la lucha contra la criminalidad. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028, tras décadas de intentos fallidos de reforma.

Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la supervivencia política de Carlos Mazón a la exitosa reconstrucción tras la DANA en Valencia, destacando cuatro medidas que Mazón ha implementado para abordar la catástrofe. Feijóo criticó al Gobierno central por no brindar el apoyo necesario y afirmó que el futuro político de Mazón dependerá del progreso en la recuperación. A medida que se acerca el aniversario de la tragedia, Mazón enfrenta un creciente cuestionamiento sobre su gestión y versiones contradictorias sobre sus acciones durante la crisis.

El Grupo Popular ha denunciado que el Gobierno y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han bloqueado en dos ocasiones su propuesta para derogar la nueva tasa de basuras impuesta por el Ejecutivo. A pesar de haber presentado iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado, ambas han sido paralizadas. El GPP subraya que la Directiva UE 2018/851 no obliga a los Estados miembros a establecer o aumentar estas tasas, cuestionando así la carga económica que recae sobre los ciudadanos.

El Gobierno de España ha lanzado una nueva campaña publicitaria para promover el teléfono del INCIBE, bajo el lema “Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa”. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la notoriedad y visibilidad del servicio, que ofrece apoyo en temas relacionados con la seguridad digital. La campaña busca concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de contar con asistencia en cuestiones digitales.

Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, destacó que el número de ocupados en España ha alcanzado casi 22 millones, con 21,84 millones de personas empleadas. Este mes de octubre se registró la creación de 142.000 nuevos empleos, marcando el segundo mejor octubre en la historia laboral del país. España lidera el crecimiento del empleo en Europa desde 2021, con un aumento del 10,5%, superando a Italia, Francia y Alemania. Además, se aprobó un nuevo estatuto para mejorar los derechos de las personas en formación y un anteproyecto para actualizar los umbrales empresariales, facilitando así la competitividad de las pymes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Senado para defender la financiación del PSOE, calificándola de "absolutamente limpia". Durante su intervención, señala que la comisión no es un proceso de investigación, sino una "comisión de la difamación". Esta declaración se produce en un contexto de interrogatorios relacionados con el caso Koldo.

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley con medidas urgentes para la reactivación, refuerzo y prevención en los municipios afectados por la DANA, que causó 237 muertes el 29 de octubre de 2024. La ministra Pilar Alegría destacó el compromiso del Ejecutivo para ayudar a los valencianos a recuperar la normalidad. Las medidas incluyen una línea ICO de 750 millones de euros y avales estatales por 5.000 millones hasta 2040, facilitando liquidez a hogares y empresas. Además, se han transferido ya 8.000 millones de euros en respuesta a la tragedia. El Gobierno también presentó un nuevo proyecto de ley orgánico de enjuiciamiento criminal y convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica, reafirmando su apoyo a la ciencia en España.

El Gobierno español aprobará el próximo martes un proyecto de ley que reformará la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, otorgando a los fiscales la responsabilidad de la instrucción de los casos y excluyendo a los partidos políticos de la acusación popular. Esta nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, busca modernizar el proceso penal y garantizar la autonomía del fiscal general del Estado, cuyo mandato se ampliará a cinco años. Además, se establecerá un juez de garantías para supervisar las investigaciones penales y se simplificará el sistema de recursos. La reforma también incluye medidas para proteger a las víctimas y mejorar la lucha contra la criminalidad mediante nuevas herramientas tecnológicas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a Pedro Sánchez sobre su comparecencia en el Senado, afirmando que si miente enfrentará consecuencias legales y si dice la verdad, también. Feijóo enfatiza que no podrá evadir la responsabilidad y que eventualmente tendrá que rendir cuentas. Además, el líder del PP se compromete a hacer las preguntas que los periodistas no han planteado a Sánchez y critica al gobierno por su manejo de la corrupción y la falta de apoyo a los ciudadanos. Subraya la necesidad de un cambio político en España hacia un gobierno más transparente y responsable, y se compromete a trabajar por una financiación equitativa para Aragón y otros temas cruciales.

Junts ha intensificado su presión sobre el Gobierno español, generando una creciente tensión en la legislatura. Miriam Nogueras, portavoz de la formación, ha declarado que "el tiempo de los ultimátum ha terminado", sugiriendo un cambio en la dinámica de apoyo al Ejecutivo de coalición. La situación es crítica, ya que Junts, con solo siete diputados, tiene un papel crucial en la estabilidad del Gobierno. Mientras se plantea una posible consulta a la militancia sobre su apoyo a los socialistas y a Sumar, el PSOE ha tomado nota de las demandas de Junts. En medio de este clima de incertidumbre política, el presidente Pedro Sánchez busca avanzar en negociaciones para hacer oficiales lenguas como el catalán en la Unión Europea, lo que podría influir en la relación entre ambas partes. La reunión de Junts en Perpiñán marca un momento decisivo para evaluar su futuro político y su apoyo al Gobierno.

El Gobierno español ha negado estar involucrado en las acciones de Leire Díez, la presunta fontanera de Ferraz, quien supuestamente intentó obtener información sensible sobre fiscales. Esta situación ha generado un intenso debate en el Congreso, donde la oposición critica al Ejecutivo y cuestiona su credibilidad. Patxi López, portavoz socialista, defendió que solo hay una verdad y pidió que se llegue hasta el final de la investigación. Mientras tanto, figuras de la oposición como Ester Muñoz del Partido Popular han calificado al Gobierno de "banda" y han denunciado el uso indebido de las instituciones.